Las políticas migratorias, moldeadas por el carácter neoliberal de la globalización, son un mecanismo selectivo que reproduce entre los migrantes una característica de esa globalización misma: la de incluir a algunos y excluir a muchos.
Mientras a millones de seres humanos en el mundo, trabajadores sencillos y pobres, se les persigue, abusa y excluye del derecho de circular, residir y trabajar en cualquier destino, los profesionales y técnicos altamente calificados son los primeros incorporados, casi sin barreras, por su aporte a los procesos de eficiencia y rentabilidad del capital y a los intereses de investigación, privados y estatales, de los países desarrollados. Y, por supuesto, ni qué decir de los grandes empresarios y ejecutivos de trasnacionales, dueños y amos del orden mundial.
Es el caso del foro de Cooperación Económica del Asia Pacífico – APEC, que en estos momentos realiza su 20° reunión en Lima, Perú. Entre sus “logros” no existe ni la más mínima preocupación por los millones de trabajadores migrantes que sufren la desprotección, la persecución y el abuso en Estados Unidos, Japón o Chile, por ejemplo, todos miembros del APEC. Sin embargo, ostenta como uno de sus resultados más visibles la "Tarjeta de Hombre de Negocios APEC", que elimina la necesidad de visa consular para altos ejecutivos y empresarios entre todos los países del Asia Pacífico suscritos.
Las políticas migratorias sirven así para mostrar y entender perfectamente a quiénes exactamente sirven los diversos acuerdos, tratados y foros de integración.
Perú, de dónde salen inmensas cantidades de inmigrantes y Chile, donde llegan muchos de ellos, son miembros APEC y dan muestras de esta “generosidad” con los dueños del orden mundial, pero no ha sido capaces de emitir unas simples declaraciones que permitirían la defensa de derechos de los trabajadores migrantes. Nos referimos a la “Convención para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares”, de Naciones Unidas. Ratificada por ambos países, pero en la práctica convertida en letra muerta hasta que los Gobierno emitan unas simples declaraciones, que no siquiera requieren de pasar por los Congresos, sino de la pura voluntad de los Gobiernos. Se trata de las declaraciones previstas en sus artículos Nºs 76 y 77, a fin de que el “Comité de Vigilancia” de la Convención existente en la ONU, pueda recibir reclamaciones y denuncias, por parte de otros Estados y de personas. Esto que es imprescindible para permitir que se cumpla la Convención, no está siquiera en la agenda o discurso de ambos gobiernos, ocupados en seguir beneficiando, eso sí, muy concretamente, a los grandes poderosos y privilegiados del orden mundial actual.
Detrás de los discursos políticamente correctos y las palabras de humanismos grandilocuente, en la práctica, la mayoría de los Estados, especialmente los miembros de APEC, han venido endureciendo sus políticas de ingreso y control de migrantes, alcanzando el grado de violaciones masivas y “legales” de los derechos humanos, como la actual “Directiva de la vergüenza” de la Unión Europea para criminalizar y detener hasta por casi dos años a los migrantes, antes de deportarlos. O el “muro de la vergüenza” planteado por los Estados Unidos, miembro emblemático del APEC.

¿Qué hay detrás de estas políticas migratorias restrictivas y criminalizadoras?
Como lo señaló uno de los documentos del Grito de los Excluidos, presentado al reciente Foro Social Mundial de Migraciones, en el colmo del cinismo neoliberal, los dirigentes de los países desarrollados, no dicen lo que realmente buscan. No es que realmente no quieran a los trabajadores migrantes, porque los necesitan como mano de obra de barata, pero los necesitan justamente criminalizados, sin derechos. Sólo así son “rentables y competitivos”, es decir, abusables y explotables impunemente.
Así, la dignidad humana y los derechos de los trabajadores migrantes, se pierden en el momento mismo de migrar y quedan definitivamente enredados y perdidos en las alambradas y muros de las fronteras. El resultado: migrantes muertos, heridos y mutilados, en la ruleta rusa contra sí mismos que juegan para alcanzar el sueño de las oportunidades.
