La propuesta para reemplazar la ley de radiodifusión en Argentina propició una discusión que abre un postergado camino en la necesaria y urgente democratización de los medios de comunicación en un contexto de cambios regionales y coyuntura electoral en el país.

El gobierno nacional argentino ha hecho pública, el 18 de marzo de este año, una propuesta de Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para cuyo debate se dispuso un plazo de 60 días antes de que sea tratado en el parlamento. Para discutir este anteproyecto se organizaron en diferentes puntos del país una serie de actividades donde surgieron posturas a favor y en contra de la propuesta pero también significativos aportes para una nueva ley que de ser aprobada trascenderá a los gobernantes de turno.

Cuando los comunicadores y militantes de organizaciones sociales recuerdan que en la Argentina existen 25 años de lucha por una nueva legislación para los sistemas de comunicación, no es una cuestión de retórica. Diferentes sectores han reclamado durante más de dos décadas que se reemplace el Decreto-Ley 22.285 sancionado durante la última dictadura militar en el año 1980 y que aún hoy continúa vigente. En la democracia de los posteriores gobiernos argentinos la ley sufrió un total de 207 modificaciones pero la introducción de dichos cambios ha colaborado con la concentración y centralización de los medios masivos de comunicación, favoreciendo la tendencia a los monopolios y oligopolios.

Ya en el año 1984, al recuperar los trabajadores de prensa sus organizaciones con la incipiente democracia, la Asociación de Periodistas de Buenos Aries -luego Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA)- participó en la elaboración de un proyecto para reemplazar la Ley de Radiodifusión, que años más tarde fue elevado al Consejo de Consolidación de la Democracia. Desde 1987 casi un centenar de proyectos fueron presentados en las Cámaras de Diputados y Senadores(1). Finalmente, la Coalición por una Radiodifusión Democrática, iniciativa surgida en el año 2004 de la convergencia de organizaciones, instituciones, sindicatos, organismos de Derechos Humanos y radios comunitarias, logró que los 21 puntos por el Derecho a la Comunicación acordados en ese espacio hace cuatro años fueran contemplados en el Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que presentó oficialmente el gobierno nacional argentino el 18 de marzo de 2009.

Ahí empezó la carrera: 60 días de plazo para debatir el proyecto de Ley. Pero la urgencia de un tema tantas veces postergado parece haberse desatado con la sesgada cobertura mediática del lock out agropecuario y el insistentemente difundido "conflicto del campo" que derivó en un público enfrentamiento entre el gobierno y el Grupo Clarín, que en la actualidad controla más del 40% de los contenidos que circulan a través de las distintos soportes de comunicación masiva (diarios, revistas, radio, televisión abierta y paga e Internet) y único holding que participa en toda la cadena de valor del negocio de los medios de comunicación, desde la producción hasta la emisión y distribución de contenidos(2).

En esta coyuntura política y en un confrontativo año electoral, el gobierno de Cristina Fernández da impulso entonces a un nuevo Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, cuya propuesta comenzó a difundirse, promoverse y discutirse en diferentes puntos del país en actividades organizadas para ese fin. Algunos sectores sociales al momento de evaluar la posible nueva legislación no lograron salir del análisis de coyuntura y denunciar la conveniencia del oficialismo en la aprobación de esta Ley de su autoría. Muchos otros, priorizando la urgencia de actualizar la regulación actual de los medios de comunicación en el país, han visto sin embargo la oportunidad de iniciar un camino en la democratización de la información y la comunicación -que deberá ir mucho más allá de la aprobación de esta ley- como aspecto esencial en la construcción de una sociedad más justa.

La discusión pública sobre la nueva ley de comunicación de alguna manera se ha instalado en universidades y diferentes espacios donde ha llegado el debate pero pareciera haber sobre este tema, como mencionó el periodista Eduardo Aliverti, "un apagón televisivo y casi un apagón radiofónico". Porque cambiar la legislación vigente es un gran avance en la democratización de la información pero por otro lado determina cómo y a quién se otorgarán mayores beneficios en el manejo de los medios masivos.

