CONSIDERANDO:
 

Que el domingo 28 de junio de 2009 las fuerzas armadas de Honduras dieron un golpe de Estado al presidente constitucional Manuel Zelaya, quien fue secuestrado y expulsado mediante la fuerza a Costa Rica;

 
2. Que el golpe de Estado ha interrumpido el orden constitucional, el estado de         derecho y la convivencia democrática y pacífica en Honduras;
 

 Que de dicho golpe de Estado se hicieron cómplices el Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia, sectores de la extrema derecha y de la Iglesia, así como el capital transnacional y elementos de la administración republicana incrustados aún en los aparatos de seguridad e inteligencia de Estados Unidos;

 

Que los representantes del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, así como el embajador de Estados Unidos en Honduras, fueron retirados días antes del golpe de Estado;

 

Que el ejército ha ocupado militarmente todo el territorio nacional, ha coartado las comunicaciones para impedir que la información fluya libremente, tanto a nivel interno como el internacional; ha clausurado, controlado y censurado a todos los medios de comunicación social, especial los estatales y populares, instaurándose un estado de sitio bajo una dictadura militar; y ha arrestado ilegalmente a miles de hondureños cuyas vidas corren peligro:;

 

Que los militares golpistas han detenido sin autoridad legal a un número considerable de funcionarios de alto rango y a dirigentes populares, sociales, defensores de derechos humanos y ambientalistas, quienes han sido vejados, golpeados y heridos, reportándose la desaparición de muchos de ellos y desconociéndose su paradero actual y estado de salud, con el agravante de que algunos han sido trasladados a bases militares, sin posibilidades de comunicación y en completa indefensión;

 

Que los militares golpistas han maltratado a la cancillera Patricia Rodas, así como a los embajadores de Nicaragua, Cuba y Venezuela, y mantiene cerco militar, amenazas y acoso hostil a la familia y a seguidores del presidente Zelaya;

 

Que el golpe de Estado constituye una violación masiva de los derechos humanos de la nación hondureña y su impacto negativo recae fundamentalmente sobre los estratos medios, bajos y más humildes de la población

 

Que el golpe de Estado fue dirigido por Romeo Vásquez, un participante de la Escuela de las Américas, sita en Fort Benning, Georgia, Estados Unidos.

 
RESUELVE:
 

Condenar el golpe de Estado en Honduras y, por consiguiente: al señor Roberto Michelleti como usurpador de la presidencia de la república; al Congreso Nacional como cómplice en el asesinato de la democracia; y al golpista Romeo Vásquez como criminal de lesa patria y violador de los derechos humanos y la soberanía del pueblo hondureño;

 

Rechazar el golpe de Estado en Honduras como una gravísima violación del Derecho Internacional, particularmente de los acuerdos y convenios que conforman el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos;

 

Calificar el golpe de Estado en Honduras como una violación rampante y escandalosa de las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares;

 

Denunciar que el golpe de Estado en Honduras constituye una violación de la Carta de la Organización de Naciones Unidas y de la Carta de la Organización de Estados Americanos, en especial de la Carta Democrática del sistema interamericano;

 

Recomendar a la comunidad internacional mantener su reconocimiento al presidente legítimo de Honduras, Manuel Zelaya; abstenerse de reconocer el régimen dictatorial de Honduras; urgir la aplicación de sanciones y medidas conforme al Derecho Internacional que coadyuven a restaurar lo más pronto posible el orden constitucional, institucional y el estado de derecho en el hermano país;

 

Exigir al presidente de Estados Unidos un firme pronunciamiento en contra del golpe y su compromiso de no reconocer y no financiar al régimen ilegítimo, así como a poner fin al intervencionismo que aún dimana de su Doctrina de Seguridad Nacional y de la Escuela de las Américas;

 

Solicitar al gobierno constitucional del presidente Manuel Zelaya poner fin a la presencia de militares, policías y civiles de Honduras en la Escuela de las Américas, y someter a los responsables del golpe de Estado a las penas más severas;

 

Responsabilizar al régimen espúreo de Honduras por cualquier daño, perjuicio o afectación a la integridad personal de sus ciudadanos, en especial a quienes estén en poder de los golpistas o bajo custodia de los militares, cuya libertad inmediata e incondicional exigimos.

 

Exhortar al nuevo presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, a que manifieste un rechazo claro y contundente del golpe de Estado como expresión de solidaridad del pueblo panameño con el pueblo de Honduras y como reafirmación de los principios democráticos en la región.

 
 
 
Julio Yao, Presidente
Servicio Paz y Justicia en Panamá (SERPAJ-Panamá)
 
ADHESIONES:
 
Coordinadora Nacional para la Defensa de Tierras y Aguas (Carmenicita Tedman MacIntyre, Julio Yao).
Coordinadora Campesina por la Vida (María Muñoz).
Coordinadora de Pobladores Colonenses en Defensa de la Tierra y la Vida (Fredesvindo Sáez).
Asociación de Productores Agrícolas de La Pintada (Rubén Bernal).
Comité pro Cierre de Mina Petaquilla (José del Carmen Yánguez).
Fundación Humanitas (Celma Moncada).
 
 
Responsable: Julio Yao.
Teléfonos: 268-4928, 6550-5840.