(TIC.pe) -- El presente informe busca hacer un balance de la situación del Perú en torno a la temática de la “sociedad de la información”, no sólo a través de un análisis de las cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, sino a partir de la reflexión de diferentes actores nacionales.
En el año 2006 ha habido avances y retrocesos a nivel de políticas de información y comunicación. Ese año significó el cierre del gobierno de Alejandro Toledo (Perú Posible) y el inicio del de Alan García (Partido Aprista Peruano, APRA), con la consiguiente continuidad democrática, importante para la estabilidad del país. Toledo abrió su gobierno 5 años atrás con el Plan Huascarán4 y lo cierra dejando instalada una comisión de seguimiento de la Comisión para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, que también se conoce como CODESI 25.
El Gobierno Aprista no tiene un programa claro en relación a la sociedad de la información, a pesar de que el propio Presidente de la República identifica el área como prioritaria para el país6. Por el contrario, se han dado medidas preocupantes, como la desarticulación, en la práctica, del Instituto Nacional de Investigación y Capacitación en Telecomunicaciones (INICTEL)7 y el recorte del presupuesto del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC)8. Tampoco ha quedado claro el propósito estratégico de la absorción del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL)9 por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones10, una acción que parece más orientada a disminuir de la burocracia estatal que ligada a alguna política de Estado en el área de sociedad de la información.
Por otro lado, aún con el desarrollo y la publicación de una estrategia nacional en tecnologías de información y comunicación (TIC), la Agenda Digital de Perú11, al no estar inserta dentro del proceso de diálogo nacional iniciado por el gobierno y orientado a establecer políticas de estado para los próximos 20 años (Acuerdo Nacional12), ésta queda más en una política tecnológica que en una política de estado para el desarrollo.
Aún cuando las políticas públicas en el Perú han priorizado el despliegue de infraestructura, el 2006 ha permitido también abrir espacios importantes de diálogo y propuesta en políticas de TIC. Estos espacios de diálogo, sin embargo, están todavía lejos de incluir a sectores amplios de la sociedad y de lograr que las políticas relacionadas a la sociedad la información sean transversales al Estado. En tanto eso no ocurra, los ciudadanos seguirán siendo espectadores y no protagonistas.
Este reporte se basa en el estudio que Miguel Saravia preparó por encargo de APC como contribución a la investigación “Acceso efectivo y en igualdad de oportunidades de las comunidades rurales a la radiodifusión, estrategia clave de inclusión digital para América Latina y el Caribe” financiado en el marco del Programa FRIDA, así como en el “Reporte sobre Sociedad de la Información en el Perú” realizado por Erick Iriarte para Perú-Digital13. Se suma a lo anterior el análisis de otros informes y artículos publicados en la lista Perú-Digital y el Blog TIC_Rural14 entre otras fuentes de información.
2. Situación Nacional
2.1. Contexto histórico
El gobierno peruano se apoya en la definición de sociedad de la información establecida en la Declaración de la Conferencia Regional de América Latina y el Caribe para la Primera Fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI), que tuvo lugar en Bávaro, República Dominicana, en enero de 200315. Según esta declaración, la sociedad de la información es “un sistema económico y social donde el conocimiento y la información constituyen fuentes fundamentales de bienestar y progreso, que representa una oportunidad para nuestros países y sociedades, si entendemos que el desarrollo de ella en un contexto tanto global como local requiera profundizar principios fundamentales tales como el respeto a los derechos humanos dentro del contexto más amplio de los derechos fundamentales, la democracia, la protección del medio ambiente, el fomento de la paz, el derecho al desarrollo, las libertades fundamentales, el progreso económico y la equidad social”. 16
En el año 2001 se creó en Perú la “Comisión Multisectorial para Masificar el uso de Internet” que produjo el documento “e-Perú: Propuestas para un Plan de Acción para el Acceso Democrático a la Sociedad Global de la Información y el Conocimiento”17. Dicha comisión fue creada con el propósito de ordenar las diferentes iniciativas que desde el nuevo gobierno se comenzaban a preparar. Junto con ésta se decretó la obligatoriedad para todas las dependencias públicas de elaborar planes de acción referidos a la sociedad de la información, disposiciones de acceso a la información pública y a la elaboración de páginas web. Esta disposición incluye a los gobiernos locales.
Varios organismos estatales han desarrollado iniciativas para la sociedad de la información. CONCYTEC, el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), INICTEL, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones conformaron, en el año 2002, un equipo de trabajo para la formulación de un Plan Nacional de Sociedad de la Información coherente con la realidad peruana (E-Perú). Durante las reuniones del equipo técnico se avanzó en la formulación del documento pero también se reconoció que no había aún el suficiente nivel de consenso sobre todos los puntos y que era necesario avanzar hacia los lineamientos de una estrategia nacional que pusiera al país en el rumbo de la “sociedad de la información”.
