Tegucigalpa, 3 de Jul. ABN.- “Se violó la Constitución de la República y se perpetró un golpe de Estado”, sostiene el diputado liberal y ex fiscal general del Estado hondureño, Edmundo Orellana Mercado, en una carta fechada el 29 de junio que fue divulgada ayer.

En una carta al Congreso, en la que invoca a la Constitución y dice que no participará en las sesiones de esta institución, Orellana Mercado, explica su posición frente al golpe de Estado.

Orellana renunció a su condición de Ministro de Defensa del Presidente Zelaya “para no desobedecer la orden judicial” que, en “un absurdo jurídico”, ordenó que no se practicara la encuesta de la cuarta urna aunque la misma no fue declarada ilegal, sino que se decretó la suspensión de los actos en una sentencia incidental y en una aclaración, que “insólitamente resultó en una nueva sentencia”, se incluyó todos los actos futuros similares a la consulta.

Orellana añade que como hubo comunicaciones libradas al Ministerio de Defensa recomendó no hacer la encuesta y eso lo llevó a interponer su renuncia, pero insistió que nada de esto faculta al Congreso para destituir a un Presidente de la República.

Orellana dice que las actuaciones del Congreso “contarían palmariamente la Constitución de la República”. “En primer lugar se leyó una renuncia, cuando es notorio el hecho de que Zelaya Rosales fue sacado violentamente de su casa y enviado contra su voluntad a Costa Rica”.

En segundo lugar, que se adoptó un decreto legislativo por el cual se destituye al Presidente de la República, alegando supuestos hechos delictivos que, de existir, deben ser calificados y juzgados por los tribunales competentes, no por el Poder Legislativo.

“La destitución del Presidente se adoptó sin que la Constitución le reconozca al Congreso Nacional potestad alguna para tomar una decisión de esta naturaleza”, por lo cual “mi posición es que se violó la Constitución de la República y se perpetró un Golpe de Estado”.

Finaliza recordando que renunció al Ministerio de Defensa porque se pretendía desconocer la orden de un juzgado y poner en precario el Estado de Derecho, lo cual era una simple amenaza, pero los actos del Legislativos descritos, constituyen la ejecución de una violación a la Constitución de la República que “entraña un indiscutible golpe de Estado, es decir, estamos ante un hecho consumado”.

En los mismos términos de la renuncia de Orellana se pronunció la diputada Carolina Echeverría, quien dijo que como abogada sabe que la destitución de Zelaya Rosales constituyó un “rompimiento del orden constitucional”.

Manifestó que si el Presidente cometió irregularidades “tenemos en nuestras leyes el procedimiento para procesar los actos de funcionarios del Estado”, pero en este caso “no se cumplió el debido proceso y no podemos hablar de defender el sistema democrático, no podemos hablar de defender la Constitución de la República, y llegar al extremo del rompimiento del orden constitucional”.

La diputada Elvia Argentina Valle también calificó como golpe de Estado lo que hizo el Congreso Nacional en contubernio con los militares y el Poder Judicial. Los tres diputados no fueron invitados a la sesión en la que se derrocó a Zelaya Rosales.