Las propuestas de la nueva ley

Prácticamente todas las organizaciones, instituciones y agrupaciones que han analizado el anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual presentado por el Poder Ejecutivo (3), coinciden en la importancia de algunos puntos clave de esta propuesta. Seguramente los más relevantes son los que han generado una mayor polémica tanto entre quienes se encuentran trabajando en la producción de aportes para el mejoramiento del proyecto como para aquellos medios comerciales que hoy detentan grandes beneficios y se han mostrado reacios a perder su  poder.

Entre los puntos más sobresalientes cabe mencionar la "retransmisión o emisión televisiva de determinados acontecimientos de interés general como los deportivos en directo y de manera gratuita en todo el territorio nacional"; la "exigencia de programación propia"; "el régimen de concurso abierto y permanente" para otorgar las licencias; las "audiencias públicas para la renovación de licencias" y las "limitaciones a la transferencia de licencias"; las "cuotas de producción nacional, de transmisión de producciones nacionales, cuotas obligatorias de producción propia que deben cumplir los licenciatarios y la incorporación de señales locales en los sistemas de televisión por suscripción".

Otras de las cuestiones relevantes son las "cuotas específicas de espectro para comunicación orientada a fines sociales" donde se destina "el 33% de las localizaciones planificadas, para personas de existencia ideal sin fines de lucro"; el establecimiento de un "número máximo de licencias que pueden ser prestadas por un solo sujeto; la imposibilidad "de que un solo prestador controle más del 35% a nivel nacional y para todos los servicios de abonados o habitantes"; "la creación de un Fondo de Fomento Concursable para Producción de Programas de Televisión de Calidad para Niños, Niñas y Adolescentes"; "la creación de un Registro Público de Licencias y Autorizaciones" y "el Registro Público de Señales y Productoras"; el establecimiento de una "cuota de pantalla del cine nacional".

En cuanto a las licencias y los prestadores de servicios, el Proyecto de Ley establece "limitaciones a la concentración de licencias" (hasta diez licencias de radiodifusión cuando se trate de servicios de radiodifusión sonora, de radiodifusión televisiva abierta y de radiodifusión televisiva por suscripción con uso de espectro radioeléctrico -excluyendo servicios sobre soporte satelital- y hasta 24 licencias para la explotación de servicios de radiodifusión por suscripción); "el ingreso de nuevos actores: las cooperativas y los licenciatarios de servicios públicos, en condiciones de libre apertura del mercado"; la admisión de "tres tipos de prestadores: de gestión estatal, de gestión privada con fines de lucro, de gestión privada sin fines de lucro".

Otro de los cambios que introduce la propuesta radica en la creación de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, que tendrá a su cargo la administración, operación, desarrollo y explotación de los servicios de radiodifusión sonora y televisiva del Estado Nacional, así como la creación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AUFER) encargada de aplicar, interpretar y hacer cumplir la ley y cuyos miembros serán designados por una Comisión Bicameral y el Poder Ejecutivo de la Nación. Además se establecerá un Consejo Federal cuyos miembros provinciales representarían a los prestadores privados, a las emisoras universitarias, a los medios públicos y a los trabajadores de prensa; y se crearía también una Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Aportes y críticas

Poniendo en evidencia el claro enfrentamiento con el gobierno, el Grupo Clarín optó por dar difusión sólo a las críticas realizadas tanto por la oposición como por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), asociación con sede en Miami que nuclea a grandes propietarios de medios de comunicación del continente en la defensa de sus intereses oligopólicos y de la cual forman parte Clarín y también el diario argentino La Nación (4).

"La SIP le reclama al Gobierno que 'cese la escalada de hostigamiento' hacia los medios", tituló Clarín el 16 de marzo, y pese a que el informe de la SIP fue elaborado antes de que se divulgue el contenido de la propuesta del Proyecto de Ley, sostenía que "la iniciativa oficial no sólo profundizaría la confrontación con los medios sino aumentaría los controles y también el manejo de los mismos".

