Introducción   Este documento continúa una discusión histórica sobre el rumbo que México necesita tomar hacia la democratización de su sistema de medios de comunicación, industrias culturales y telecomunicaciones, pieza fundamental de la transición democrática del país. Esto lo entendemos como la integración del interés social a distintos órdenes de la materia: aspectos legales, culturales, éticos, filosóficos, cambio de prácticas sociales y sobre las condiciones de mercado.   La comunicación alcanza a todos los problemas sociales, los puede condicionar, transformar, visibilizar o invisibilizar. Los puntos que se presentan, suponen una colección de elementos básicos de un horizonte que busca materializar las aspiraciones de distintas voces y sectores sociales. Invitamos a que cada uno de ellos, sea leído en el contexto del modelo que pretendemos dibujar.   En un escenario mundial de grandes avances tecnológicos y de derechos civiles, México adolece con mayor gravedad sus rezagos democráticos.   1.   Dado que el espectro radioeléctrico es un bien propiedad de la Nación reconocido por el artículo 27 constitucional, exigimos que la actividad de radiodifusión sea considerada de servicio público y no como actividad de interés general. Esto debido a que la segunda figura limita las responsabilidades de quienes ofrecen estos servicios para construir a favor   2.   Ante el inminente cambio tecnológico de la plataforma analógica a la digital, donde se abrirán nuevos espacios para canales nacionales y otros servicios de telecomunicaciones, Televisa y Tv Azteca se han asegurado de manera previa de imponer sus condiciones y con ello, obtener un poder todavía más grande. Esta transición tecnológica, significa una gran oportunidad para terminar con la concentración mediática. Por ello, exigimos que se garantice que el nuevo espacio no se destine a las actuales figuras dominantes del mercado sino que sea licitado a nuevos actores.   3.   Bajo las consideraciones del punto 1, exigimos la reorganización del uso del espectro radioeléctrico de manera equitativa, a tercios, entre los siguientes sectores: privado, público y social-comunitario. Los actores, habrán de participar bajo el siguiente esquema de concesiones:   A) CONCESIONES DE USO PRIVADO: Con fines de lucro. Deben operar en el mercado en condiciones de competencia. Los concesionarios son responsables de sus contenidos, guardando como mínimo deber respetar la Constitución y los Derechos Humanos. Se mantendrá claridad, trasparencia y equidad en los procesos licitatorios para garantizar la pluralidad y competencia real en el sector. Exigimos reglas claras que permitan identificar los actores dominantes y desatar los mecanismos antimonopolio correspondientes.   B) CONCESIONES DE USO PÚBLICO: Sin fines de lucro. De contenidos de servicio público: informativo, educativo, cultural, de ciencia y tecnología. Designados a organismos dependientes del Estado (Canal del Congreso, Judicial, canales para universidades públicas, comisiones de derechos humanos). Con recursos asignados de ley. Están dotadas de autonomía organizativa, independencia editorial y administrativa. Sin embargo, deberán implementar instrumentos para asegurar la responsabilidad social del medio así como la participación ciudadana, tales como Ombudsman de las audiencias, consejo técnico de contenidos, códigos de ética, etc.   C) CONCESIONES DE USO SOCIAL-COMUNITARIO: Sin fines de lucro. Con formas de financiamiento mixto: ingresos producto de venta de publicidad, donaciones, acceso voluntario a un fondo público, etc. El otorgamiento de estas concesiones se regirá por un esquema flexible frente a los propósitos comunicativos de cada proyecto. El objetivo de este sector es crear y mantener un espacio para la pluralidad de voces de manera libre de la lógica comercial, de la ingerencia estatal o de distintos riesgos que apunten hacia la homogeneidad de lo comunicado.   4.   Es indispensable la creación de un Organismo Regulador de las telecomunicaciones y la radiodifusión con autonomía funcional, administrativa y financiera. Que cuente con atribuciones tales como la asignación de concesiones, la vigilancia de su aprovechamiento, establecer las directrices de las políticas públicas sobre telecomunicaciones, el establecimiento de tarifas y el desarrollo de infraestructura, además de vigilar el respeto a los derechos humanos y derechos de las audiencias en los distintos servicios. El nombramiento de los titulares de dicho organismo debe garantizar la inclusión efectiva de la ciudadanía, a favor de la integralidad y especialidad, así como su independencia de los poderes de gobierno, cuotas partidistas e intereses privados.   