* Se niega a atender las peticiones de permiso que se hicieron
desde el año pasado

* Pasa por alto el proceso de diálogo con Gobernación y viola el
compromiso del Estado Mexicano ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos

* Sin efecto el acuerdo de Creel y Cerisola para dar cauce y
solucionar la situación de las emisoras en el país.

* Organizaciones de Derechos Humanos piden urgente intervención
de la Presidencia de la República

Como parte de los compromisos que hizo el gobierno federal en
marzo de este año ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) en Washington la Secretaría de Gobernación
estableció una mesa de diálogo con la Asociación Mundial de
Radios Comunitarias y la Comisión Mexicana de Defensa y
Promoción de los Derechos Humanos, para iniciar el proceso de
legalización de las radios comunitarias en nuestro país. Esto de
conformidad con un acuerdo político entre el Secretario de
Gobernación (SEGOB) Santiago Creel y el Secretario de
Comunicaciones y Transportes (SCT) Pedro Cerisola el 14 de abril
pasado. En ese acuerdo se estableció revisar de caso por caso a
fin de facilitar el otorgamiento de permisos para la operación
de las radios, como parte de la solución a una demanda social
creciente en nuestro país para que los grupos ciudadanos
respaldados por un proyecto social operen sus propias
frecuencias para ejercer su libertad de expresión a través del
soporte técnico de la radiodifusión.

Sin embargo la SCT paso por alto ese proceso de diálogo y en una
clara violación al compromiso ante la CIDH, el pasado 28 de mayo
la SCT notificó a los representantes legales de La Voladora
Radio de Amecameca, Estado de México; Radio Calenda de San
Antonino Oaxaca y a Radio Bemba de Hermosillo, Sonora que
hicieron la entrega de sus expedientes el 10 de diciembre de
2003, que debido a que están en transmisiones no es posible
atender a sus peticiones de permiso. La SCT establece que de no
dejar de operar inmediatamente procederá al aseguramiento de las
emisoras, incluyendo el bien inmueble donde operan.

Para las organizaciones firmantes resulta preocupante que el
acuerdo entre ambos Secretarios de Estado haya quedado sin
efecto, pues muestra que al interior del Gobierno Federal no se
han establecido las definiciones necesarias para darle un marco
de garantías al proceso de diálogo, que tanto la Segob como la
SCT tienen como responsabilidad ante la CIDH como partes
integrantes del Estado Mexicano.

De nueva cuenta la SCT utiliza su amplia capacidad discrecional
para amagar a las radios comunitarias y aplicar la normatividad
en la materia con un discurso de la legalidad, que deja de lado
criterios equitativos y que muestra falta de voluntad política
para solucionar una problemática que ha sido ocasionada por la
misma autoridad, pues en reiteradas ocasiones hemos demostrado
que si las emisoras no cuentan con la autorización respectiva ha
sido por la constante negación de la SCT para emitir los
permisos para la existencia de medios comunitarios. En el
gobierno del cambio priva el viejo estilo autoritario de la SCT,
pues mientras a la Comisión de Desarrollo de los Pueblos
Indígenas le dio una respuesta positiva en tres meses para
operar emisoras en Michoacán, a las radios comunitarias que
pertenecen a ciudadanos organizados les contesta siete meses
después negándose a atender las peticiones y con amenaza de
cerrarlas.

Con argucias técnicas también la SCT ha notificado formalmente a
Neza Radio ubicada en el Estado de México y Radio Guadalupe de
la Ciudad de México, que no es posible otorgarles el permiso en
virtud de la saturación del espectro radioeléctrico, de acuerdo
a lo que se establece en la Norma Oficial Mexicana que opera con
criterios de hace 30 años, pues de acuerdo a los avances
tecnológicos la distancia entre frecuencia y frecuencia puede
ser menor, tal como se puede verificar en las normas de la Unión
Europea, Estados Unidos, Canadá y todos los países
latinoamericanos, pues es claro que el Gobierno Federal está
limitando la buena administración del espectro radioeléctrico,
que pertenece a todos los mexicanos, para hacer un uso político
de una norma técnica y evitar que otros sectores de la sociedad
accedan a las frecuencias, violando el artículo 13, numeral 3,
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (de la cual
México es parte desde 1982), que establece "No se puede
restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos,
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de
papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de
enseres y aparatos usados en la difusión de información o por
cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación
y la circulación de ideas y opiniones."

Demandamos el cumplimiento de los acuerdos con la Segob a lo
largo de este proceso, en el sentido de establecer garantías
para que las emisoras no sean clausuradas y se resguarde la
seguridad de los proyectos sociales que sustentan a las radios
comunitarias, así como instituir las condiciones necesarias con
la SCT para que las radios accedan a los permisos.

Las organizaciones firmantes de este comunicado pedimos de
manera urgente la intervención del Presidente de la República,
para que cumpla con los compromisos de su gobierno a la agenda
de derechos humanos en materia de libertad de expresión.

Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC-México

Comisión Mexicana de Defensa y promoción de los Derechos Humanos

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vittoria OP

Asociación Mexicana de Derecho a la Información