La ofensiva militar de Estados Unidos en América Latina

2003-07-25 00:00:00

La consolidación del dominio económico y militar de América
Latina ha sido una de las principales prioridades del
gobierno de Estados Unidos. El creciente proceso de
militarización en el continente tiene como objetivo asegurar
el control de los recursos naturales, principalmente en la
región amazónica y mantener la dependencia económica de los
países latinoamericanos.

En el ámbito financiero, la dependencia latinoamericana se
perpetúa a través de una deuda externa ilegítima y de la
creación de nuevos mecanismos de dominación económica, como
el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). La
vertiente financiera del imperialismo estadounidense es
apoyada por un grande aparato militar.

Después de los atentados en Nueva York y Washington, el 11 de
septiembre de 2001, el gobierno de George W. Bush aceleró su
escalada militar en todo el mundo. En América Latina, la
estrategia de Estados Unidos incluye la instalación de nuevas
bases militares y el refuerzo de las bases ya existentes, el
adiestramiento de militares latinoamericanos, la venta de
armas, la instalación de sistemas de vigilancia y de
espionaje, además de la influencia sobre el poder judiciario
de países latinoamericanos. Esa política está en miras a
mantener el modelo neoliberal, defender los intereses de las
grandes empresas y garantizar el control de los recursos
naturales, principalmente petróleo, agua y biodiversidad.

El poder militar de EUA es uno de los principales
instrumentos de recolonización de América Latina. E creciente
proceso de militarización en el continente ha generado el
aumento de violaciones a los derechos humanos y la represión
a los movimientos sociales, el dislocamiento y la migración
forzada de millones de personas, la destrucción del medio
ambiente, la pérdida de la soberanía y autodeterminación de
los pueblos.

El principal mecanismo de EUA para garantizar su dominio
económico y geopolítico es expandir su fuerza militar en todo
el mundo – lo que representa un gran peligro para la
humanidad.

Además del grande aumento de presupuesto del Pentágono, que
llega a 400 billones de dólares, el gobierno de Bush ha dado
claras señales de autoritarismo. Por ejemplo, la
administración de Bush rechazó la Convención de Armas
Biológicas y, al mismo tiempo, realiza pruebas ilegales con
esas armas, al mismo tiempo que recusar el acceso de
inspectores en sus laboratorios. Estados Unidos rechazó
también el Tratado sobre Misiles Antibalísticos, la
Convención de la ONU sobre Tortura (para evitar la
investigación de tortura contra prisioneros en la Base de
Guantánamo), y pretende violar el Tratado Contra Pruebas
Nucleares. Conjuntamente, la CIA refuerza sus operaciones
clandestinas, e incluso admite la posibilidad de asesinar
gobernantes, como ya declaró en relación a Saddam Hussein.

El gobierno estadounidense necesita mantener una situación de
"guerra infinita" para justificar la existencia de su aparato
militar y consolidar su posición de imperio. En América
Latina, EUA intensificó ese proceso a través de la
instalación de bases militares como en el caso de Manta
(Ecuador), Tres Esquinas y Leticia (Colombia), Iquitos
(Perú), Reina Beatriz (Aruba) y Hato (Curazao). Esas bases
complementan el cerco de EUA en el continente, que también
posee bases militares en Puerto Rico (Vieques), Cuba
(Guantánamo) y Honduras (Soto de Cano). EUA pretende todavía
construir bases militares en Salvador y Argentina (en Tierra
del fuego), así como controlar la base de Alcántara en
Brasil.

La estrategia militar de Estados Unidos en la región incluye
el adiestramiento de militares latinoamericanos, como en el
caso de la Operación Cabañas, realizada en Argentina con la
participación de 1500 oficiales de EUA, Chile, Brasil,
Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.

Según los documentos del gobierno argentino, el objetivo de
ese adiestramiento sería ciar un "comando militar unificado"
para combatir el "terrorismo en Colombia, además de un campo
de batalla compuesto por civiles, organizaciones no
gubernamentales y agresores potenciales". Los medios de
comunicación estadounidenses colaboran con este proceso. Por
ejemplo un articulo del 23 de octubre de 2002, publicado en
el periódico Miami Herald, defiende la necesidad de crear una
fuerza militar suramericana para luchar contra la guerrilla
en Colombia y para "lidiar con las amenazas internas
semejantes en el futuro".

