El Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) expresa su apoyo a la Comisión de Verdad promovida por la Plataforma de Derechos Humanos de Honduras
El Frente busca la verdad, la aplicación de la justicia y la reparación de las víctimas afectadas en sus derechos humanos durante los regímenes de facto que se impusieron por la fuerza luego del golpe de Estado militar del 28 de junio de 2009.
El Frente califica el decreto del régimen actual, con el que se crea la “Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR)”, como ilegal al promulgarse cuando el orden constitucional no ha sido restablecido, e ilegítimo porque no cuenta con los estándares internacionales de buenas prácticas y principios establecidos mediante el ejercicio de más de 30 comisiones de la verdad en el mundo. Tampoco cuenta con la credibilidad y confianza del pueblo hondureño y de los organismos internacionales de derechos humanos, entre otros.
El decreto de esa Comisión oficial de verdad establece como objetivo “esclarecer los hechos ocurridos antes y después del 28 de junio del 2009 a fin de identificar los actos que condujeron a la situación de crisis y proporcione al pueblo de Honduras elementos para evitar que estos hechos se repitan en el futuro”. Ese lenguaje es para justificar el golpe de estado y convertir dicha Comisión en una fuente más de impunidad bajo el supuesto de una “reconciliación”, que desesperadamente busca el régimen actual con el único propósito de lograr el reconocimiento internacional y la apertura de los organismos de financiamiento.
La Comisión oficial de la verdad es parte de la estrategia política de quienes promovieron y ejecutaron el golpe de estado en un intento por alcanzar el olvido y el perdón para los criminales. Y este no es un señalamiento antojadizo del Frente: en febrero de este año el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) declaró que las actuaciones de las autoridades hondureñas “sugieren que una comisión de la verdad  podría ser una farsa”.
Y aún cuando hubiese sido creada en el seno de un estado de derecho no contaría con la legitimidad esperada. En esa Comisión se excluye a las víctimas y a otros actores de la sociedad hondureña, que tienen voz e historia en el proceso de esclarecimiento de los hechos; además, fue creada con un decreto presidencial que no vincula a los otros poderes del Estado y, bajo las circunstancias particulares en que viven Honduras, incluso implicándolos, no puede garantizar la aplicación de la justicia cuando “en algunos casos las instituciones brindaron apoyo activo a los cabecillas del golpe de Estado”, como señala CEJIL.
Esa misma institución consultiva de la OEA apunta que luego del golpe de Estado la fiscalía general y el Tribunal Supremo de Justicia de Honduras desecharon las denuncias de asesinatos, torturas, abusos sexuales y detenciones arbitrarias “sin siquiera conducir investigaciones”, y tal actitud de dichas instituciones persisten hasta nuestros días.
¿Cómo puede creerse, además, en la buena voluntad de quienes controlan las tres instituciones del estado cuando hablan de reconciliación, si son los mismos que participaron en el golpe de Estado, los mismos que se aprobaron una amnistía para librarse de futuros requerimientos judiciales, los mismos que convirtieron en “héroe” de Honduras a un criminal sin escrúpulos, los mismos que en fraude de ley exculparon a la Junta de Comandantes por la expatriación y exilio de un Presidente Constitucional, los mismos que premiaron a Romeo Vásquez Velásquez nombrándolo gerente de HONDUTEL, los mismos que siguen saqueando los bienes del Estado y reprimiendo al pueblo hondureño?
Una Comisión de Verdad debe esclarecer los hechos desde la perspectiva de los ofendidos, desde la conciencia de las víctimas, reunir el reconocimiento moral y ético de las personas sufrientes víctimas de violaciones a sus derechos humanos que identifiquen a los responsables de tanto dolor, y luego presente recomendaciones políticas que garanticen la no repetición de las violaciones de derechos humanos. 
Creemos firmemente que la Comisión de Verdad promovida por la Plataforma de organizaciones de Derechos Humanos logrará esos objetivos, porque cuenta con la legitimidad expresada en su responsabilidad ética y reconocimiento del pueblo hondureño, y de las instancias dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos en el ámbito internacional. 
Ninguna influencia externa, de estados, gobiernos o cooperaciones bilaterales particulares, deberá imponerse con argumentos políticos, diplomáticos o financieros, sobre el interés general del pueblo de Honduras expresado en los objetivos de la Comisión de Verdad. 
El FNRPP expresa nuestra alta valoración y agradecimiento a los comisionados nacionales e internacionales que han aceptado integrar la Comisión de Verdad, por su alto grado de credibilidad profesional y compromiso con la defensa de los derechos humanos, que son universales e indivisibles.
¡Resistimos y Venceremos!
Tegucigalpa MDC, 22 de junio de 2010