Esta Cumbre tiene un título impactante, pero lo que se debate allí es bien
sencillo: quien tiene derecho a hablar en el mundo global. El último round,
realizado en Ginebra la semana pasada, fue voraz y terminó en un fracaso. La
Cumbre discute cosas tales como quién gobernará Internet, si el acceso a los
nombres de dominio seguirá siendo gratuito y cómo se los administrará. Quién
vigilará y cómo los mensajes electrónicos. Cuánto dinero se invertirá en la
optimización de las redes y servicios y quién pagará por ello. También, cuáles
serán los derechos que regulen estas actividades. Pero fundamentalmente, cómo se
resolverá un tema que algunos expertos denominan "brecha digital" y que en
cualquier idioma significa una sola palabra: pobreza. Es decir, quién tiene
acceso a qué cosa. Y a qué precio. En esta última reunión quedó claro que no se
tomará en cuenta los aportes realizados por la sociedad civil, pero que sí se
considerará los mandamientos de las corporaciones, en general, y los Estados
Unidos en particular. El resultado son esos documentos que ahora nadie quiere
firmar. Estos son los temas e intereses que se juegan en esta Cumbre y que ningún
medio de comunicación argentino jamás publicará.

La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información tiene un título
impactante, pero lo que se debate allí es bien sencillo: quién manda en el mundo
global. Al igual que en la reciente reunión de Cancún, el último de round de esta
Cumbre fue tan voraz y desbocado que terminó en un fracaso que se tratará de
remediar con un nueva reunión, a realizarse del 10 al 14 de noviembre próximo, en
Ginebra, donde se intentará salvar las diferencias para cumplir con la agenda y
aprobar los documentos en diciembre de 2003. De todas formas, ver en acción a los
tiburones hambrientos resulta siempre un espectáculo inquietante. Didáctico,
también, es comprender el rol que juega la Argentina en la comedia universal de
estos tiempos. Fiel a su estilo, demostró que no hay metáforas. Y mientras las
multinacionales hincaban los dientes sobre los documentos que pretenden que
aprueben los gobiernos del mundo entero, la administración K. eligió enviar a la
reunión al jefe de gabinete de la secretaría de Relaciones Exteriores, el doctor
Agustín Colombo Sierra. Un hombre que desde 1991 y hasta llegar hace cuatro meses
a la gestión pública se desempeñó como gerente de relaciones institucionales de
Telecom.

La Cumbre parece una cuestión de expertos cibernéticos, pero este malentendido es
apenas una demostración más de cómo se urden los negocios en el mundo actual. A
instancias de la Naciones Unidas, la propuesta es que la Cumbre redacte una
declaración y un plan de acción para regular toda la comunicación del planeta. La
primera divisoria de aguas que surge, entonces, no es inocente: o la comunicación
es un derecho humano estrechamente vinculado con el ejercicio de la libertad de
expresión de los hombres y mujeres que habitan este universo o se trata de una
mercancía que se trafica en el mercado mundial con regulaciones que para algunos
urge unificar. De la respuesta, depende toda la jerga con que se redacten estos
documentos cuyos borradores están ahora mismo sembrados de corchetes, marcas que
identifican las diferencias que en la tercera reunión -celebrada en Ginebra entre
el 23 y el 26 de setiembre- no se pudieron borrar.

Para debatir estas cuestiones, Naciones Unidas propuso un sistema que sentó en
pie de igualdad a gobiernos y corporaciones, en tanto confinó a los
representantes de la sociedad civil a deliberar un escalón más abajo. La frase
del director general de la ONU, Kofi Annan, que justificó esta diferencia es
reveladora: "No todos los dedos de la mano son iguales". También lo fue la forma
de organización de los debates de la sociedad civil en sí: se agruparon por
"familias"- 21 en total- eligiéndose representantes por país entre los pocos que
pudieron llegar a Ginebra al momento de celebrarse la primera reunión. Recuerden
esta fecha y piensen en la Argentina: enero del 2002. Con el país en llamas, a
Ginebra llegó quien quedó consagrada como la voz de la sociedad civil argentina:
Beatriz Busaniche. Una voluntaria del Centro de Teletrabajo, un sello que se
originó en la Carrera de Relaciones Laborales de la Universidad de Buenos Aires
que cuenta con un puñado de miembros (una sola mano sobra para contarlos) y una
página web (www.caminando utopías.org.ar). Y nada más: hasta perdió su espacio
físico en la universidad por diferencias "filosóficas" con el consejo académico.

