Comunicadores de varios países americanos coincidieron en la necesidad de impulsar políticas públicas de comunicación que permitan contrarrestar las actuales tendencias a la apropiación privada de los bienes comunicacionales y culturales, durante el Encuentro por los Derechos de la Comunicación en las Américas que se inició el 26 de julio en el marco del Foro Social de las Américas.

El Encuentro se inició con una conferencia magistral del comunicólogo Armand Mattelard, quien ubicó algunos temas globales de la comunicación. Comenzó haciendo un recuento histórico de la comunicación, puesto que el pensamiento neoliberal tiende a los enfoques de corto plazo. Habló de la evolución de la “sociedad de la información” y planteó las repuestas que van surgiendo desde la sociedad civil (veedurías ciudadanas, observatorios de medios, campañas por el derecho a la comunicación) que reivindican la diversidad -o la excepción cultural, desde el punto de vista europeo- como uno de sus ejes fundamentales.

A continuación se desarrolló una mesa redonda sobre el tema “Derechos de la Comunicación: Actores, articulaciones y estrategias”, con la participación de Paulo Lima (Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, APC) de Brasil), Néstor Busso (Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica) de Argentina, María Pía Matta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) de Chile, Rosa María Alfaro, de la Veeduría Ciudadana de la Comunicación Social de Perú y Sally Burch, de la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI), quien habló a nombre de la .Campaña por los Derechos de la Comunicación en la Sociedad de la Información (CRIS)

Paulo Lima se refirió a la necesidad de implementar políticas públicas para que la tecnologías de la información y la comunicación puedan ser instrumentos efectivos para el desarrollo. Estas políticas públicas que abarcan tanto las telecomunicaciones, como la Internet y la radio, son tanto más necesarias cuando la brecha digital en las áreas urbanas como en el campo se van profundizando. Según Lima, es necesario que desde los Estados se impulsen leyes y procesos de regulación de tarifas, del uso del espectro radioeléctrico, etc. y que no se dejen estos importantes aspectos librados a las leyes del mercado. Solo de esa forma, las TICs permitirán mejorar las condiciones de vida de amplios sectores de la población y estos podrán tener acceso a la información y transformar a la información en conocimiento.

Néstor Busso se refirió al derecho a la comunicación que a través de la historia ha experimentado un proceso de evolución gradual, que comenzó como con la conquista de la libertad de imprenta, luego con la libertad de prensa (que se concedía solo para los propietarios de los medios) y por último con la reconocimiento de la libertad de expresión en la Declaración Universal de Derechos Humanos que se concede a todos los ciudadanos. El derecho a la información y a la comunicación, según Busso, en América Latina no puede ser ejercido por la mayoría de la población más aún en estos tiempos en que se han profundizado los procesos excluyentes de desarrollo tecnológico, liberalización económica y concentración de medios. Busso también planteó la urgencia de implementar políticas públicas que preserven los espacios y los intereses públicos especialmente en el manejo de las frecuencias radio-eléctricas.

Maria Pía Matta dijo que es indispensable la participación de la sociedad civil en la construcción de políticas públicas de comunicación y para lograr un reparto equitativo del espectro radioeléctrico. Los organismos de telecomunicaciones deben ser independientes de los intereses económicos, en las comisiones donde se adjudican las frecuencias deben existir representantes de la sociedad civil. “Las transnacionales están ávidas de capturar las concesiones de radio y televisión, mientras los Estados han tenido una posición pasiva, entonces la sociedad civil debe tener una posición activa para que las cosas ocurran de una manera distinta”, agregó.

Rosa María Alfaro se refirió a la experiencia de la Veeduría Ciudadana de la Comunicación, un movimiento ciudadano para exigir que los medios masivos del Perú sean democráticos. Esta iniciativa, que comenzó hace más de 4 años y agrupa a 11 organizaciones, busca generar el debate público sobre este tema y desarrollar propuestas basadas en la ética para cambiar los medios y el país. Junto con el impulso de iniciativas de carácter legislativo, la Veeduría ha trabajado en la incorporación de voluntariado y en la capacitación en la que, la única gratificación es lo que se aprende.

Por último Sally Burch se refirió al proceso de articulación de organizaciones y redes en la Campaña por los Derechos de la Comunicación en la Sociedad de la Información que se organizó para hacer frente a la Cumbre de la Sociedad de la Información, cuya primera fase se desarrollo en Ginebra en el 2003. Apuntó que algunas tendencias se puede advertir en el mundo de la comunicación, la primera es la concentración mediática en cada vez menos conglomerados que controlan la información, la cultura y el conocimiento, la segunda es la aparición del “consenso mediático” que conjuga los intereses de las corporaciones mediáticas y el poder económico, y la tercera es la tendencia hacia un mayor control y vigilancia luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001.