Durante el 2003, con la primera fase de la CMSI en puerta, la Presidencia del Consejo de Ministros relanzó su estrategia de e-government y la vinculó al proceso de modernización del Estado que se comenzó a ejecutar a partir del 2004, con un financiamiento aproximado de 300 millones de dólares otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (IADB).
Ese año la Presidencia del Consejo de Ministros también creó la Comisión Multisectorial para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (CODESI) como entidad encargada de elaborar “un Plan para el desarrollo de la sociedad de la información en el Perú, el mismo que deberá contener un diagnóstico de la situación actual del Perú en el contexto de la sociedad de la información, las acciones necesarias a ejecutar para el desarrollo de la misma y los proyectos de normas y dispositivos que coadyuven al adecuado desarrollo, implementación y promoción de la sociedad de la información en el Perú”. 18
La CODESI declara19 que este organismo propugna una sociedad donde se otorgue prioridad a la solución de la pobreza y otras desigualdades de manera sostenible. Para lograr este objetivo necesita de la participación y el compromiso de todas las generaciones, asegurando la intervención de diversos grupos sociales y lingüísticos, culturas y pueblos. En especial de “aquellos más expuestos a la exclusión, discriminación y el prejuicio” y promoviendo también la equidad a nivel de género.
El plan de desarrollo de la sociedad de la información elaborado por la CODESI señala que las “TICs pueden usarse para exacerbar o para transformar relaciones de poder desiguales. Las TICs pueden ser herramientas poderosas para la acción social y el cambio social positivos y contribuir a la construcción de la igualdad de género y para acabar con la pobreza dependiente del estatus social, género, raza, habilidades y edad”20.
Los mecanismos concretos que tiene el gobierno peruano para el desarrollo de la sociedad de la información son el FITEL y la oficina de Proyectos del Vice Ministerio de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Mientras FITEL ha estado concentrado en la expansión de la telefonía en zonas rurales y algunas acciones relacionadas a facilitar el acceso al Internet, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha estado orientado a proyectos para desarrollar una plataforma electrónica del Estado y tiene en cartera varias iniciativas relacionadas con centros de acceso a internet. No se ha establecido entre ambas instituciones una relación clara que evite la duplicidad y un uso más racional de los recursos del Estado.
2.2 Inversiones en TIC
El mercado de las telecomunicaciones de Perú fue liberalizado en 1999 y el cuenta con libre competencia en telefonía fija, móvil, internet y servicios de valor añadido. El número de suscriptores de telefonía móvil alcanzó al de suscriptores de telefonía fija en 2001 y el mercado móvil se está ampliando constantemente. Según datos de OSIPTEL, en telefonía fija se pasó de una teledensidad de 3.21% en 1994 a 7.20% en 2004. A nivel de telefonía móvil, se pasó de 0,16% en 1993 a más de 13% en 2004. 21
Desde 1991, cuando se inicia el proceso de liberalización, muchas han sido las disposiciones que se han dado para ayudar a promover la apertura del mercado, incentivar la inversión en áreas críticas y garantizar las condiciones mínimas para la competencia en el sector de las telecomunicaciones en el Perú. Sin embargo, como señala la Red Científica Peruana (RCP), a pesar de dichas medidas “los niveles de teledensidad en el Perú se encuentran por debajo de otros países de la región, las disparidades por estratos socioeconómicos y regionales en nuestro país persisten -con lo cual los sectores de menores recursos tienen acceso limitado a estos servicios-, y se ha producido una marcada desaceleración del crecimiento de líneas en telefonía fija en los últimos años. La estructura de la industria presenta altos niveles de concentración y se evidencia una limitada oferta de servicios que respondan a las necesidades y demandas de los consumidores de menores ingresos, principalmente en las ciudades de menor tamaño y en las zonas de la periferia urbana” 22
Las inversiones en telecomunicaciones han sido lideradas por el capital extranjero, especialmente por Telefónica de Perú (de Telefónica España), compañía con la cual el Estado peruano mantiene un contrato desde 1994. Estas inversiones han beneficiado principalmente a los habitantes de Lima y en menor medida a los del resto del país23.
En octubre de 2006 el gobierno planteó renegociar el contrato con Telefónica, con el objetivo de bajar las tarifas manteniendo las inversiones en innovación tecnológica. Según el ministerio del sector, esta inversión "[…] permitirá satisfacer necesidades educativas, profesionales, comercio y acceso a servicios del Estado (sociedad de la información). / La inversión para incrementar el acceso a Internet con banda [ancha] permitirá disminuir la brecha digital existente. Este esfuerzo contribuirá a que se logre la meta del millón de conexiones para el año 2011"24
2.3 Limitaciones regulatorias
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones y OSIPTEL tienen a su cargo la regulación de las redes de los servicios públicos de telecomunicaciones en el Perú. El marco normativo de las infraestructuras de la información está definido por25:
(i) Los Lineamientos de Política de Acceso Universal.
(ii) Los Lineamientos de Políticas Generales para Promover el Acceso a Internet en el Perú.
(iii) Los Lineamientos de Políticas para promover un mayor acceso a los Servicios de Telecomunicaciones en áreas rurales.
Moscol Salina (2003)26 señala limitaciones regulatorias para el despliegue de la infraestructura de tecnologías de información y comunicación (TIC) en zonas rurales:

