Montreal, Québec – CANADÁ
Licenciada Sandra Ponce
Fiscalía de los Derechos Humanos
Fiscal Especial de Derechos Humanos
Tegucigalpa, Honduras
Fax: (504) 221-3656
ponce10s@yahoo.com.ar
Estimada Licenciada:
Le escribo en nombre de la Union paysanne, un sindicato de agricultores y ciudadanos dedicados a la promoción de la agro-ecología y las fincas familiares. En 2005, la Union paysanne fue el
recipiendario del Premio Claire Bonenfant por los valores democráticos del gobierno quebequense. Los miembros de la Union paysanne quisiéramos compartir con usted nuestra indignación por el atentado cometido contra las oficinas de la Via Campesina en Tegucigalpa. Nos llegó la información que un ataque a balas, disparadas desde un coche Toyota Turismo de color crema con placa PCA1981, tuvo lugar después de las 11 de la noche, es decir después el toque de queda impuesto por el gobierno de facto y vigilado por las fuerzas de seguridad.
Lamentablemente este ataque, lejos de ser un caso aislado, forma parte de una serie de violaciones de los derechos humanos directamente relacionados con la expulsión ilegal del presidente constitucional de Honduras. Los miles de Hondureños y Hondureñas que han demostrado su oposición a la destitución del Presidente Zelaya han sido victimas de asesinatos, de lesiones y de detenciones arbitrarias; han visto la suspensión de sus derechos a la libertad de expresión y asociación y a la libre circulación. Este clima de violaciones masivas de los derechos elementales del pueblo hondureño es el síntoma más grave de la crisis desencadenada con la destitución del presidente democráticamente elegido.
Le pedimos a usted como Fiscal Especial de Derechos Humanos concentrar sus esfuerzos en
encontrar una solución a esta situación intolerable.
En consecuencia, solicitamos respetuosa y comedidamente a las autoridades del Estado hondureño:
1. Realizar las acciones e investigaciones del caso de manera exhaustiva e imparcial y realizarel juzgamiento y sanción de los responsables.
2. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona “individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional” (Art.1) así como en lo relativo al deber del Estado de garantizar “la protección [...] de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia o represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración” (art.12.2).
3. Asegurar la aplicación de la Ley Humanitaria Internacional de los Derechos Humanos.
4. Velar por que se ponga fin a todo tipo de agresión, hostigamiento y violencia contra los movimientos sociales en Honduras y de los actores de la sociedad civil hondureña.
5. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Honduras.
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