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“¡A desalambrar, a desalambrar!
Que las frecuencias son  nuestras,
tuya y de aquel,
de Pedro, María, de Juan y José”.
El viernes 9 de octubre, viví en Buenos Aires un día histórico, un día de polarización de intereses, un día en el que una ley hizo que a los grupos de poder fácticos  o  los concentrados medios de comunicación masivos, se les cayera el telón. A favor de dicha ley, denominada de Servicios de Comunicación Audiovisual, estaban las organizaciones sindicales, de derechos humanos, sociales, las radios comunitarias, universidades nacionales y el gobierno; en contra, el todopoderoso Grupo Clarín, y los partidos políticos de derecha como la Unión Cívica Radical (UCR), la Unión PRO, entre otros. Los segundos, durante meses lanzaron una contracampaña agresiva a través de un bombardeo masivo de mensajes por todos sus medios televisivos e impresos advirtiendo que, de aprobarse la ley “K” o  la “ley de Chávez”, estaría en peligro la libertad de expresión. Sin embargo, y pese a las múltiples presiones, la madrugada del 10 de octubre, al son de los bombos, cantos y murga el Senado argentino aprobó la ley de medios[1].
Esa noche, las organizaciones sociales realizaron una movilización y vigilia frente al Congreso en apoyo a la mencionada ley; los bombos no paraban de sonar, mientras un viento frío de primavera no mermaba las ganas de gente que quiere un país diferente, que está cansada de que unos pocos concentren tanto, que sigue soñando con vivir en un país digno, como lo soñaron los 30 mil desaparecidos de la dictadura.
Las banderolas de la vigilia vestían los rostros de Evita, el Che, Perón; los colores blanco y celeste ponían brillo a la noche; la música rompía con los silencios que las madrugadas traen. Esa madrugada, las banderolas blancas con el rostro de Tupac Amaru y la demanda de democratizar los medios de comunicación me hizo sentir que finalmente, diferencias más o menos, somos una misma patria grande.
Casi a las 3 de la madrugada del día 10, Rogelio, viejo amigo comunista, cumplió con su palabra, me mandó un mensaje anunciando ¡Por fin, el Congreso parió la ley de medios! ¡Chau Clarín! Se había logrado un pequeño gran paso contra un poder fáctico como son las corporaciones mediáticas. Con 44 votos a favor, 24 en contra y tras 20 horas debate, el Senado aprobó la ley de medios.
La ley, el segundo paso…
Esta ley, impulsada por el gobierno de Cristina Kirchner, es el segundo paso hacia la democratización de los medios, pues anteriormente la  Asociación del Futbol Argentino (AFA), finalizó un contrato de exclusividad firmado, en los años 90 del menemismo neoliberal, con las empresas televisivas - hoy concentradas por el Grupo Clarín- que les permitió controlar la totalidad de las transmisiones por cable del futbol argentino, un negocio con el que ganaban millones de dólares anuales. Ahora, los argentinos pueden ver todos los partidos de futbol sin pagar.
¿Qué señala la Ley? Un estado, licencias y frenos a los monopolios
Establece que el estado argentino es quien administra el uso del espectro radioeléctrico, tal como lo establece la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA cuando señala: “la Relatoría entiende que los Estados en su función de administradores de las ondas del espectro radioeléctrico deben asignarlas de acuerdo a criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades a todos los individuos en el acceso a los mismos”; aspecto también establecido en la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
La ley declara a los medios audiovisuales como “bienes públicos”, lo que implica que las organizaciones sociales o las universidades podrán tener emisoras sin la obligación de constituir sociedades comerciales como lo señalaba la anterior ley, aprobada durante la dictadura militar. Esto significa que las organizaciones sin fines de lucro podrán tener licencias.
Además, la ley establece que una empresa no podrá tener más de diez licencias, 14 menos que el límite actual; no podrá ser titular de un canal de TV de señal abierta y de cable en una misma localidad; y  no podrá dar sus servicios a más del 35 por ciento del total de la población del país o del total de los abonados. Las licencias durarán 10 años, y no 15 como en la actualidad, y podrán ser prorrogables sólo por diez años más, previa audiencia pública.
Además, el Grupo Clarín deberá compartir las licencias con los municipios, las ONGs, iglesias, etc., pues la ley prevé que las licencias se distribuirán una tercera parte para las empresas privadas, la otra para el estado y la otra tercera parte para los organismos de sociedad civil, iglesias, radios comunitarias, etc. Hay que recalcar, que la ley fue consultada y respaldada por diferentes organizaciones sociales.
Con esta regulación se sientan las condiciones para frenar la formación no sólo de monopolios empresariales sino la difusión de mensajes monolíticos, y así garantizar mayor pluralidad en los mensajes y la información.
En este sentido, el gobierno intenta cumplir con la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando señala que: “Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos…las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos”.
 
