La Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) comparece, ante la ciudadanía hondureña y la comunidad internacional, manifestando lo siguiente: 
 
Los(as) Magistrados(as) de la Corte Suprema de Justicia decidieron el pasado 05 de mayo, de forma arbitraria, despedir a los jueces Luis Alonzo Chévez de la Rocha, Ramón Enrique Barrios, Adán Guillermo López Lone, y a la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza, a quienes se les iniciaron procesos disciplinarios por haber condenado el golpe de Estado y por asumir desde la jurisdicción resoluciones congruentes con la implementación de las garantías constitucionales y la protección de derechos humanos de decenas de personas detenidas durante las movilizaciones posteriores al rompimiento del orden constitucional. 
 
Todos los jueces y la magistrada despedida son miembros de la Asociación de Jueces por la Democracia, de ahí que este es un intento de las autoridades judiciales por desarticular este colectivo asociativo, además expresa su intolerancia a las libertades de expresión, de conciencia y de reunión de los(as) afectados(as).   
 
Estos hechos de claro matiz político, y reñidos con cualquier justificación de orden jurídico, se inscriben en la profunda crisis que actualmente padece el sistema judicial en Honduras, en donde las garantías constitucionales son ilusorias y los derechos humanos una quimera, ante las constantes violaciones del derecho a la vida, a la libertad y a la dignidad.  
Ante un sistema judicial que no reacciona ni actúa en tutela de los derechos de las víctimas, la situación de la ciudadanía es de indefensión, generando  este resquebrajamiento institucional una situación de impunidad y de marcada injusticia para las víctimas. 
 
En este marco de menosprecio por la legalidad, el Ministerio Publico se ha divorciado de su responsabilidad de investigar los ilícitos penales y es manifiesta su falta de responsabilidad para ejercer las acciones destinadas a la persecución y acusación de los responsables de las violaciones de derechos humanos, en particular los casos de miles de ciudadanos y ciudadanas que vieron afectados sus derechos en los días y meses posteriores al golpe de Estado del 28 de junio de 2009. 
 
En cuanto al Poder Judicial, no está en discusión su falta de independencia e imparcialidad, en particular, por definir públicamente el golpe de Estado como una “sucesión constitucional”, y pretender con ello la legalidad del gobierno de facto que se instauró desde el 28 de junio. En estas condiciones, sus actuaciones  han sido criticadas por su actitud dócil ante el poder político, al sobreseer o declarar sin méritos las escasas acusaciones que se han presentado en casos de violaciones de derechos humanos. 
 
Este colapso de la institucionalidad en general y en particular  del sistema judicial, es hoy en día el escenario en donde cobra fuerza la ilegalidad, la constante restricción de derechos de la ciudadanía, y donde se inscribe el clima de impunidad que impide que las víctimas gocen de su derecho de encontrar justicia. 
 
Desde  adentro del Poder Judicial, nosotros los jueces, juezas y magistrados(as) agrupados en nuestro colectivo asociativo, señalamos ayer y lo hacemos hoy, una vez más, esta situación de crisis, es por ello que hemos sido hostigados(as) y perseguidos(as) desde nuestra fundación, y por causa de nuestras denuncias y por sustentar una posición de oposición al golpe de Estado hemos sido despedidos(as), pero esto no nos doblega ni disminuye nuestra dignidad y  responsabilidad por la defensa de la Constitución y la tutela de los derechos fundamentales. 
 
Y en estas circunstancias de arbitrariedad en que se efectúan estos despidos y ante la ausencia de institucionalidad y de vigencia de garantías constitucionales, nuestra última alternativa para resistir estos actos autoritarios es declararnos en Huelga de Hambre por tiempo indefinido hasta conseguir el adecentamiento del sistema judicial. 
Desde la fuerza de nuestros principios y valores democráticos, con nuestro sacrificio de privarnos de los alimentos y exponer nuestra propia vida, demandamos en esta Huelga de Hambre:
 
Que el Estado hondureño asuma su responsabilidad por todas las violaciones de derechos humanos ocurridas durante y después del golpe de Estado, lo que implica el castigo para todos los responsables de estos crímenes y la reparación de las víctimas y sus familiares. Siendo condición indispensable para que exista justicia, verdad y reparación, que las autoridades estatales se comprometan públicamente a desterrar el clima de impunidad que hoy hunde a nuestra sociedad. 
 
La situación de impunidad únicamente es posible revertirla si se produce una reorganización de todo el sistema judicial, para lo cual es necesario que de inmediato se realice una profunda reforma del Poder Judicial y del Ministerio Publico, lo cual pasa necesariamente por la revisión del marco legal de estas instituciones, de su organización interna y de las actuaciones de sus autoridades. 
 
Conforme a derecho, y por no existir causa ni justificación legal, los jueces y la magistrada despedidos, deben ser reintegrados de inmediato a sus funciones, sin menoscabo de su cargo y funciones. 
 
Unidos a la ciudadanía y a los defensores y defensoras de derechos humanos clamamos con nuestro sacrificio y nuestra vida por que prevalezca la JUSTICIA y la DIGNIDAD sobre la impunidad
 
Tegucigalpa, M.D.C., 17 de mayo del 2010.
HUELGA DE HAMBRE CONTRA LA IMPUNIDAD.
Junta Directiva Nacional
ASOCIACION DE JUECES POR LA DEMOCRACIA