Quito,
10-12 de junio 2002
Del
10 al 12 de junio, se realizó en Quito el Encuentro
Latinoamericano: ¿Y por qué no una sociedad de la
comunicación?, con la participación del 36
delegad@s de 27 organizaciones y redes regionales o nacionales de
América Latina y el Caribe.
Convocado
por la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI), el
evento tuvo el propósito de entablar un diálogo entre
redes regionales de comunicación y sociales, con miras a
establecer una agenda básica para hacer avanzar la causa de la
democratización de la comunicación, tanto en el marco
de la "Cumbre Mundial de la Sociedad de Información"
convocada por la ONU (Ginebra 2003 y Túnez 2005) como en el de
dinámicas e iniciativas sociales y ciudadanas favorables a tal
causa.
1)
El Derecho a la Comunicación:
Al
colocar el Derecho a la Comunicación al centro de los
intercambios, el Encuentro cuestionó el concepto de Sociedad
de la Información, planteando que debería sustituirse
(o complementarse) por la noción de "Sociedad de la
Comunicación". Entre los argumentos esgrimidos, se
planteó que si la información, concebida como un
proceso de transmisión-recepción, tiende a disociar y
jerarquizar los polos de la relación social, solo la
comunicación, considerada como un proceso de interacción
multipolar, puede dar nacimiento a estructuras sociales. Mientras la
"Sociedad de la Información" se concibe básicamente
como una sociedad del Acceso, la "Sociedad de la Comunicación"
sería una sociedad de participación.
Reivindicar
el Derecho a la Comunicación implica traducir este derecho en
instrumentos vinculantes para que su ejercicio pueda ser reconocido
legalmente y garantizado. Es necesario, además, rescatar la
fuerza social y política que implica trabajar el tema de la
comunicación desde el enfoque de los derechos humanos.
El
marco jurídico actualmente dominante en esta materia regula el
quehacer comunicativo desde un enfoque economicista-mercantil y
tecnológico, más que desde un enfoque de derechos,
favoreciendo así la reproducción de las desiguales
relaciones de poder.
Disponer
de una conceptualización jurídica del derecho a la
comunicación es necesario para poder formular demandas
precisas. La conceptualización propuesta comprende cinco
derechos, algunos de los cuales ya están reconocidos en los
instrumentos de derecho internacional, pero otros no:

El
derecho a la libertad de opinión
El
derecho a la libertad de expresión
El
derecho a la libertad de difusión
La
libertad de información
Derecho
al acceso y uso de los medios y tecnologías de la información
y comunicación

Se
vio necesario contar con una definición más precisa del
Derecho a la Comunicación, desde una perspectiva de los
derechos humanos. Se ha formulado una
propuesta para iniciar la discusión.
2)
La Cumbre Mundial de la Sociedad de Información:
La
discusión se centró en la ubicación del marco en
el cual se realiza la Cumbre, sus propósitos, carácter,
implicaciones y las posibilidades de incidencia. Se lo abordó
principalmente desde dos enfoques: el de la crítica de
principio de la propuesta de la Cumbre ?en su forma y en su
concepción?, y el de las oportunidades que un proceso
como éste ofrece para influir en la formulación de
políticas públicas y sensibilizar a la opinión
pública acerca de la problemática de la comunicación.
El
carácter y proceso de la Cumbre:
La
instancia convocante de la Cumbre Mundial de la Sociedad de
Información es la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT), un organismo de carácter técnico.
Este hecho, así como la convocatoria, que parte de una agenda
en la que prevalecen los asuntos relativos a la conectividad y
desarrollo tecnológico, a expensas de otros aspectos, marcan
el tono que se ha pretendido dar a la Cumbre. La preside el
Secretario General de la ONU, Kofi Annán y el comité
de alto nivel integra l@s jefes de todas las agencias de la ONU, lo
cual es un indicio del alto perfil que le pretende dar la ONU.
La
convocatoria es "dirigida a la participación de todos los
actores de la sociedad". Es la primera conferencia de la ONU
que pretende ser tripartita: gobiernos, sociedad civil y sector
privado, si bien son los gobiernos que invitan y deciden los niveles
de participación.
La
Cumbre se realiza en dos fases: en Ginebra en diciembre 2003, donde
se adoptará una Declaración y un Plan de Acción;
y en Túnez en 2005, para la evaluación de los progresos
alcanzados y adopción de acciones adicionales.
El
temario provisional de la Cumbre, según el sitio web del
mismo, es:

