A todas las Comunidades de la Provincia Dominicana de San Vicente Ferrer de Centroamérica, a la Familia Dominicana de Centroamérica, a las comunidades parroquiales y pastorales que acompañamos con nuestro trabajo, y a todos los hombres y mujeres que trabajan por la justicia y la paz en el mundo.
HECHOS QUE PREOCUPAN
1. La detención del Presidente de la República de Honduras, el pasado 28 de junio, por parte de las Fuerzas Armadas de ese país, la violación de su domicilio, su expulsión del territorio nacional y la forma de su ejecución, se han constituido en la culminación de una serie de conflictos que venían sucediéndose en ese hermano país y en el estallido de una grave crisis humana, institucional y de convivencia civilizada que amenaza la paz de toda la región.
2. Los hechos que antecedieron tan seria ruptura del orden social y político no se limitan, como ha sido presentado en algunas informaciones, solo a la propuesta del Presidente de realizar una consulta con la que pretendía obtener respaldo para hacer que en las elecciones generales de noviembre próximo se instalara una cuarta urna en la que los ciudadanos debían votar si querían un cambio de la Constitución Política. Una serie de conflictos se habían venido acumulando entre el Presidente Zelaya y diversos sectores económicos a lo largo de los últimos meses. La reestructuración de las fórmulas de ganancias de las compañías transnacionales del petróleo, la importación de medicamentos genéricos desde Cuba a precios más cómodos que los ofrecidos por las empresas farmacéuticas nacionales e internacionales, la decisión de elevar el salario mínimo —uno de los más bajos del Istmo— de $182 a $291, las medidas a favor del ambiente, frente a las compañías mineras, fueron algunas de las medidas gubernamentales que causaron profundo malestar en diversos grupos de la empresa privada quienes percibían estos hechos como contrarios a sus intereses, y fueron generando un frente en contra del Gobernante.
3. A partir del momento de la destitución del Presidente Zelaya, entre los serios conflictos generados no lo es menor el de la discusión sobre cómo interpretar los hechos y la polarización en torno a dichas interpretaciones. Mientras que líderes y organismos internacionales, como la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otras instituciones hablan categóricamente de golpe de estado y lo condenan, los defensores del mismo lo consideran como una “legítima sucesión” en el poder conforme a leyes internas hondureñas. Todo esto ha creado confusión en sectores de la población centroamericana en materia informativa.
4. Para Honduras se ha producido un aislamiento internacional, una suspensión de ayudas financieras, retiro de embajadores de diversas naciones, todo lo cual es de temer que, como de costumbre, perjudique en mayor escala a los más pobres y más débiles porque los grupos más poderosos siempre tienen formas y recursos para defenderse de todo tipo de crisis. La confrontación entre los defensores del orden institucional y quienes aceptan el régimen de facto ha llegado incluso al derramamiento de sangre por causa de disparos de los militares sobre manifestantes favorables al retorno del Presidente.
5. Mientras quienes rompieron el orden institucional consideran que se estaba produciendo una creciente y peligrosa influencia de los gobiernos venezolano, nicaragüense y de otros miembros del ALBA en Honduras, otros sectores del pueblo y diversos analistas apuntan a una posible connivencia, al menos una actitud ambigua, por decirlo con moderación, del Gobierno de los EE.UU. ante el golpe.

CRITERIOS ÉTICOS DEL MAGISTERIO SOCIAL DE LA IGLESIA
El llamado de la historia
6. Comos dominicos vemos en nuestra América Latina el testimonio vivo de los y las mártires que se tomaron en serio su vocación de ser testigos de la verdad. Nos interpelan sobre todo a asumir la vocación de anuncio y denuncia como Orden de Predicadores. Este llamado es tanto más fuerte cuando es la vida humana y la convivencia social los que están en juego.
7. Pero estamos claros en que la obligación de pronunciarnos, que compartimos con la Iglesia, debe darse fundamentalmente en el plano de lo ético – religioso, y no en el orden científico – técnico. Todavía en estos mismos días nos lo vuelve a recordar S.S. Benedicto XVI, citando al Magisterio anterior: “La Iglesia no tiene soluciones técnicas que ofrecer y no pretende «de ninguna manera mezclarse en la política de los Estados». No obstante, tiene una misión de verdad que cumplir en todo tiempo y circunstancia en favor de una sociedad a medida del hombre, de su dignidad y de su vocación” (Caritas in veritate, n. 9). Por eso nuestro juicio en este momento no puede ser ni en el campo del análisis jurídico – legal, ni en el del análisis científico - social que no nos corresponden como Iglesia.
8. Por eso las consideraciones que ofrecemos a continuación, convencidos de que se basan en criterios extraídos del Magisterio Social de la Iglesia, las presentamos en diálogo con otros sectores de la Iglesia y la sociedad, con miras a iluminar la acción que corresponde ante la crisis hondureña.
