Conferencia Ministerial Regional Preparatoria de América
Latina y el Caribe para la Cumbre Mundial sobre la Sociedad
de la Información (Bávaro, República Dominicana, 29-31 de enero 2003)

Panel sobre estudio de las características de los marcos
regulatorios necesarios para el desarrollo de la sociedad
de la información en América Latina y el Caribe

Ponencia de Sally Burch*

Campaña por el Derecho a la Comunicación en la Sociedad de
la Información (CRIS)

Este proceso preparatorio de la Cumbre Mundial sobre la
Sociedad de Información está cruzado por distintas visiones
de lo que es la sociedad de la información. Es importante
dilucidar estas diferencias, pues de acuerdo con la visión
de la cual se parte, variarán las metas de lo que se quiere
lograr, y por lo tanto, las estrategias para alcanzarlas.

Con el riesgo de tener que simplificar, propongo brevemente
resumir dos visiones distintas que están presentes, para
luego explorar algunas de sus implicaciones en el plano de
los marcos regulatorios.

Un primer enfoque de la sociedad de la información hace
referencia a un nuevo paradigma de desarrollo, que asigna a
la tecnología un rol causal en el ordenamiento social,
ubicándola como motor del desarrollo económico.

Bajo este concepto, la "sociedad de la información", se
circunscribe al ámbito digital: lo que no está digitalizado
quedaría fuera de esta nueva sociedad.

Para los países en desarrollo esto implica que la
transición hacia la sociedad de la información es
esencialmente una cuestión de tiempo y de voluntad para
crear las condiciones adecuadas.

Algo parecido sucedería con los sectores sociales
excluidos, a los cuales habría que incluir, mediante
programas de acceso universal.

Al colocar a la tecnología al centro de este modelo, la
industria de telecomunicaciones sería la llamada a liderar
su desarrollo. Por su parte, la industria productora de
servicios y contenidos digitales asumiría una influencia
inédita.

Pero hay otro enfoque que entiende a la sociedad de la
información como una nueva etapa del desarrollo humano,
caracterizada por el predominio que han alcanzado la
información, la comunicación y el conocimiento en la
economía y el conjunto de actividades humanas.

Desde este enfoque, la tecnología es el soporte que ha
desencadenado una aceleración de este proceso. Sin embargo,
no es un factor neutro, ni su rumbo es inexorable, sino que
el propio desarrollo tecnológico es orientado por los
juegos de intereses.

Desde esta visión, la sociedad de la información no
concierne únicamente al ámbito digital, sino que entiende a
lo digital como una nueva dimensión de la realidad, que
interactúa permanentemente con la realidad física y estas
dos dimensiones se influencian mutuamente.

Este enfoque supone que, dependiendo de cómo se orienta el
desarrollo de las tecnologías y cómo se las aplica, ellas
pueden tener un gran potencial para el fortalecimiento de
la democracia y la participación ciudadana, como también
para mejorar la educación, para fomentar la creatividad,
diversidad e intercambio cultural. Pero con igual
facilidad, pueden ser desarrolladas en función de proyectos
de control y vigilancia de carácter autoritario, o para
concentrar la propiedad de la producción y difusión de
contenidos.

¿Cuáles son las implicaciones en el marco regulatorio?

Si se parte de un enfoque centrado en la tecnología y
circunscrito al ámbito digital, las prioridades en el plano
regulatorio se asignan a aspectos como:

- Una regulación mínima de la industria para favorecer
la inversión

- La seguridad jurídica de los actores

- Los derechos de propiedad intelectual de las
empresas

intermediarias, más que de los/as creadores/as.

- El acceso universal

Si partimos de una visión centrada en metas sociales, el
énfasis en términos regulatorios es distinto. Implica,
entre otros aspectos:

- Abordar la brecha digital, no solo desde el acceso
universal, sino desde un entendimiento de cómo la
información, la comunicación y el conocimiento pueden
incidir en la solución de las brechas sociales y crear
las condiciones para que ello se dé.

- Crear las condiciones para garantizar mayores
niveles de participación de la sociedad y de las
comunidades en el control y gestión de las tecnologías
y los recursos de información y comunicación; no solo
las digitales, sino también otros recursos que han
demostrado su efectividad, como son las radios
comunitarias.

- Crear mecanismos para fomentar la pluralidad y la
diversidad de los contenidos y garantizar que puedan
difundirse.

Pero también hay otras consideraciones. Cuando se concibe
a la sociedad de información relacionada únicamente al
ámbito digital, se corre el riesgo de una simplificación
excesiva de las complejas relaciones entre éste y la
dimensión física. Transplantar información y actividades
desde el mundo físico hacia el digital, sin tener en cuenta
las transformaciones que ello implica en el primero, puede
conducir a errores costosos.

