La cifra de 89 millones de migrantes, de los cuales 17 millones son indocumentados, dan una idea de la magnitud del fenómeno migratorio en América Latina y el Caribe. En los últimos tres años, ha aumentado el número de países expulsores de población, así como el de aquellos que reúnen la triple condición de ser países de origen, de tránsito y de destino de migrantes. Estados Unidos sigue siendo el principal destino de las migraciones, ya que 65% de los y las migrantes en ese país procede de América Latina y el Caribe.

Asimismo, el endurecimiento de las políticas migratorias en nuestra región, hace eco de las políticas xenofóbicas del gobierno norteamericano desde el 11-S 2001, reforzando la histórica tendencia de los gobiernos de la región, aún de los más progresistas, a criminalizar y penalizar a las personas migrantes.

Estos datos desnudan una realidad que las sociedades se resisten a aceptar y, mucho menos, a discutir abiertamente. Como resultado de las políticas neoliberales que nos prometieron el paraíso terrenal, se ha constadado una explosión de los flujos migratorios en todo el continente. Los programas de ajuste estructural, que han destrozado el agro tradicional y, al mismo tiempo, han privatizado las empresas e instituciones estatales y reestructurado el aparato productivo de nuestros países, redundaron en la eliminación de millones de puestos de trabajo de personas que quedaron en una situación de exclusión, vulnerabilidad y violencia no conocida nunca antes dadas las dimensiones del fenómeno.

Pero la migración no es solo un asunto de las decisiones económicas de los gobiernos, ya que existe toda una dimensión de la misma asociada los desplazamientos forzosos por las guerras, el tráfico de mujeres y ninos, esto último favorecido por el uso de nuevas tecnologías que hacen aún más difícil la fiscalización y eliminación del problema.

En países como Costa Rica, Argentina y Brasil, el exacerbamiento de la xenofobia encuentra fiel reflejo en la ratificación de legislaciones anti-migrantes. En Costa Rica, se aprobó en octubre del 2005 una ley que establece como criterio la necesidad de ¨seleccionar¨ el tipo de migrantes que ingresan, así como penaliza con 2 a 6 anos de cárcel a aquel ciudadano o ciudadana que de hospedaje o atención en su casa, a una persona migrante sin papeles. Con esto, los países latinoamericanos no tienen moral ni estatura política para critar a los Estados Unidos por su nueva legislación anti-migrantes y por su intención de construir un muro de ¨contención¨ en su frontera con México.

Por todo esto, urge reformular la ciudadanía como una verdadera ¨ciudadanía universal¨ que parta de la consideración de la dignidad humana de la persona migrante. Asimismo, es insuficiente legislar con relación a las in-migraciones, siendo necesario también legislar sobre las e-migración, especialmente en cuatro aspectos básicos, a saber a) Derecho de las personas a no migrar de su país, b) Libre movilidad de las personas migrantes, c) Justicia social y laboral en los países de destino y d) Respeto y fortalecimiento de la identidad cultural de las personas migrantes.

No es posible tampoco dejar de actuar en la elevación de las condiciones de vida en nuestros propios países, ya que la precariedad de la vida en los mismos es el principal detonante del éxodo que vivimos. Este éxodo nos priva además de la mano de obra más calificada de la cual disponemos, debido al flujo de miles de personas que han recibido educación y salud públicas, de modo que nuestros estados subsidian la riqueza de las grandes potencias que reciben los flujos mayores de migrantes.

Durante el segundo día de trabajo (26 de enero), la II Jornada continuará el debate en torno al eje ¨Seguridad Hemisférica, Tratados de Libre Comercio y Derechos Humanos de las y los Migrantes¨. En un segundo informe estaremos dando seguimiento a este evento para conocer las conclusiones y propuestas del mismo.