Los criterios
9. En primer lugar, es preciso reconocer que en este conflicto originado en Honduras se encuentran grupos con diversidad ideológica, político partidaria y de intereses económicos y sociales, y que, por tanto hay que respetar y partir de la existencia de dicha pluralidad. Sin embargo, hay que insistir de manera muy enfática que no se puede aceptar la visión, como algunos han dicho, de que existen “dos bandos”, “dos partes” en lo que se refiere al respeto al orden institucional democrático, tal y como lo avala el consenso internacional en materia de concepción de la democracia y de la defensa de derechos humanos. En materia de justicia, institucionalidad, y defensa de los derechos humanos no cabe aceptar “bandos” ni negociación alguna, so pena de destruir las premisas necesarias para la convivencia y el diálogo entre la diversidad de personas.
10. La Iglesia ha sido contundente a este respecto, al defender que la identificación y proclamación de los derechos del hombre es uno de los esfuerzos más relevantes para responder eficazmente a las exigencias imprescindibles de la dignidad humana (cfr. GetS 76). Así como al afirmar que la fuente última de los derechos humanos no se encuentra en la mera voluntad de los seres humanos, en la realidad del Estado o en los poderes públicos, sino en el hombre mismo y en Dios su Creador (Cfr. Pacem in terris 9). Es, por tanto, por completo inaceptable el recurso o aplicación —como se ha hecho en la “destitución” del presidente Zelaya— de cualquier legislación nacional que no se adecue y subordine a estos derechos. Mucho menos aceptable aún el escudarse en “estados de excepción” para cometer acciones que irrespeten la dignidad humana. Queda claro que los cristianos aprecian el sistema democrático en la medida en que asegura la participación de todos los ciudadanos, les da la posibilidad de elegir y pedir cuentas a sus propios gobernantes, y de sustituirlos de manera pacífica (cfr. Centesimus annus 46).
11. Está claro en la tradición de la enseñanza social católica que el recurso a la resistencia ante un gobernante, por medio de fuerzas armadas, solo es legítimo cuando se hayan producido —no cuando se prevean o supongan como posibles— violaciones ciertas, graves y prolongadas de los derechos fundamentales; cuando se hayan agotado todos los otros recursos; sin provocar desórdenes peores; que haya esperanza fundada de éxito y si es imposible prever razonablemente soluciones mejores. Nada de esto parece haber sido considerado por los autores del golpe de estado en Honduras. Permítasenos citar todavía el siguiente párrafo invaluable de la encíclica “El progreso de los pueblos” (31). En este texto Pablo VI recuerda los enormes peligros de la insurrección contra los gobernantes legítimos porque “—salvo en el caso de tiranía evidente y prolongada que atentase gravemente a los derechos fundamentales de la persona y dañase peligrosamente el bien común del país— engendra nuevas injusticias, introduce nuevos desequilibrios y provoca nuevas ruinas. No se puede combatir un mal real al precio de un mal mayor.” La misma condena internacional unánime del golpe en Honduras manifiesta la extendida percepción de que la alteración del orden institucional en Honduras crea amenazas, no solo sobre la convivencia pacífica y justa al interior del país, sino también sobre el frágil sistema democrático de la región. Esto, sin duda alguna, es un mal mayor que el que pudiera estarse evitando y que, en todo caso, quedaba sujeto a prueba con el debido proceso.
12. No se puede separar, además, el juicio ético – religioso sobre el golpe del que hay que formular sobre la situación general endémica de Honduras y cuya solución debería constituirse en primera prioridad, no solo para los católicos, sino para todos los hombres y mujeres de buena voluntad del país, en particular para los gobernantes. Baste recordar unos pocos datos: Honduras es uno de los países del continente con mayor población sufriendo pobreza y las secuelas de la misma, con altos índices de inequidad en la distribución del ingreso per cápita y en el grado de concentración del ingreso per cápita del hogar. Solo el 38, 2 % de los hogares aparecen en las estadísticas como “no pobres” porque pueden cubrir sus necesidades básicas de alimentación y otras. La tasa de mortalidad infantil es en promedio del 23 por mil, pero cuatro veces el promedio nacional en algunos departamentos rurales. Para este país, el indicador de esperanza de vida se ubica en peor posición que los indicadores de educación, en los que de todos modos los puntajes obtenidos se encuentran entre los últimos de la región. Es uno de los países del istmo que muestra las mayores proporciones de niños desnutridos, donde el bajo peso al nacer es uno de los factores que precipitan la desnutrición en edades tempranas, resultado, fundamentalmente, de una desnutrición intrauterina y donde no se registran avances relevantes en la reducción de este indicador. Las secuelas de la desnutrición sufrida en la etapa preescolar se observan con claridad en el déficit acumulado en la talla de niños escolares, en donde la prevalencia supera el 40%. Y está claro que uno de los principales factores que incide en la deteriorada situación de la salud es el inadecuado acceso a servicios de saneamiento y agua. Además, en Honduras vive la tercera parte de la población centroamericana que padece VIH-sida.