Una expresión de ello es la moda de anexar la "e" de
electrónico a todo lo que se digitaliza, sin diferenciar
entre las áreas de actividad que, siendo en su esencia
información y comunicación, son susceptibles de esta
transposición, como el correo electrónico y otras donde la
información y la comunicación son apenas un componente,
como gobierno o salud. Entiendo que muchos fracasos del
llamado "e-comercio" se deben a esta falta de claridad.

La CMSI tiene la responsabilidad de ayudar a esclarecer los
conceptos y no profundizar las confusiones con
terminologías inadecuadas.

Considerar a la sociedad de información como una dimensión
separada de la realidad, que requiere de un marco legal y
regulatorio exclusivo, podría incluso ser peligroso.
¿Vamos a definir otra ciudadanía que habite ese otro mundo?
¿Cuáles serán los parámetros democráticos que rijan el
debate, la definición, el control y la vigilancia de este
marco legal? Si bien puede ser cierto que las
particularidades del ciberespacio hacen necesarios otros
mecanismos de implementación de las leyes y reglamentos,
cuestionamos la conveniencia de dotarle de un marco legal
propio.

Eso sí, al facilitar una alta concentración del control de
los procesos de comunicación, hacen falta nuevas garantías
y derechos de la ciudadanía, en particular lo relacionado
con el derecho a la comunicación y la protección de la
privacidad; pero éstos no deben aplicarse solamente dentro
del ciberespacio, sino en la sociedad en su conjunto. Con
esa preocupación se impulsó la Campaña CRIS, (Campaña por
el Derecho a la Comunicación en la Sociedad de la
Información), para poner por delante propuestas en este
sentido en el marco de la Cumbre y de nuestras respectivas
sociedades. CRIS argumenta que no se puede hablar de la
sociedad de la información, sino de sociedades de la
información, pues no existe un único modelo. De lo que se
trata es de construir sociedades de la información,
nacionales, regionales, que respondan a nuestras realidades
y necesidades particulares.

Cuando se ha debatido la orientación de las políticas en el
marco de este proceso de la Cumbre, de hecho ha predominado
un consenso de que la dimensión humana y social debe
orientar el desarrollo de la sociedad de la información y
no la tecnología como fin en sí misma. Es lo que dicta el
sentido común y nos alienta verlo reflejado en las diversas
declaraciones de principios. Pero estaremos vigilantes de
cómo esta visión se traducirá en los planes de acción.

Implicaciones para el marco regulatorio en América Latina

Desarrollar sociedades de la información en América Latina
implica adoptar políticas conforme a nuestras realidades
propias, no dictadas desde fuera.

A nuestro entender, ello tiene implicaciones en términos
del fomento de una industria propia, orientada a las
necesidades y características de la región, tanto en las
telecomunicaciones, como en el software, contenidos, y
otras áreas. Entre las áreas donde se requiere desarrollar
un marco regulatorio y políticas públicas, se incluye:

- Medidas para que una parte de las ganancias de un
sector que se ha vuelto altamente especulativo sean
revertidas a iniciativas de corte social. Tales
iniciativas incluirían el acceso a la tecnología y a
la información. También incluirían, por ejemplo,
actividades de capacitación en manejo, no solo de la
tecnología, sino también de la información, que es
uno de los grandes retos de la sociedad de la
información.

- Medidas de fomento de la creatividad, la pluralidad
y la expresión de la diversidad cultural. Medidas
para asegurar un control democrático y equilibrio
geográfico en las instancias regionales que
gobiernan el Internet.

- El establecimiento de estándares técnicos comunes;
políticas de aliento al uso de códigos de fuente
abierta particularmente en las instituciones
públicas y educativas.

- Medidas de desarrollo y protección del dominio
público de la información.

- El fomento de medios de difusión en el dominio
público; o sea, medios independientes de los poderes
políticos y económicos, con participación ciudadana
en su gestión y acción.

- Protección de usuarios/as de Internet, especialmente
respecto a la privacidad de las comunicaciones, al
correo no deseado y al monitoreo no autorizado de la
navegación en Internet.
- Políticas democráticas para la asignación del
espectro radioeléctrico y garantías para la creación
y operación de radios comunitarias.

En la medida en que el desarrollo de la sociedad de la
información incida en el conjunto del desarrollo social, y
siendo que la intención es orientar el desarrollo de las
tecnologías al bienestar del conjunto de la sociedad,
entonces requerimos abrir un muy amplio debate público en
los ámbitos nacionales y regionales sobre qué sociedad de
información queremos construir. Y eso no lo estamos
viendo, ni en nuestros países, ni en los medios de
difusión.

Tampoco hemos encontrado en esta conferencia el espacio
suficiente para que una amplia gama de actores puedan
debatirlo. Si los gobiernos de la región tienen realmente
la voluntad de aprovechar las nuevas tecnologías para
fortalecer la democracia y la participación ciudadana,
entonces el proceso de esta Cumbre Mundial tendría que ser
mucho más abierto e incluyente.

* Sally Burch es Directora Ejecutiva de la Agencia
Latinoamericana de Información –ALAI–. Integra el grupo
coordinador de CRIS.