Creación
de infraestructura
Puertas
abiertas
Servicios
y aplicaciones
Protección,
privacidad y seguridad del consumidor

Desarrollo
de un marco general

TIC
y educación

Por
lo general, ni los gobiernos (salvo en África) ni el sector
privado han demostrado, hasta ahora, mayor interés en la
Cumbre y el proceso está desfinanciado.
Se
realizarán tres Comités preparatorios (Prepcom). En el
Primer Prepcom (Ginebra, julio 1-5, 2002), la información que
se dispone es que el mismo discutirá fundamentalmente los
criterios y mecanismos de participación de la sociedad civil y
sector privado, y además abordará la agenda temática,
sin entrar a debatir los contenidos específicos de los puntos
de esa agenda.

Está
previsto dos Prepcoms más, en el 2003, y reuniones
intergubernamentales en cada continente. En el caso de América
Latina, se conoció extraoficialmente que Chile habría
declinado ser sede de la reunión regional preparatoria, y que
otros países en consideración podrían ser
República Dominicana y/o Brasil.

A
nivel de la facilitación de la participación de
sociedad civil de la región, se ha iniciado un proceso de
consultas, en concertación con la secretaría en
Ginebra, con miras a constituir un comité de coordinación
de carácter autónomo, con participación de redes
regionales.
En
los intercambios, se percibió que la Cumbre plantea un reto
serio a la ciudadanía, porque:

El
tema es la Sociedad. La Cumbre plantea discutir, para el futuro
inmediato, qué es la Sociedad de la Información y
definir un Plan de Acción consecuente, para que los países
?se adapten? ?en los términos de Kofi Annan?
a las exigencias y desafíos de esa sociedad; es decir, la
Cumbre podría constituir una instancia de legitimación
de una realidad en la cual el derecho a la comunicación ha
sido confiscado;
Es
preocupante que la Cumbre sea convocada en ausencia de un marco de
derecho internacional en materia de comunicaciones.
La
designación de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) como convocante de la Cumbre, como también
la primera versión de la agenda, son indicios de que se
quiere imprimir un carácter reduccionista del tema a sus
aspectos tecnológicos y economicistas. Se considera que no
es el organismo idóneo.
La
decisión de incluir en la convocatoria, por primera vez, la
invitación al sector privado en igualdad de condiciones con
las organizaciones no gubernamentales -que hacen parte del sistema
de las Naciones Unidas desde sus inicios- podría implicar
abrir la puerta a la presencia en la Cumbre de las empresas
transnacionales propietarias (de medios, telecomunicaciones,
informática) que controlan esa sociedad de la información,
para defender sus intereses económicos particulares. Es
más, se trata del mismo sector que ha puesto en jaque a la
Sociedad de Información por haber protagonizado las más
colosales especulaciones de la historia, que desataron grandes
pérdidas, lo cual en los años venideros significará
costos más altos a los consumidores y una ampliación
de la brecha digital.
En
este sentido, la Cumbre se vislumbra como un experimento de lo que
podría llegar a ser el nuevo sistema de las Naciones Unidas,
diseñado en función de un paradigma del poder
económico, que hoy estaría reemplazando al paradigma
de la multilateralidad, lo cual crearía un precedente
peligroso en la ONU.

El
contexto regional:

La
brecha digital en América Latina y el Caribe es un reflejo y
resultado de las profundas brechas sociales y económicas.
Pretender que éstas puedan superarse desde la tecnología
?como indica el discurso dominante-, no tiene asidero. La
historia más bien indica lo contrario. Es cierto que el
acceso al Internet está creciendo a un ritmo acelerado (se
estima que el número de usuarios se triplicaría este
año), pero amplios sectores permanecerán marginados por
mucho tiempo.
Entre
las barreras que se señalaron para la participación de
América Latina y el Caribe en la "Sociedad de
Información", se incluye:

Ausencia
de políticas gubernamentales en la materia
Carencia
o subutilización de infraestructura de telecomunicaciones
Contenidos
que no responden a las necesidades de los pueblos