Así fue como este grupo quedó consagrado como organizador del capítulo argentino
del debate de los documentos de la Cumbre. El resultado fue una reunión de la que
participaron 15 pequeñas asociaciones y de la cual lavaca.org se retiró ante la
evidente falta de representatidad. Fue en mayo, en la sede central del Correo
Argentino y aunque pocos se enteraron del acontecimiento, las Naciones Unidas
celebró el acto con una conferencia de prensa que ningún medio local convirtió en
noticia. El silencio protege a los lobbies y en la Argentina, los grupos
informativos juegan el juego que más les conviene: no compartir información.

La semana pasada, cuando el tercer round llevó a Ginebra a los tres sectores
involucrados -gobiernos, corporaciones y representantes de la sociedad civil-
quedó, al fin, en claro porqué era conveniente sentar en el sillón argentino a un
cuatro de copas. A Busaniche no la dejaron ni hablar. Directamente saltearon su
turno en la reunión plenaria, alegando que su atencesor se había excedido en el
tiempo concedido para exponer. El maltrato a los representantes de la sociedad
civil no fue solo formal ni autóctono: ninguna de las consideraciones aportadas
por este sector figuran en los documentos finales. A tal punto, que en un hecho
inédito en el marco de una conferencia de las Naciones Unidas, el buró de
coordinación de la Cumbre tuvo que escuchar -el miércoles 24 de setiembre- el
mensaje de protesta de los representantes de la sociedad civil. Sally Burch (de
la organización Alai) expresó luego a la prensa que: "en el curso de estos 18
meses se había logrado cierto consenso sobre la visión de una sociedad de la
información basada en los seres humanos, y no reducida a cables e inversiones. No
obstante, esta nueva visión no se expresa en los documentos actuales que retoman
el enfoque tecnicista y mercantil". La encargada de leer el comunicado donde la
sociedad civil denuncia los "oídos sordos" de la Cumbre fue, justamente, la
argentina Busaniche. Lo hizo en español, para dejar en claro que la diversidad
cultural es parte de lo que debe reflejar esta Cumbre. Sin embargo, otra hubiera
sido la repercusión si quien se hubiese plantado allí tuviera tras sus espaldas
el honor y el sudor ganado en la lucha por las miles de organizaciones de la
sociedad civil argentina. El bajo perfil de algunos representantes sumado al
inmenso tamaño de algunas ONG que se manejan como corporaciones globales diluyó,
en gran parte, el impacto que la sociedad civil pudo imponer en la Cumbre.

Pero ¿Por qué esta Cumbre se convirtió en el secreto mejor guardado por la prensa
argentina?

La respuesta hay que buscarla en los temas que allí están en juego. En principio,
nada menos que el negocio de las telecomunicaciones mundiales, un sector
estratégico para el actual neoliberalismo global y sus socios locales. Pero
también porque allí se definirán cuestiones tales como quién gobernará Internet.
Si el acceso a los nombres de dominio seguirá siendo gratuito y si la
administración de los dominios pasará a manos gubernamentales, privadas o a un
ente regulador internacional. Quién vigilará y cómo los mensajes electrónicos.
Cuánto dinero se invertirá en la optimización de las redes y servicios y quién
pagará por ello.También, cuáles serán los derechos que regulen estas actividades.
Pero fundamentalmente, cómo se resolverá un tema que algunos expertos denominan
"brecha digital" y que en cualquier idioma significa una sola palabra: pobreza.
Es decir, quién tiene acceso a qué cosa. Y a qué precio.