Ese comando actuaría todavía en la región de la Tripla
Frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina. La autorización
para la entrada de tropas estadounidenses en América Latina
incluye garantías de inmunidad diplomática, lo que significa
que soldados norteamericanos sospechosos de crímenes o
violación de los derechos humanos no podrían ser juzgados en
países latinoamericanos.

Además de eso, Estados Unidos continúa adiestrando militares
latinoamericanos en la Escuela de las Américas y creó la
Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley, en
Costa Rica, con el objetivo de influir en la legislación de
los países de la región en beneficio de sus intereses
políticos, económicos y militares.

Otra forma de control por parte de Estados Unidos es la
instalación de mecanismos como el SIVAN (Sistema de
Vigilancia de la Amazonía), un proyecto de 1,4 billones de
dólares, realizado por la empresa norteamericana Raytheon,
con capacidad de monitorear 5,5 millones de Km. El SIVAN
tiene prevista todavía la compra de aviones de guerra, como
el Tucano A-29. En Argentina, el Pentágono también planea
criar el Plan Nacional de Radarización, como parte de un
Sistema Internacional de Vigilancia.

Esa escalada militar fortalece la industria bélica
norteamericana. Por ejemplo, la estructura de la Base de
Manta, con capacidad de controlar el espacio aéreo en un
radio de 400 Km., está bajo la responsabilidad de la empresa
DynCorp, acusada de envolvimiento con la CIA. La base de
Manta será equipada con grandes jets E-3 Awacs, con cazas F-
16 y F-15 Eagle, para control de la región amazónica, del
Canal de Panamá y de Centroamérica. Otras empresas bélicas y
de tecnología militar, como Raytheon e Northop, estiman un
aumento de 50% en su lucro este año.

Estados Unidos acelera también el Plan Colombia, que incluye
un aparato de 1,3 bollones de dólares, siendo que el
Secretario de Estado de EUA, Colin Powell, pretende
garantizar mas de US$ 731 millones para financiar la
participación de Ecuador, Bolivia y Perú en las operaciones
militares. Los principales focos de violencia en Colombia,
que causan la expulsión de la población indígena y campesina
de sus tierras, coinciden con las regiones más ricas en
biodiversidad. El número de desplazados (refugiados internos)
en Colombia llega a dos millones de personas, siendo que 75%
son mujeres y niños.

La ofensiva militar del gobierno de Estados Unidos ha forjado
protestos por parte de los movimientos sociales todo el
continente. Esa resistencia se refleja en la Campaña
Continental contra el ALACA, que asumió la lucha contra la
militarización como uno de sus principales objetivos. Es cada
vez más clara la necesidad de denunciar la ligación entre el
dominio económico y militar del gobierno estadounidense en
América Latina. Por tanto, la Campaña Continental contra el
ALCA propone:

– Denunciar la dominación militar de los EUA en América
Latina y sus consecuencias, como la violación de los
derechos humanos, la destrucción ambiental y la pérdida
de la soberanía y de la autodeterminación de los
pueblos.

– Denunciar la relación entre el control militar y
económico de EUA en América Latina, a través de
mecanismos como la deuda externa y el ALCA.

– Realizar movilizaciones, investigaciones y acciones
jurídicas contra el aparato militar de EUA y en defensa
de los derechos humanos.

– Apoyar los movimientos sociales de cada país, que luchan
por su tierra, su cultura, su trabajo y su dignidad.

– La construcción de un modelo económico fundamentado en
la justicia social y en solidaridad entre los pueblos.

– La construcción de una alternativa igualitaria y
sustentable para la integración latinoamericana.

* Maria Luisa Mendonça es periodista, directora de la Red
Social de Justicia y Derechos Humanos y miembro de la
Coordinación del Grito de los Excluidos.