La reforma agraria es una política pública esencial para el desarrollo en países del tercer mundo. El gobierno que impulsó la reforma agraria hondureña en 1972 la calificó como su “quehacer fundamental” en el marco de la implementación de un plan nacional de desarrollo.

Desafortunadamente, su aplicación fue muy tímida; estuvo muy lejos de las metas de afectación y adjudicación de tierras requeridas por lo que no logró el propósito de eliminar el latifundio y el minifundio. Los servicios para el fortalecimiento y consolidación de las empresas campesinas del sector reformado se mantuvieron muy por debajo de las necesidades que demandaban para lograr capacidad competitiva en el mercado; no obstante, bajo toda adversidad, muchas lograron su consolidación empresarial.

Ante la falta de voluntad política que hiciera posible la afectación de latifundios dentro de la frontera agrícola se colonizó el valle del Bajo Aguán con altos costos para el estado de Honduras. Hubo que construir infraestructura económica (carreteras, caminos, sistemas de drenaje, bordos de contención…) y social (escuelas, centros de salud…) con financiamiento que se cargó a la deuda externa del país.

Es precisamente por la calidad de los suelos y disponibilidad de infraestructura y, desde luego, por el interés de que hubiera distribución equitativa de la riqueza producida que la Ley de Reforma Agraria de 1974 determinó en 300 hectáreas el techo en el Valle del Bajo Aguán, pero ahora las grandes empresas del sector no reformado cuentan con miles de hectáreas.

La idea original de la reforma agraria era promover el desarrollo utilizando los dos recursos abundantes propios del país: tierra y mano de obra, hasta ese momento subutilizados o sin utilizar. Con la producción de fruta de palma y su procesamiento industrial, y de cítricos, creó empleo significativo en el área rural y urbana; y Tocoa se convirtió en la ciudad que más crecía en Honduras mucho antes que las tierras cultivadas pasaran a manos de los grandes terratenientes.

Vale recordar que el cultivo de palma africana en el proyecto del Bajo Aguán se inició en 1970, más de 20 años antes de la entronización de grandes terratenientes en ese valle, que solo fue posible con la promulgación de la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola.

La aplicación de esta ley cambió totalmente la estrategia de desarrollo. Se promovió la concentración de la propiedad en latifundios más grandes y la disminución del tamaño del minifundio. El mismo INA incentivó la venta de tierras del sector reformado aún violando preceptos fundamentales de la Ley de Reforma Agraria. En el caso del Aguán se constató que la dirección del INA envió notas que presionaban a los asentamientos campesinos para que vendieran sus tierras[1].
Esa política neoliberal promovió el desempleo cuando los terratenientes aplicaron medidas propias de la racionalidad empresarial salvaje utilizando menos mano de obra y bajos salarios e impidiendo la utilización de tierras para otros usos productivos.

Tales medidas, unidas al crecimiento vegetativo de la población, conformaron un escenario propicio para el enfrentamiento de campesinos sin tierra y asalariados frente a los terratenientes, con pocas posibilidades de encontrar soluciones pacíficas cuando el Estado se niega a cumplir con su obligación de promotor del desarrollo equitativo.

En 1998 se hicieron evidentes las primeras acciones organizadas de los campesinos. En el 2006 la organización campesina coge fuerza y dará pie para que se inicien negociaciones con los principales terratenientes de la región en el 2009; entonces Miguel Facussé, René Morales y Reinaldo Canales acordaron crear una comisión técnica jurídica con la finalidad de investigar sobre la legalidad de la propiedad de esas tierras.

Con el golpe de estado militar se cortó toda negociación y los campesinos organizados en el Movimiento Unificado del Aguán decidieron tomar tierras en ambas márgenes del río Aguán en diciembre de 2009. A partir de ese momento se producen desalojos y ocupaciones constantes, siempre signadas por la violencia.

Los resultados de tal conflicto son dramáticos. Los campesinos responsabilizan a la policía, al ejército y a guardias privados de la muerte de cuatro de sus compañeros. Hay varios heridos, perseguidos y torturados; y las comunidades campesinas viven bajo amenaza de los cuerpos represivos. Por su parte la policía ha denunciado la muerte de guardias de seguridad de los terratenientes y miembros de la policía.

Como es la costumbre, la prensa se orquesta en un discurso falso y peligroso para la integridad física de los pobladores de esa región: “se ha creado una guerrilla en el Bajo Aguán, hay extranjeros venezolanos y miembros de las FARC” aunque funcionarios del mismo régimen que controla el poder público reconocen que tal denuncia no tiene asidero en los acontecimientos de esa región.

FIAN Honduras pide a los organismos de derechos humanos, gobiernos y organismos supranacionales que presionen al régimen hondureño para que detenga la violencia que se ha acrecentado significativamente bajo las condiciones generadas por el golpe de estado y que encuentre fórmulas apropiadas para asignar tierras y otros recursos a los campesinos que buscan convertirse en productores por cuenta propia para vivir dignamente.

Tegucigalpa MDC, 12 de marzo de 2010