Para los países pobres, que ahora se ha dado en llamar "emergentes" la tecnología
representa una oportunidad más de debatir cómo se resuelven las exclusiones que
la globalización ha trazado con mano de hierro. Para las corporaciones, estos
mismos países representan mercados. Es decir, sin posibilidad de vender sus
productos ni a empresas ni a particulares en países empobrecidos, son los
gobiernos los únicos con posibilidades de adquirir compromisos en escenarios
internacionales que los obliguen a sintonizar la "modernización" en la era
global. Es por eso que uno de los puntos más álgidos del debate se sintetice en
lo que las corporaciones consideran una mala palabra: software libre. El primer
punto propuesto por la sociedad civil en esta Cumbre esta relacionado con esta
herramienta. Dice así: "Se debe alentar y desarrollar software libre y de fuente
abierta y su uso por instituciones públicas, particularmente para los países del
Sur, debido a su costo más bajo y la posibilidad de alentar una industria local
de software". Ya en julio, durante la segunda reunión preparatoria, las
corporaciones tuvieron ocasión de expresar su punto de vista sobre este tema. De
manera general, los dos postulados que surgieron de las intervenciones dejaron en
claro su posición:

1) No promover el desarrollo del software libre en ningún documento de la Cumbre.

2) Los derechos de propiedad intelectual son fundamentales.

Los Estados Unidos, en particular, dentro del ámbito de debate gubernamental,
también se expresaron en idéntica dirección. "Los Estados Unidos reconocen que el
software libre puede contribuir a aumentar el acceso, pero no es más que uno de
los múltiples modelos para el desarrollo de las tecnologías de la información.
Los documentos de la Cumbre no deberán promover uno más que otro, sino que
debería presentar la disponibilidad de diversas posibilidades y la libertad de
elegir entre ellas."

La diferencia entre una y otra opción se mide en millones de dólares y es lo que
ha logrado, entre otras cosas, convertir a Bill Gates en el hombre más rico del
planeta.

También con respecto a la propiedad intelectual, hay un combate de fondo. La
sociedad civil propone que "toda información y conocimiento producidos con la
ayuda de recursos públicos (como la investigación e información científica)
deberían ser de acceso abierto." Esto significaría, en los hechos, terminar con
patentes y marcas que generan millonarios ingresos al Norte y constituyen una
barrera infranqueable para el Sur.

Por supuesto, luego del capítulo cerrado el 26 de setiembre, los documentos de la
Cumbre no hablan de software libre y sí hacen especial mención a los derechos de
propiedad intelectual.

Los países africanos, Brasil y hasta la Unión Europea (que en estos días se
pronunció a favor del software libre) tironearon de los documentos hasta dejarlos
sin definición. Se negaban a firmar un papel que los comprometieran a una
hipoteca: para saldar la "brecha digital" hay que pagar.

Como informa Sally Burch en las páginas de Alai (América Latina en Movimiento
www.alai.net con textos disponibles en español) "La actitud de los Estados Unidos
levanta todo tipo de cuestionamientos. Luego de haber, inicialmente, intentado
bloquear la realización de la Cumbre, este país ha pasado a intervenir en casi
todos los eventos preparatorios, con una agenda centrada en la seguridad y las
condiciones para las inversiones privadas. Participó, como correspondía, en la
Conferencia Regional de Europa occidental y Norteamérica; pero además -para
sopresa de los países de la región- también tuvo voz y voto en la conferencia
regional de América Latina y el Caribe (realizada en Bávaro, en enero de 2003) e
incidió directamente en la conferencia Asia-Pacífico". Bursh denunció que el
tratamiento dado por los Estados Unidos al tema de la seguridad "representan una
grave amenaza a los derechos civiles y a la privacidad de las comunicaciones". En
la letra de la declaración, la paranoica policía del mundo dictó, entre otras, la
siguiente frase: "Es necesario evitar que las tecnologías y recursos de la
información se utilicen para fines delictivos y terroristas". Y la manera de
evitarlo ya sabemos cuál es: derivar el tráfico de Internet a centrales que
vigilan el "correcto" uso del sistema. La propuesta del Gran Hermano fue expuesta
en la Argentina en julio de este año en una reunión organizada por la OEA e
incluyó una demostración de los sistemas informáticos espías que pretenden vender
para garantizar que la tarea se haga de la manera "correcta".