Las reglas para la interconexión son insuficientes para el desarrollo de la infraestructura en áreas rurales.

Se necesita reducir o eliminar requisitos para el acceso al mercado.

Es necesario el desarrollo de contenidos y capacitación locales (en especial para los sectores de educación salud, economía y otros necesarios para el desarrollo rural).

Es necesario establecer un sistema de seguridad electrónica y fomentar el comercio electrónico.

El acceso a internet no ha sido definido como servicio público de telecomunicaciones y existe un vacío normativo para los centros proveedores de internet.

Es necesario compartir infraestructura entre redes urbanas y rurales.

Estas barreras afectan el acceso a las nuevas tecnologías, afectan la sostenibilidad de nuevos emprendimientos, facilitan la concentración de la propiedad de los medios en pocas manos y dificultan la participación de la comunidad en el desarrollo de la sociedad de la información.
OSIPTEL y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones han avanzado en el desarrollo de regulaciones orientadas a solucionar en parte los problemas antes mencionados, siempre con énfasis en el problema del acceso. Sin embargo, tal como señala el Grupo de Análisis y Prospectiva del Sector de las Telecomunicaciones en España27, la emergencia de las tecnologías inalámbricas y la banda ancha están generando nuevos desafíos regulatorios que van mas allá del acceso y que involucra una mejor gestión del espectro para asegurar una mayor oferta, pero también obliga a pensar en la necesidad de establecer reglas de relación entre un servicio regulado, como es el de telecomunicaciones, y otro desregulado, como es el de la provisión de contenidos.
En respuesta a lo anterior, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha propuesto un proceso de “concesión única”, que se define como: “el derecho a prestar todos los servicios públicos de telecomunicaciones […] previa comunicación al Ministerio de Transportes y Comunicaciones”28
En cuanto a las tecnologías inalámbricas, el Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones define el espectro radioeléctrico como el medio por el cual pueden propagarse las ondas radioeléctricas sin guía artificial. Constituye un recurso natural limitado que forma parte del patrimonio de la nación. Corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones la administración, la atribución, la asignación y el control del espectro de frecuencias radioeléctricas. El mismo reglamento señala que la asignación del espectro radioeléctrico en las bandas identificadas para sistemas de accesos fijos inalámbricos y atribuidos a titulo primario para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, se realizará mediante concurso público en las áreas donde hay restricciones en la disponibilidad de frecuencias29.
Sin embargo, según el gerente general del OSIPTEL, WiMax en Perú sólo se utiliza para transmisión de datos, lo cual no está regulado, y considera además que mientras la infraestructura WiMax no se amplíe no es necesaria ninguna regulación.
La entidad pública responsable de la telefonía rural en el Perú es el FITEL, instrumento diseñado por el Estado Peruano para dar cumplimiento a su deber de expandir –mediante operadores subsidiados- los ser