Promueve la producción nacional, la identidad y más trabajo
En el artículo 65, la ley señala que los medios privados  y no estatales deberán difundir un 70% de producción nacional y, en el caso de ser medios regionales, un 30% de producción local. Con esto se termina la difusión de los programas enlatados que llegaban desde Buenos Aires a las provincias y generará más trabajo para los comunicadores locales y de todo el país. Además, la ley señala que la música a difundir deberá ser “como mínimo el treinta por ciento (30%) de origen nacional, sea de autores o intérpretes nacionales por cada media jornada de transmisión”, con lo que se contribuye a fortalecer las identidades locales y nacional.
Debate abierto sobre quiénes son los dueños de los medios
La ley abrió el debate al público sobre los medios con asuntos sobre quiénes son los dueños de los medios en la Argentina, y el derecho que tienen los ciudadanos a decidir  a quiénes le dan el uso de sus espectros radioeléctrico y en qué condiciones. Este debate fortalece en grande a la democracia participativa.
En Argentina, solo 4  grupos mediáticos manejan el 83% de la información que circula y son medios que pertenecen a los mismos empresarios que en otros tiempos defendieron por acción u omisión a la dictadura militar de 1976 y que fue la que aprobó una ley de medios que les permitió a estos grupos concentrar la propiedad de los mismos.
El Grupo Clarín, reaccionó ante el proyecto de ley  manipulando maniqueamente la propuesta y emitiendo masivos mensajes que poco contribuían a un debate profundo y serio sobre el derecho a la información, a la libertad de expresión, etc.  Por supuesto, usaron el argumento “ley de medios = ley de Chávez” y el derecho a la libertad de expresión para defender sus intereses y poderes fácticos. Los medios son actores políticos y construyen día a día una percepción de “la realidad” en la gente generando opinión pública a favor de determinados intereses; pero esto bien que lo disimulan.
 
Ya en los años 80, César Jaroslavsky, político de la Unión Cívica Radical (UCR), uno de los partidos políticos que en la actualidad se opuso a la ley,  dijo en relación al comportamiento de Clarín “Hay que cuidarse de ese diario. Ataca como partido político y si uno le contesta, se defiende con la libertad de prensa”.
Además, es necesario precisar que el Estado debe regular algunos contenidos que emiten los medios, sin que ello implique un atentado contra la libertad de expresión y de pensamiento, en cumplimiento de los instrumentos internacionales de derechos humanos, como por ejemplo lo señalado en el artº 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que establece que los estados deberán prohibir por la ley “toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”. Esta obligación esta contemplada en la ley.
 
Cuándo será al revés…
Al escribir esto no puedo dejar de pensar en la impunidad que gozan los grandes medios de comunicación en el Perú, en los RPP, en el Comercio, en los Canales de TV abierta  y casi todos los medios nacionales que tras un discurso hegemónico, casi orquestado, en la que difunden mensajes monolíticos sobre las ventajas del neoliberalismo, proscriben, silencian y criminalizan a quienes se oponen a ese modelo económico. Ojala algún día a esos poderes invisibles y ocultos, que son capaces de decidir sobre las elecciones presidenciales, se les caiga el telón y comience