5.000 migrantes africanos muertos ahogados intentando cruzar indocumentadamente el estrecho de Gibraltar, o arrojados al mar por los traficantes antes de ser descubiertos por la policía, buscando tener un lugar bajo el sol de la prosperidad europea, entre 1.995 y el 2.000, un promedio de 1.000 por año.
En la frontera mexicana – estadounidense, por ejemplo, sólo en el año 2.004, se registraron (muchos simplemente quedan ignorados en el desierto) 21 degollados y 26 amputados por trenes en las vías férreas, 29 muertos por insolación o sed, y 65 heridos en volcamientos, sólo en el último año. La política norteamericana de “desplazar” de hecho sus fronteras, condicionando la ayuda económica a los gobiernos de países vecinos como México y Guatemala a su compromiso de detener la migración irregular en sus territorios, ha generado, según innumerables testimonios, verdaderos vía crucis infernales en esos países para los migrantes, quienes sufren ahora abusos, maltratos, robos, violaciones sexuales y aún muerte, a manos de mafias delictuales (“maras”) o funcionarios corruptos o abusivos mucho antes de acercarse siquiera a los EE. UU. En Chile, la policía detiene y deporta sumariamente, en la frontera con Bolivia a inmigrantes provenientes de ese país, sorprendidos trabajando sin permisos legales, dejándolos abandonados en plena sierra andina, sin dinero, ni alimentos ni ropas adecuadas, para enfrentar días de camino en alturas desoladas y con temperaturas bajo cero.
El colmo de la deshumanización lo viven los indocumentados e irregulares, migrantes que por diversas razones se encuentra sin documentos, con documentos vencidos o no válidos en el país de destino.
En el año 2.007, se estimaba en cerca de 6 millones la cantidad de emigrados latinoamericanos en situación documentaria irregular; cifra considerada conservadora por innumerables estudios y observadores. Sólo en Estados Unidos, se estiman en cerca de 8 millones los indocumentados en la actualidad, la mayoría latinoamericanos (algunos investigadores elevan esa cifra a 14 millones). En el caso de Perú, para el año 2.002, se estimaban en más de un millón y medio los emigrados peruanos en el mundo sufriendo esa situación.
La necesidad compulsiva de estos trabajadores de buscar empleo y desarrollo en otro país, al lado de las restricciones de esos países para entrar en ellos, genera más inmigración irregular, y alimenta el Tráfico y la Trata, el gran negocio de esclavizar, abusar y explotar a los pobres y desesperados.
En Chile, donde desarrollamos nuestro trabajo, los migrantes, la policía se permite hostigar y maltratar a los migrantes andinos; los abusos laborales, generados en la propia legislación que discrimina legalmente a los trabajadores migrantes, son el pan de cada día.
Como en Europa y Estados Unidos, los indocumentados se reproducen cíclicamente, a pesar de costosos y arbitrarios procesos de amnistía que se hacen cada 10 años. Ellos y ellas son los “invisibles”, los “no personas”, a los que cualquiera se permite abusar y maltratar, porque la indocumentación, la criminalización de la migración, alimenta el racismo y la xenofobia.
Ante ello, es imprescindible que los pueblos sudamericanos empujemos con fuerza las propuestas ya existentes en varias instancias para lograr la ciudadanía sudamericana, objetivo plenamente viable en el marco de la Unión de Repúblicas Sudamericanas – UNASUR. Se trata de lograr la plena integración humana, donde todos y todas seamos ciudadanos plenos, con todos los derechos, a libre circulación, residencia, trabajo y derechos políticos, en cualquiera de los 12 países de Sudamérica, a través de la ciudadanía sudamericana. Sólo así se logrará que

todos los Estados Sudamericanos hagan plena aplicación de los Derechos Humanos de los migrantes.
Asimismo, es urgente que todos los gobiernos de países latinoamericanos, conjuntamente, rechacen activamente las directivas, leyes y muros de la “vergüenza”, en Europa y Estados Unidos. Que sin titubeos se apliquen políticas de reciprocidad con los países que criminalizan a los trabajadores migrantes latinoamericanos.