El gerente propietario de Radio Globo, Alejandro Villatoro, giró una comunicación a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, para que El Ministerio Público proceda a inspeccionar el estado actual de los equipos de transmisión y otros enseres, que fueron decomisados por agentes policiales y militares en apego a un decreto ejecutivo del gobierno de facto.

El 28 de septiembre a las 5:00 de la mañana agentes policiales y efectivos de las Fuerzas Armadas irrumpieron en las instalaciones de Radio Globo y procedieron a decomisar los equipos de transmisión y demás enseres, en base a la resolución OD 019/ 2009 del 28 de septiembre emitida por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).

Sin embargo el empresario Villatoro sostiene que “en dicha resolución no ordena en la parte resolutiva la suspensión de la licencia ni las operaciones de esta estación radial”.

En fecha 29 de septiembre Villatoro, remitió una nota a la Fiscal Especial de Derechos Humanos, Sandra Ponce, en la que le solicita que recupere todo el equipo decomisado, que verifique que esté en buen estado y que pueda proceder a la devolución del mismo.

Se conoció que los equipos de transmisión de Radio Globo se encuentran en depósito en el batallón de Comunicaciones del Ejército, localizado en la comunidad de Mateo, Francisco Morazán.

En uno de los considerandos la resolución OD 019/2009 emitida por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) el 28 de septiembre de 2009, establece que el decreto ejecutivo PCM-M-016-2009, señala que se prohíbe emitir publicación por cualquier medio hablado, escrito o televisado, que de cualquier modo atente contra la paz y el orden público.

Consignando además que CONATEL, a través de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, queda autorizada para suspender cualquier radioemisora, canal de televisión o sistema de cable que no ajuste su programación a las disposiciones de dicho decreto.

También cita la resolución el Acuerdo número 136-2009 de fecha 28 de septiembre emitida por la secretaría de Gobernación y Justicia, mediante el cual ha tipificado la conducta observada en las diferentes programaciones de la radioemisora denominada Radio Globo y sus repetidores dentro del territorio nacional, Radio La Catracha y Cholusat Sur 104.5 FM y el canal 36 de televisión, como alteradoras de la paz y alentadoras a llamados de insurrección popular que atentan contra el orden público y la seguridad nacional.

La Secretaría de Gobernación y Justicia señala, además, que los medios de comunicación señalados han ofendido la dignidad humana del presidente Roberto Micheletti y otros funcionarios públicos de su gobierno, atentando contra la Ley y las resoluciones gubernamentales, lo cual está contemplado como prohibiciones.

A raíz de esto CONATEL ordenó la suspensión de operaciones de las frecuencias de Radio Globo, Radio La Catracha y Canal 36. La parte resolutiva de CONATEL ordena el apagado de transmisores, la desconexión de sistemas de radiación de señales radioeléctricas o decomiso de equipos de transmisión y sistemas radiantes solo en caso que la necesidad lo requiriera.

El depositario en este caso será el Batallón de Comunicaciones, dependencia adscrita a la Rama Ejército de las Fuerzas Armadas de Honduras.

El decreto ejecutivo que suspende por 45 días las garantías constitucionales del pueblo hondureño como el derecho a la libertad de expresión, manifestación y reunión, asociación y a no ser detenido sin orden judicial, fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado 22 de septiembre y publicado en el diario Oficial La Gaceta el 26 del mismo mes.

Ante versiones que apuntan a que el gobierno de facto pretende revocar las licencias de operación de frecuencias el Comisionado Presidente de CONATEL, Miguel Angel Rodas expresó que “lo que se ha dado es una suspensión en cumplimiento del decreto ejecutivo donde se establece un estado de excepción, ese decreto le da facultades a CONATEL para suspender algunos medios que contravengan estas disposiciones”.

Por su parte Alejandro Villatoro gerente propietario de Radio Globo denunció que el gobierno de facto no cumplió el debido proceso administrativo y judicial para la cancelación temporal de las emisiones radiales y de decomiso de los equipos de transmisión.