Una vez presentado el Proyecto de Ley por el gobierno nacional, tanto los medios gráficos como algunos noticieros televisivos, en lugar de propiciar el debate, se limitaron a difundir la conferencia de prensa que dieron los principales sectores políticos opositores al oficialismo. Allí aparecieron críticas viscerales como la de Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica (CC), para quien esta propuesta es una ley "extorsiva" que "pone a todos de rodillas", y la del senador Gerardo Morales, presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), quien sostuvo que: "debatir cambios a la Ley de Radiodifusión con este gobierno equivale a convertir a la Argentina en la Venezuela de Chávez",

Por otro lado y sin cobertura mediática, se generaron diversos espacios donde las posiciones -más enfrentadas o más cercanas al kirchnerismo- no les impidieron ocuparse de estudiar seriamente la propuesta y presentar críticas y observaciones, gran parte de las cuales deberían ser contempladas a la hora de debatir el Proyecto de Ley en las instancias parlamentarias.

Tal vez los aportes más interesantes sean los elaborados por las organizaciones de medios comunitarios, ya que en ese ámbito el debate ha cobrado la dimensión que impone la urgencia de los pueblos por hacer frente a los grandes monopolios de la información desde la construcción de una comunicación propia, alternativa a las agendas del poder empresarial.

Una de las propuestas coincidentes de estos espacios es la derogación del Decreto 527/05, que extendió por diez años más el plazo de las licencias de los medios comerciales. Para la Asociación de Radios Comunitarias (AMARC): "La anulación de este Decreto, por los mecanismos constitucionales que resulten más convenientes es imprescindible para sostener en la práctica los principios democratizadores de este proyecto"(5).

También de acuerdo con este punto, la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) hizo pública una serie de propuestas que apuntan a la necesidad de especificar "conceptos, definiciones que aparecen poco claros o ambiguos de manera que no estén sujetos a interpretaciones de unos pocos cuando la ley se reglamente".

Por ejemplo, con respecto al 33% designado para entidades privadas sin fines de lucro, la RNMA afirma que: "nuestros medios tendrían que disputar licencias con fundaciones, iglesias, corporaciones sindicales y otras organizaciones que entran en la misma tipología de licenciatario cuyo poder político y económico (y sus características y objetivos) son completamente distintos a los nuestros. Los medios comunitarios, populares y alternativos deben estar especialmente protegidos y su actividad específicamente promovida para poder gozar de un ejercicio de la comunicación plenamente democrático. La garantía del ejercicio pleno de los derechos de los comunicadores comunitarios, populares y alternativos tiene que ser una obligación del Estado y esto tiene que quedar claro en la Propuesta de Proyecto de Ley". Es en este sentido que reclama la incorporación de esta nueva tipología de licenciatario que correspondería a los medios de comunicación comunitarios, populares y alternativos, así como "mecanismos específicos de acceso a licencias" para este sector (6).

Además, en el documento de la RNMA y también en otros espacios donde se discutió el Proyecto de Ley se propuso la incorporación de nuevos miembros en las autoridades de aplicación que puedan ser designados por medios comunitarios, alternativos y populares.

En cuanto a la cantidad de licencias permitidas, hay organizaciones que concuerdan en que el límite de diez y 24 licencias que manifiesta el Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no es suficiente para terminar con los monopolios mediáticos, a pesar de que pueda significar un avance frente a la legislación actual.

Estos y otros tantos aportes que pueden seguirse a partir de documentos y declaraciones de organizaciones, instituciones, agrupaciones de medios de comunicación y periodistas, entre otros, dan una dimensión de la importancia que radica en aprovechar esta instancia de involucramiento de la sociedad civil y a la vez -como afirmó Cristian Jensen representando a la Coalición por una Radiodifusión Democrática en una actividad pública- proponer "que la reglamentación de la Ley se construya en términos participativos".

Para esto es necesario que el debate trascienda los ámbitos académicos, institucionales o profesionales y tome las calles. El derecho a la información es un Derecho Humano y los medios masivos de comunicación deben asumir su rol social con un compromiso basado en principios éticos y no corporativos.

Contexto regional de la comunicación

El debate por una nueva legislación que regule los sistemas de comunicación en la Argentina no es un hecho aislado ni el resultado directo de una coyuntura política puertas adentro del territorio nacional. En la reciente visita que realizó el presidente de Venezuela Hugo Chávez al país, en la conferencia de prensa que brindó el 15 de mayo junto a la presidenta Cristina Fernández, el mandatario bolivariano destacó que la lucha contra el terrorismo mediático "es parte de la batalla por la libertad de nuestro continente".

El gobierno venezola