El debate sobre la integración energética de América del Sur fue abordado este jueves en una actividad organizada por la Alianza Social Continental (ASC), titulada “Energía, Sustentabilidad e Integragión” en el marco del sexto Foro Social Mundial policéntrico y segundo Foro Social Américas que se está desarrollando en Caracas.

La actividad fue coordinada por Gonzalo Berrón, de la Secretaría Operativa de la ASC, y contó con la participación de Pablo Bertinat, de Argentina, integrante del Taller Ecologista de Rosario y de la articulación regional denominada Cono Sur Sustentable, de Ximena Centellas de Bolivia, integrante de la Fundación Solón, Jean Pierre Leroy de la Red Brasilera de Justicia Ambiental y de Joao Antonio de Moraes, de la Federación de Trabajadores Petroleros de la CUT de Brasil.

La reciente incorporación de Venezuela como miembro pleno del Mercosur y la victoria de Evo Morales en Bolivia ha colocado con mayores perpectivas la intención de integrar grandes circuitos energéticos mediante gasoductos y obras de infraestructura en los países del Cono Sur.

Con este escenario próximo los panelistas abordaron ejes centrales de este proceso de integración energética, como los riesgos que implicarán este tipo de obras para el medio ambiente y la sustentabilidad de los recursos naturales, la garantía de los derechos laborales y el respeto por los derechos humanos de las comunidades campesinas e indígenas que verán afectados sus territorios por el trabajo de grandes empresas constructoras.

Un ejemplo de como no debe ser llevada a cabo esta integración energética fue la presentación por parte del especialista Pablo Bertinat de la actuación de la transnacional española Repsol, que tiene presencia en varios países de América del Sur como Argentina, Perú, Bolivia, Paraguay, Colombia y Ecuador.

El grupo Repsol extrae su principal porción de ganancias como empresa multinacional de los países sudamericanos, al tiempo que la mayor cantidad de activos y capitales de la empresa son de propiedad europea. En los países sudamericanos donde opera el grupo Repsol viene dejando una larga lista de perjuicios para los habitantes, los gobiernos que reciben sus presiones y el medio ambiente.

Bertinat enumeró estas consecuencias de la actividad de Repsol, mencionando la rebaja de salarios en Ecuador, los despidos en la refinería de Perú, la instalación de bases militares en Colombia para resguardar sus instalaciones, la contaminación con metales pesados los ríos y los cultivos de campesinos e indígenas como las comunidades mapuches y guaraníes en Chile y Argentina.

Un conjunto de organizaciones de defensa de los derechos humanos y ecologistas de Argentina y España lanzaron una campaña internacional denominada “Repsol mata”, para divulgar la larga lista de desastres que tiene el grupo en su trayectoria sudamericana.

Por su parte el dirigente sindical Joao Antonio de Moraes enfocó la realidad actual de la empresa brasileña Petrobras. Según Moraes, esta empresa reproduce una estrategia muy similar en algunos casos a la de Repsol. El estado brasileño tiene en Petrobras el 51 por ciento de las acciones con derecho a voto en el directorio, pero en las acciones de capital, el estado solamente tiene el 30 por ciento, frente a un 70 restante en manos privadas. De este grupo el 40 por ciento corresponden a acciones que se encuentran fuera de Brasil.
Moraes aclaró que la política de la empresa en Bolivia no encuadra con la postura de los trabajadores, quienes darán “un apoyo total en caso que el pueblo boliviano decida nacionalizar totalmente sus recursos energéticos. No serán los trabajadores los que decidan violar la soberanía del pueblo boliviano en temas como la inversión extranjera o la gestión de sus recursos naturales”.

Finalmente el secretario de la Red Brasilera de Justicia Ambiental Jean Pierre Leroy denunció en la actividad los graves impactos que esta ocasionando el accionar de Petrobras en el Parque Nacional Yasuni de Ecuador.

Según Leroy, Petrobrás se maneja “con un doble patrón de conducta; uno en Brasil, donde es mas exigente en la mitigación de los impactos ambientales y sociales, y otro menos exigente en Ecuador. El resultado es que Petrobras decide explotar petróleo en Ecuador. Esos son los patrones cuestionables de una empresa todavía pública que mantiene y se maneja con una lógica empresarial con afán de lucro”.

En general todos los panelistas concordaron en calificar como necesaria la integración energética, pero todos remarcaron que este proceso no puede estar gobernado por las empresas transnacionales petroleras.

Para Leroy, el actual modelo de integración energética esta basado en un modelo depredador de los recursos y que “incluso viola soberanías nacionales”. Otra integrante de la coordinación de la Red Brasilera de Justicia Ambiental describió como Petrobras modificó los hábitos culturales de las comunidades indígenas del Parque Yasuni, en la amazonía ecuatoriana, a las cuales les lleva la comida preparada, puesto que la caza, la pesca y la recolección de frutos se ha vuelto imposible luego que la empresa ingresara a la reserva.

Aparte de la conducta de las empresas, que debe ser radicalmente modificada, también es necesario que los gobiernos asuman su tarea de control y satisfacción de las necesidades básicas de las poblaciones. En ese sentido, Ximena Centellas afirmó que la reciente victoria de Evo Morales en Bolivia se hizo posible porque el pueblo “tenía la nacionalización de los recursos entre ceja y ceja. Presidente que subía y no cumplía, lo corríamos para la calle. Vuelta otro y lo mismo, para la calle. Eso nos costó 90 muertos en octubre y otros 20 en febrero. El poder popular asegura la nacionalización total”.