Sally Bursh detalla también que los grupos de presión "básicamente, las grandes
corporaciones" plantean la "liberalización de las comunicaciones" con el viejo
argumento de "atraer inversiones". Por eso instan a los gobiernos a "priorizar la
provisión de un ambiente estable y predecible" con el fin de "salvaguardar la
competencia". Resulta increíble, pero real, que en la actual redacción de la
declaración de la Cumbre se haga mención explícita al "rol desempañado por el
sector privado" en el desarrollo de la Sociedad de la Información cuando en los
hechos lo que único que han hecho es privatizarla y mucho más que en un texto que
debería emular a la Declaración Universal de los Derechos Humanos se proceda a
instar a lo siguiente: "los gobiernos tienen que fomentar un marco político,
jurídico y reglamentario propicio, transparente, favorable a la competencia,
basado en el principio de la neutralidad tecnológica y predecible, interviniendo,
según proceda, para corregir los fallos del mercado, a fin de mantener la
competencia leal, impulsar el desarrollo de los servicios, la infraestructura y
maximizar los beneficios económicos y sociales".

No es lo único, por supuesto, que generó fricción. Un combate adicional lo
representó la lucha por dejar sin aire a las radios comunitarias. La voz más
enardecida fue la del representante de la Asociación Internacional de
Radiodifusión, el español Alfonso Ruiz De Assin. Defendió, directamente, la idea
de que "la libertad de expresión debe ser entendida como libertad de empresa" y,
menos directo, enfatizó que todas las emisoras de radio y tevé "deben someterse a
la legalidad vigente", lo cual en los hechos significa ahogar a aquellas que no
representan los intereses del mercado. La Asociación de Radios Comunitarias dejó
por escrito asentada su indignación porque en ningún documento de la Cumbre se
menciona el rol de los medios comunitarios en este combate desigual por la libre
expresión.

La lista de frases que reducen la comunicación a un producto del mercado es
infinita, pero así fueron también los debates que generaron y que, lejos de
saldarse, acentuaron la idea de que en la Cumbre hay poco y nada para hacer,
salvo tirar la pelota afuera y salvar las formas. Ese perfume a naufragio que
emanó en Cancún es el que ahora impregnó a las deliberaciones de Ginebra. Por el
momento, el grupo de la sociedad civil que lideró la Campaña por el Derecho a la
Comunicación en la Sociedad de la Información (Cris, por sus siglas en inglés)
anunció que para el mes de diciembre convocará a un evento paralelo para abordar
allí -y sin mordazas- el tema que importa: el derecho a la comunicación. Como ya
planteó Alan Alegre, uno de sus referentes, en una de las reuniones de la
sociedad civil "Se habla mucho de la brecha digital y del acceso universal. Pero
eso no es suficiente. No se toma en cuenta que la brecha digital es la expresión
de otras divisiones sociales y que las tecnologías no son neutras y pueden servir
para ayudar a la gente o para controlarla o reprimirla. Es necesario tomar las
dimensiones humanas de la comunicación, por eso es importante plantear la
comunicación como un derecho humano que refuerza e, incluso, sirve de base a
otros derechos. Pero para eso, las tecnologías deben ser compatibles con la
diversidad lingüística y cultural y con las prácticas y cosmovisiones de los
pueblos No es suficiente con hablar de integración de los marginad@s, se debe
valorar la diversidad cultural y que sean las propias comunidades las que
propongan sus propias soluciones".

Pero eso, seguramente, será tema de otra Cumbre.
En Naciones Unidas ese debate y ese mundo resultan hoy imposibles.

http://www.lavaca.org/notas/nota419.shtml/