Con esta consigna, concluyó el pasado 26 de enero, la II Jornada Hemisférica sobre Políticas Migratorias, realizada en el marco del VI FSM de Caracas. En el evento, convocado y organizado por organismos de derechos humanos y migrantes como el Observatorio Control Interamericano de los Derechos de los Migrantes (OCIM), el Servicio Pastoral de los Migrantes (SPM, Brasil) y por movimientos sociales como el Grito de los Excluidos/as Continental, asistieron unas 120 personas que trabajan con migrantes y que son, en su mayoría, migrantes ellas mismas. Esta II Jornada se ha comprometido con el objetivo de articular mucho más el trabajo de todas las organizaciones que trabajan en el área de migraciones, a nivel continental.

Libre comercio y migraciones

Durante el segundo día de discusiones, se ha establecido una relación clara entre las políticas de seguridad nacional (incluyendo la política migratoria), el libre comercio y la migración en nuestro continente. La radicalización de una estrategia comercial, por parte de Estados Unidos, basada en la apertura indiscriminada para el flujo de mercancías y capitales pero no de las personas, ha llevado a una explosión de los flujos migratorios que se constatan en la región. Como señala Paulo Illes, del SPM-Brasil, “El libre comercio ha sido propuesto a nuestros países como la única forma de solucionar el desempleo masivo, mas la realidad ha demostrado que es todo lo contrario”. Los casos de México y Centroamérica, que sufren políticas de libre comercio y apertura comercial desde hace unos 20 años (con instrumentos como el NAFTA, el CAFTA y el Ajuste Estructural), demuestran que la migración será imparable, en tanto no ocurran cambios de fondo para bienestar de nuestras sociedades. La simple “integración” comercial con EEUU u otros bloques comerciales no resuelve, más bien agrava, las históricas exclusiones que padece nuestra región.

El libre comercio como tal, tampoco protege los derechos laborales de las personas migrantes. De hecho, estos los tratados de libre comercio, claramente establecen que los Estados parte no adquieren responsabilidad social alguna respecto de las personas migrantes, además de prescribir la libre movilidad de las personas. La desaparición de pequeñas unidades productivas (agrarias y urbanas) que provocan las inversiones transnacionales, generan mayor desempleo y mayor migración, pero esto no impide que se siga criminalizando a quienes deben migrar por no encontrar medios de subsistencia en sus propios países.

Agravamiento de la política migratoria en el Continente

Después del 11 de septiembre de 2001, se ha agravado las política migratoria en todo el Continente, afectando el ejercicio de los derechos humanos de los y las migrantes en los países de origen, transito y destino. En particular se ve afectado el acceso a las prestaciones y servicios sociales (educación, vivienda, salud y seguridad social), convirtiendo a las personas migrantes en mano de obra utilizada como mero factor productivo, sin consideraciones sociales de ninguna naturaleza.

Además de la migración hacia Estados Unidos, Europa u otros países latinoamericanos, las zonas fronterizas donde se desarrollan conflictos socio-políticos y militares, son tierra de nadie donde aumenta la violencia contra los y las migrantes. En regiones fronterizas como la quíntupla frontera colombiana (Ecuador, Brasil, Venezuela, Panamá y Perú), Haití-República Dominicana, Nicaragua-Costa Rica, México-Estados Unidos, la violación de derechos humanos es una constante. El aumento de grupos de mayor vulnerabilidad como los niños, niñas, mujeres y adolescentes que viajan solas, verifica una tendencia hacia la infantilización y la feminización de las migraciones, siendo esto un terreno fértil para la posible trata y el tráfico ilegal de niños y el mercado de órganos humanos.

Las migraciones son complejas, y hoy podemos observar el surgimiento de nuevos flujos migratorios, o que antes estaban ocultos o que no tenían tanto peso relativo, como el caso del flujo de Bolivia hacia Argentina y España, de Paraguay a Brasil, de Ecuador a España. En Centroamérica, la denominada “frontera vertical” desde Panamá a los Estados Unidos como zona de de transito de los migrantes de Ecuador, Perú, Bolivia y del Asia principalmente genera una zona donde los migrantes ponen en riesgo sus vidas y reciben todo tipo de malos tratos, en su afán por llegar al país de destino, normalmente Estados Unidos o algún país europeo. Frente a esta realidad, el ordenamiento jurídico nacional e internacional no tiene relación real con el fenómeno migratorio y más bien se convierte en un obstáculo para el ejercicio pleno de los DDHH de los y las migrantes y refugiados.

Por otra parte, todos los países de América Latina tienen actualmente leyes migratorias xenofóbas, razón por la cual no es posible que se le siga demandando a Estados Unidos el respeto por los propio nacionales, si no estamos nosotros mismos asegurándolo a nuestros hermanos latinoamericanos y caribeños. También nuestros países construyen muros, también en nuestros países existe el apartheid, también nosotros cometemos crímenes, por inacción, indiferencia y acciones concretas, contra la humanidad.

Acuerdos de la II Jornada Hemisférica

Por todo esto la II Jornada Hemisférica, llegó al acuerdo de fortalecer las acciones conjuntas y los mecanismos de coordinación y seguimiento, nombrando un pequeño comité regional que asuma la operativización de los compromisos alcanzados y además, procurando que para el año 2006 el día 12 de octubre, fecha en que acontecen movilizaciones sociales de gran importancia en nuestro Continente, sea también una fecha para la acción en favor de los derechos de los y las migrantes en América Latina, el Caribe y el mundo entero.

Se procurará también mantener y fortalecer el grado de articulación hacia eventos como el II Foro Social de las Migraciones (España, julio 2006), donde se deberá privilegiar la participación de las organizaciones de migrantes, en pie de igualdad con las organizaciones que trabajan en acompañamiento de estas poblaciones, para que haya una representación real desde la base y esto permita una articulación de los migrantes como sujetos políticos, no como simples espectadores de los esfuerzos por “salvarlos” o de quienes dicen hablar en su nombre.