Además,
las tres industrias claves están en manos privadas: o sea,
telecomunicaciones, informática y proveedores de contenido
(medios). Las presiones ejercidas por estos sectores, los países
desarrollados y las instituciones financieras multilaterales, para
acelerar la desregulación, responden a intereses del mercado y
significa quitar la protección a lo social (bienes comunes).
Entre
los gobiernos de la región hay poca preocupación por
desarrollar industrias propias en el sector (como software). Más
bien se busca favorecer las inversiones transnacionales. Preocupa,
por otra parte, la falta de interés de los gobiernos de la
región por organizar la consulta regional.
Participación
de la sociedad civil en la Cumbre:
Respecto
a la participación de la sociedad civil en el proceso de la
Cumbre, se señaló que puede ser una oportunidad para
incidir en políticas, como por ejemplo la regulación de
frecuencias, que mundialmente está regida por la UIT. Además,
permite llevar estos temas a los Estados Nacionales. Pero en muchos
aspectos la participación deberá apuntar a mantener un
contrapunto a la propuesta tecnologista y los intereses de la grandes
corporaciones.
Como
obstáculos a la participación e incidencia de la
sociedad civil, hubo preocupación de que la Sociedad Civil
pueda ser rebasada por los argumentos técnicos y jurídicos
de las contrapartes de la Conferencia. Por ello, se debe ponderar
lo que no se quiere perder y lo que se quiere conseguir.
Se
reconoció, además, que la propuesta inspirada en el
Derecho a la Comunicación enfrenta la Cumbre desde una
posición de debilidad. A diferencia de otros procesos como el
Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación
(NOMIC), que contó con apoyo de 112 estados miembros en la
Conferencia General de la UNESCO, hoy parece existir una falta de
interés, o de consenso entre los países respecto del
tema de la comunicación. Por ello, la articulación de
alianzas será fundamental.
Asimismo,
para los próximos meses previos a la Cumbre es clave realizar
un trabajo de sensibilización, para movilizar a los sectores
organizados de la sociedad y la opinión pública sobre
los temas de fondo. Ello pasa por promover una nueva relación
entre medios alternativos y movimientos sociales; además de un
trabajo de difusión y de educación.
Acuerdos
y recomendaciones respecto a la Cumbre:
L@s
participantes concordaron en que el objetivo estratégico de su
participación en el proceso de la Cumbre es la defensa y
promoción del derecho a la comunicación en la Sociedad
de la Información. En este sentido, se acordó en la
necesidad de llevar propuestas para que la agenda se amplíe
para abarcar una visión más integral (desde el concepto
de la sociedad de la comunicación); asimismo, se subrayó
la importancia de reivindicar las palabras "comunicación"
y "participación", y restituirlas en los documentos
al mismo título que "información" y "acceso",
donde sea posible.
Se
subrayó que el aporte de la región a la Cumbre parte de
un enfoque global de la problemática; no es una propuesta
solamente regionalista. Las propuestas sobre derecho a la
comunicación y Sociedad de la Comunicación pretenden
ser un aporte en este sentido.
Frente
a la convocatoria de la Cumbre a sociedad civil y sector privado, se
recomendó defender en los espacios oficiales que la sociedad
civil esté presente en todos los espacios del proceso
preparatorio. Se consideró asimismo inaceptable que se trate
de aplicar las mismas reglas al sector privado que a las ONGs, que
siempre han tenido presencia en la ONU.
Sin
desconocer que el diálogo con el sector privado puede, en
ciertas circunstancias, ser beneficioso, se recomendó el
criterio de que en la Cumbre, el sector privado debería ser
representado por sus asociaciones y no por empresas ?o
empresarios- individuales; y que no es aceptable que al mismo tiempo
las fundaciones empresariales estén representadas como parte
de la sociedad civil. Y sobre todo, la presencia de empresas no debe
crear un precedente en la ONU para que ésta se vuelve un
espacio donde las grandes empresas transnacionales se sientan a la
par de los gobiernos.
Se
acordó que quienes vayan al Prepcom desde este encuentro se
encarguen de llevar este mensaje colectivo del Encuentro.
Otras
propuestas:
Se
consideró también las siguientes propuestas:
Como
criterios para la agenda temática de la Cumbre, se subrayó:

La
necesidad de asociar la noción de acceso universal y
equitativo? a la de ?participación universal y
equitativa en la producción y emisión de la
información?.

Proponer
la inclusión del tema del control de la sociedad de la
información, por ejemplo proponer otro un grupo temático
sobre "Control de los canales y contenidos", que incluiría
temas como: leyes