13. ¿Podremos decir los cristianos, y en particular los frailes predicadores, que estamos anunciando en Honduras al Dios de la vida, al Jesús que vino “para que tuviéramos vida y vida en abundancia”? ¿podrán decir los partidos y dirigentes políticos hondureños que han hecho de la defensa de la vida su prioridad principal? ¿Tendrá o no relación el golpe de estado con esta situación socio económica tan conflictiva e inaceptable?
14. Cualesquiera que sean la respuestas a estas preguntas, estamos convencidos de que el compromiso de acompañamiento al pueblo hondureño no se limita a esta lamentable coyuntura de la ruptura de la institucionalidad democrática, sino que se extiende al camino para la superación de estos problemas estructurales. Un fortalecimiento de la democracia política —tan dramáticamente herida con el reciente golpe— solo se realizará con una construcción fuerte de una democracia económica y social.
15. Pero en este caminar, definir lo que haya que hacerse, —como lo enseñó con clarividencia Pablo VI—, no es tarea privilegiada nuestra, ni siquiera de los Obispos o del Romano Pontífice. Es a las comunidades cristianas a quienes incumbe “analizar con objetividad la situación propia de su país, esclarecerla mediante la luz de la Palabra inalterable del Evangelio, deducir principios de reflexión, normas de juicio y directrices de acción según las enseñanzas sociales de la Iglesia tal como han sido elaboradas a lo largo de la historia (…) (a ellos les) toca discernir, con la ayuda del Espíritu Santo, en comunión con los obispos responsables, en diálogo con los demás hermanos cristianos y todos los hombres de buena voluntad, las opciones y los compromisos que conviene asumir para realizar las transformaciones sociales, políticas y económicas que se considera de urgente necesidad en cada caso. (Octogesima adveniens 4)”.
LÍNEAS PARA LA ACCIÓN

16. Pedimos a todos los religiosos y miembros de la Familia Dominicana en Centroamérica que rechacen de manera categórica, sobre la base de los principios aquí expuestos, el golpe infligido a la institucionalidad democrática hondureña y pidan el apoyo nacional e internacional para la restauración de la misma en el más corto plazo.
17. Asimismo, llamamos a expresar nuestra solidaridad efectiva con los más necesitados, los más pobres, los más excluidos del pueblo hondureño, también más afectados —a veces hasta manipulados— por situaciones críticas como la presente.
18. Consideramos de gran importancia reanudar el diálogo intraeclesial para precisar los puntos comunes que nos lleven a una acción de compromiso conjunto por la paz, la justicia y la solidaridad con los más pobres. Coincidimos con los Obispos hondureños en cuanto a la necesidad de “entablar un verdadero diálogo entre todos los sectores de la sociedad, para que se pueda llegar a soluciones constructivas”.
19. También con los Obispos coincidimos en que es “necesario globalizar la solidaridad como un camino que puede ayudarnos a superar la injusticia y la inequidad”. Pedimos, en particular, el apoyo de todas las Promotorías de Justicia y Paz en el Continente, para no permitir que en ninguno de nuestros países vuelvan a repetirse alteraciones de la institucionalidad democrática que retrotraen nuestras sociedades a etapas lamentables de la historia pasada.
20. Debemos colaborar con el esfuerzo de la sociedad civil y de los políticos de buena voluntad para evitar que el ejército de Honduras pueda volver a caer en acciones como las vividas en los últimos días.
21. Como familia dominicana en Centroamérica podemos comprometernos en crear espacios de diálogo, de reflexión y de oración, en la línea de la justicia y la paz, para fortalecer la identificación y construcción de intereses comunes, por vía de la justicia, excluyendo toda forma de violencia.
22. Es preciso que nuestras comunidades, en su reflexión y acción, mantengan una actitud evangélica vigilante, una cultura y una ética que se traduzcan en acciones que ayuden a impedir que este tipo de situaciones se repitan.
Junto con el Consejo de la Provincia dominicana de San Vicente Ferrer de Centroamérica, y los Centros especializados de Investigación CEDI (Heredia, Costa Rica), y AkKután (Cobán, A.V., Guatemala).

Fr. Alexis Páez Ovares, O.P. Fr. Carlos Flores, O.P.
Prior Provincial Promotor de Justicia y Paz
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Prot 2/09/24/34