5.   Demandamos el establecimiento de una tasa mínima de participación en la radiodifusión para producción nacional independiente, es decir, aquellos que no ostenten vínculos que puedan condicionar el trabajo creativo o línea editorial de estos.   6.   La relación entre los medios de comunicación y las personas que los consumen necesita ser repensada, el concepto “derechos de las audiencias” se hace necesario frente a un paradigma dominante que reduce la comunicación a un aspecto puramente industrial. Porque los medios de comunicación deben su existencia a las audiencias y esto supone responsabilidades que cumplir, exigimos el reconocimiento y cumplimiento de estos, como lo son el derecho de réplica, el derecho a la rectificación, los derechos frente a la programación y servicios o la prohibición de la publicidad encubierta.   7.   Por ley anualmente, el Órgano regulador deberá hacer de conocimiento público de manera clara, gráfica y puntual un estudio sobre la publicidad exhibida por los medios tanto impresos como de radio y televisión, así como la conformación de su capital, de su consejo de administración y comités. Siempre guardando los principios de privacidad de la propiedad y de los derechos de las audiencias. Todo con la finalidad de aportar piezas informativas a la sociedad que apunten a una mejor compresión del sistema de medios.   8.   Las campañas de propaganda que tengan como finalidad destacar los logros de gestión, objetivos alcanzados, generar imágenes positivas del gobernante, partido en turno o cualquier órgano de gobierno, deben estar prohibidas en todos los niveles. La comunicación social debe remitirse exclusivamente a la difusión de servicios públicos, en los términos que lo establece el artículo 134 constitucional   9.   México debe contar con una infraestructura pública nacional de acceso a banda ancha que preste un servicio gratuito de Internet a la población de al menos 1Mb/s y permita la generación de nuevos competidores en el mercado de proveedores de acceso a Internet. Esta primera base, tendría que ajustarse conforme al tiempo en tanto al cambio tecnológico y las necesidades de la gente.   10.   Es fundamental mantener el principio de la menor regulación posible a Internet, pero con ello, el Estado debe garantizar la neutralidad de la red. Esto ante la posibilidad de que proveedores de acceso a Internet puedan bloquear, interferir, entorpecer o discriminar en torno a la libre utilización de la red por parte de los usuarios.   11.   Exigimos la integración de la alfabetización mediática y digital en las políticas públicas educativas. Esto ante el nuevo paradigma histórico donde el exceso de información es la norma y la necesidad de tener instrumentos de discriminación, tratamiento y calificación personal de la misma, resulta indispensable e impostergable atender.   12.   Reconociendo el fenómeno de la convergencia en la que los medios y plataformas tecnológicas se entrecruzan cada vez más, exigimos reglas claras para la manera en que los empresarios participan en estas, para evitar la concentración económica y limitar su injerencia en la opinión pública. Reglas sobre propiedad cruzada tanto horizontales como verticales que impidan la formación de monopolios, asegurando así el principio de pluralidad en las telecomunicaciones y medios de comunicación.   13.   Todas las cableras y sistemas de televisión satelital en el país deben transmitir en todas sus ofertas de programación la televisión abierta de alcance nacional sin que ello implique un costo adicional para estos operadores. Para las concesiones de televisión abierta de alcance local, estas reglas deberán aplicar también pero sólo para sus suscriptores locales.   14.   Hacemos un llamado a la responsabilidad ética y moral de los empresarios dueños de los medios de comunicación, así como a la obligación del Estado, para respetar el derecho de los periodistas a organizarse, de así considerarlo, y de decidir de manera libre el deber ser de su profesión. El gremio vive una situación excepcional a nivel mundial de inseguridad, censura directa e indirecta, represión, coerción y precariedad laboral.    Documento de exigencias mínimas presentado por la mesa de Democratización de Medios – 7 noviembre 2012.    http://www.yosoy132media.org/documentos/documuento-de-exigencias-minimas...