La crisis política que vive el Estado de Honduras desde los acontecimientos del Golpe de Estado del pasado 28 de junio del año 2009, continúa profundizándose sin que se avizoren, desde el sector gubernamental, alternativas democráticas para restablecer la institucionalidad del Estado de Derecho.
 
La fractura del orden constitucional ha dejado su huella en el poder judicial, en donde sus autoridades entendieron los acontecimientos como una “sucesión constitucional” y un sector de jueces(zas) y magistrados(as), funcionarios(as) y empleados(as), en particular, la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), asumieron una posición de condena al golpe de Estado, implicándose en demostraciones pacíficas, denuncias públicas y acciones legales orientadas a la tutela de garantías constitucionales.
Como consecuencia de este posicionamiento a los jueces Ramón Enrique Barrios, Luis Alonso Chévez de la Rocha, Guillermo López Lone, la magistrada Tirza del Carmen Flores y el defensor público Osman Fajardo Morel, las autoridades les abrieron expedientes disciplinarios, los cuales fueron resuelto el dia de ayer miércoles 5 de mayo, en horas de la noche, por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, decidiendo estas autoridades de forma arbitraria e injustificada el despido de todos los compañeros investigados.
 
Esta medida del despido de cuatro juzgadores y de un defensor público además de autoritaria, arbitraria y contraria a la legalidad, constituye una herida casi mortal a la independencia de todos los jueces, juezas y del poder judicial.
Al producirse este despido se persigue en particular desarticular y de ser posible destruir el colectivo de la Asociacion de Jueces por la Democracia, pero de manera especial el Pleno de la Corte está mandando el mensaje d que los jueces no pueden ser críticos, y que deben ser sumisos y obedientes, y que vale más un juez sujeto a las directrices superiores y del poder político, que un juez honesto, responsable e independiente.
Estos despidos retroceden y sumen al poder judicial en una crisis institucional que acarrea mayor cuestionamiento y falta de credibilidad a la administración de justicia, pues estos hechos lo que reflejan es que se han impuesto los magistrados que apuestan por la subordinación político-partidaria, y por la posiciones que dan continuidad al rompimiento del orden constitucional, situación en la cual el Poder Judicial se involucro directamente “legalizando” el golpe de estado.
Ante esta situación, la Asociación de Jueces por la Democracia, manifestamos lo siguiente:
1.- Que nos opondremos a estos despidos con todas las acciones legales que la ley nos permite.
2.- De no encontrar respuesta a nuestros reclamos en las instancias internas, recurriremos con nuestras demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
 
3.- Además de estas acciones legales, manifestamos nuestra disposición a Resistir estos actos ilegales, para lo cual demandamos de nuestros compañeros jueces su apoyo, al tiempo que pedimos a todas las organizaciones populares y de la sociedad civil a acompañar nuestra lucha por recuperar la institucionalidad del poder judicial.
 
San Pedro Sula, 6 de Mayo de 2010
ASOCIACION DE JUECES POR LA DEMOCRACIA
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL