Monterrey, Nuevo León, México, 13-15 de noviembre de 2003

Los Derechos y las Libertades en el plano mundial

En 1948 entró en vigor la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, legislación internacional derivada de uno de los
consensos trascendentales entre los países que integraron
inicialmente la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al
término de la Segunda Guerra Mundial.

Debe decirse que esta Declaración de alcance mundial fue adoptada
un siglo y medio después de la promulgación de los Derechos
Fundamentales del Hombre por parte del gobierno independentista
de Estados Unidos y de la Francia revolucionaria en la década de
1780.

Estos hechos dan cuenta de la enorme dificultad que ha tenido la
conquista de los derechos y las libertades fundamentales. Han
sido los pueblos del mundo, sus luchas frecuentemente armadas,
sus resistencias civiles, y sus organizaciones y movimientos
sociales y políticos, los que han forjado estos valiosos
instrumentos de la convivencia y el respeto entre las naciones,
las comunidades y los individuos.

No obstante, esas libertades y derechos básicos siguen siendo
precarios en muchos países y letra muerta para gran parte de la
población mundial. Durante y después del "Apartheid" en
Sudáfrica, en los regímenes abiertamente autoritarios y en otros
con "fachada democrática" del continente africano se violan
cotidianamente esos derechos y libertades.

La hegemonía militar y económica de Estados Unidos en la segunda
posguerra, la "guerra fría" y en las décadas recientes, ha jugado
un papel central en esas violaciones. Indonesia, Guatemala,
República Dominicana, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay,
Bolivia, Perú, Nicaragua, El Salvador y Colombia, por citar
algunos casos, son países en los que la injerencia directa
estadounidense fue el factor determinante de la supresión legal o
de hecho de las libertades civiles y los derechos humanos.

El bloqueo a Cuba por más de cuarenta años es el símbolo del
egoísmo, la prepotencia y la burla con que Estados Unidos trata
el marco de convivencia de la comunidad internacional y la
dignidad de los pueblos del mundo. El bloque viola los derechos
humanos –consagrados en la Declaración de la ONU– a la
alimentación, la salud y el desarrollo económico de los cubanos,
porque cancela y castiga la cooperación y el intercambio de
bienes y servicios con la Isla. Para fue creado ese engendro
jurídico conocido como la "Ley Helms-Burton", a pesar de que
numerosos países rechazan su aplicación, y amplios sectores de la
propia sociedad estadounidense reclaman el fin del bloqueo.

Aún así, el gobierno y la plutocracia "yanquis" no han logrado
ni lograrán doblegar la determinación del hermano pueblo cubano
de defender hasta las últimas consecuencias su derecho a la vida,
independencia, soberanía y las formas que ellos mismos decidan de
regir sus destinos.

Los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y
Washington, fueron consecuencia directa de las políticas
criminales y de las actividades de la diplomacia, las agencias y
los ejércitos de la potencia imperial en todo el mundo. Fueron el
pretexto ideal de la Casa Blanca y del complejo militar-
industrial de los halcones del Pentágono y las corporaciones
armamentistas, para masacrar, invadir, ocupar y saquear a
Afganistán e Irak, bajo el principio rector de "guerra total
contra el terrorismo".

El gobierno estadounidense promovió, financió y armó a la
guerrilla talibán durante los últimos años que combatió a la
ocupación soviética y los gobiernos proclives a Moscú. Y siguió
apoyando al régimen talibán hasta poco antes de ese trágico 11 de
septiembre. Estados Unidos traicionó a su aliado, siguiendo esa
tesis pragmática que el mundo conoce pero que frecuentemente
omite: "no tiene amigos, tiene intereses".

El último presupuesto público del gobierno talibán fue de 900
millones de dólares. Uno de los países más pobres e indefensos
del mundo fue masacrado y neocolonizado, violando el derecho
internacional, los derechos humanos y las libertades civiles, por
el país que se dice "adalid universal" de esos derechos y
libertades.

Después de más de diez años de embargo petrolero y económico, que
provocó la muerte por hambre y enfermedades curables de cientos
de miles de niños, ancianos y adultos, que representó la
violación flagrante del derecho internacional y los derechos
humanos, Irak fue nuevamente destruido y ocupado bajo el pretexto
de que Saddam Hussein representaba la principal "amenaza a la
seguridad nacional de Estados Unidos"; no obstante que los
inspectores de la ONU constataron que Irak no poseía armas de
destrucción masiva, las mismas que no han aparecido hasta la
fecha.

Esta invasión echó por tierra el marco jurídico internacional
regulado por la ONU, poniendo en evidencia la fuerte sumisión de
este organismo a los intereses de Estados Unidos, y desenmascaró
el verdadero propósito de la potencia imperial de dominar el
mundo y de apropiarse de los recursos petroleros y gasíferos de
toda esa región. No por casualidad Irán fue incluido en lo que
Bush hijo llamó el "eje del mal", junto con Corea del Norte y
Cuba, países que rechazan categóricamente someterse a los
dictados del imperio.

La "guerra total contra el terrorismo" también fue el pretexto
para rebajar, y suprimir discrecionalmente, los derechos y las
libertades de la población estadounidense; al tiempo que aceleró
los planes de control, sometimiento y mayor saqueo "yanqui" sobre
América Latina y el Caribe.

Los Derechos Humanos y las Libertades en América Latina
y el Caribe

En los países de América Latina y el Caribe nunca se han
respetado, no digamos a cabalidad sino siquiera medianamente, los
derechos individuales y colectivos y las libertades civiles.
Desde luego, no durante la época colonial, pero tampoco en los
dos siglos de vida independiente.

Los derechos y libertades de primera generación plasmados en las
Constituciones fundacionales y sus posteriores reformas hasta
nuestros días, y sus diversas aunque escasas leyes
reglamentarias, han sido poco menos que letra muerta sobre todo
para las clases y sectores populares y los pueblos indígenas.

La imposición por las oligarquías de gobiernos, políticas y
complicidades con los intereses imperialistas principalmente de
Estados Unidos, así como la negación de facto o jurídica de las
garantías individuales, las libertades civiles y los derechos
humanos ha sido la regla permanente, con honrosas excepciones en
la historia de algunos países. Así ha sido hasta llegar al
extremo de las sanguinarias dictaduras militares de los años
setenta y ochenta.

En la segunda mitad de los años ochenta comenzó la vuelta de la
democracia electoral en el Cono Sur, después de la larga noche de
las feroces dictaduras militares y demás regímenes represores.
Después, también, de que esos gobiernos y los de México,
Centroamérica y el Caribe, con excepción del gobierno
revolucionario sandinista, pusieran las economías, los recursos
naturales y la explotación de la fuerza de trabajo de nuestros
países al servicio del capital financiero internacional y los
intereses de Washington, bajo los dictados del modelo neoliberal
impuesto por los organismos económicos multilaterales: FMI, Banco
Mundial, BID, CEPAL y otros.

Los efectos de la recesión internacional, el agotamiento del
modelo desarrollista, la crisis fiscal de los llamados "gobiernos
populistas" y la denominada "década perdida" que tuvieron lugar
en los años ochenta; así como la configuración de un mundo
unipolar con el derrumbe de la URSS y del bloque eurosoviético,
la formación de los megabloques económicos regionales y la
globalización financiera, productiva y comercial de los años
noventa, que se desplegaron en los años ochenta; el efecto de
todo ello vació de cualquier contenido de bienestar económico y
social el regreso y el mayor respaldo internacional de la
democracia política en Latinoamérica y el Caribe.

Las decisiones fundamentales se tomaban (y en la mayoría de los
casos se siguen tomando fuera) de nuestro países, mientras la
democracia era reducida a meros rituales electorales y se
conculcaba los derechos políticos reales de los ciudadanos. Esta
situación prevalece en la mayoría de nuestros países y tiene que
cambiar.

En el contexto de la primera movilización mundial contra la
globalización en Seattle en 1999, la mayoría de los venezolanos
eligieron como presidente a Hugo Chávez Frías al frente de la
Revolución Bolivariana. Fue el inicio de la incorporación
constitucional y legal de los derechos económicos, políticos y
sociales, y el compromiso de respetar y fortalecer las libertades
y los derechos humanos en el subcontinente.

Siguió Ecuador con la elección como presidente de Lucio Gutiérrez
Borbúa, encabezando una alianza de los sectores populares y los
pueblos indígenas, con el compromiso de respetar y fortalecer los
derechos indígenas reconocidos en la Constitución y las leyes de
ese país bajo la presidencia de Rodrigo Borja a principios de los
años noventa, pero negados de hecho hasta el presente. La
situación en este país ha tomado un giro que lamentablemente
apunta en otra dirección.

La dramática situación en Argentina desde el año 2000, donde la
población clamó "¡que se vayan todos!" (la clase política) y
derribó a dos presidentes, tuvo un desenlace con el arribo de
Néstor Kirchner a la presidencia y la puesta en el centro de su
gobierno la recuperación y el desarrollo económico y social del
país, y el restablecimiento de la confianza en las instituciones
del Estado, pasando por encima de la deuda externa y rechazando
las presiones imperialistas de volver a la sumisión de los
dictados neoliberales. Aunque no está dicha la última palabra
sobre el futuro próximo de Argentina, el pueblo está a la
expectativa.

El triunfo de "Lula" da Silva a finales de 2002, reflejó la
determinación de la mayoría de los brasileños por dejar atrás el
país de las enormes riquezas saqueadas desde el exterior y
concentradas internamente en una cuantas manos, mientras más del
50% de la población sufre hambre, hacinamiento, desempleo,
ingresos nulos o precarios, carencia de tierras para cultivarlas,
y grave desatención en salud y educación. Es decir, la mayoría de
los brasileños votó a favor de hacer realidad los derecho más
elementales de todo ser humano: a la vida, la alimentación, al
trabajo, la salud y la educación; por refrendar y fortalecer sus
libertades sociales y políticas, y por dotar de contenido real –
en el sentido de bienestar económico y social– a la democracia
electoral. Esta es la apuesta esperanzadora del gigante de
Latinoamérica y el Caribe, y se esperan buenos resultados.

A lo anterior se añade el hecho esperanzador de que entre el 19
de septiembre y el 17 de octubre pasados, una revolución sacudió
a Bolivia. Los indígenas aymaras, quechuas y guaraníes, junto con
los mineros y otros gremios de la Central Obrera Boliviana, así
como los maestros, estudiantes y diversos sectores populares, con
Evo Morales, Felipe Quispe y Jaime Solares a la cabeza, echaron a
Gonzalo Sánchez de Lozada del poder y suscribieron un pacto con
el nuevo presidente Carlos Mesa, para que en un plazo de tres
meses reorganice el gobierno, reoriente sus políticas en
beneficio del pueblo boliviano, y respete sus libertades y
derechos humanos, políticos y sociales de la ciudadanía y de los
pueblos indígenas. De no honrar el pacto, los bolivianos
derrocarán de nuevo al gobierno sustituto.

Hay perspectivas favorables de que a estos procesos se sumen en
los próximos años transformaciones favorables para nuestros
pueblos en El Salvador, Uruguay, Colombia y Nicaragua. En México
comienzan a configurarse elementos en ese sentido. El
resurgimiento de organizaciones y movimientos sociales
tradicionales, la emergencia de muchos otros de nuevo cuño
plurales y vigorosos, y la confluencia de todos ellos con las
fuerzas de una izquierda partidista consecuente y comprometida
con las mejores causas populares, está cambiando la faz de
nuestro subcontinente.

En la base de todos estos procesos están los pueblos, sus añejas
y nuevas demandas y reivindicaciones, pero también su
determinación de poner en el centro de las luchas sociales y
políticas la recuperación de sus derechos y libertades
individuales y colectivos; en primera instancia económicos y
sociales, pero también políticos y culturales, enlazados con la
indeclinable voluntad de restablecer y hacer respetar la
independencia y soberanía nacionales.

Parece haber llegado la hora de comenzar a hacer realidad
tangible los derechos y libertades de nuestros pueblos, a pesar y
en contra de las políticas y ambiciones imperiales. Las
organizaciones del FCOC tienen que estar a la altura de las
exigencias de esta nueva etapa.

Conclusiones y propuestas

1. La etapa actual está marcada por la ambivalencia. Por una
parte, el reemplazo por razones obvias de la estrategia
imperialista contra la "amenaza roja" por la estrategia de
"guerra total contra el terrorismo" a partir del 11 de
septiembre de 2001, puso en grave riesgo la vigencia y
respeto de los derechos humanos y las libertades civiles.
Pero por otra, está emergiendo un vigoroso movimiento
internacional, más acusado en unos países que en otros, por
la adopción, vigencia y respeto de estos derechos y
libertades, que ya está dando frutos.

2. Los derechos y libertades han sido hasta ahora poco menos
que letra muerta, o en su caso sumamente precarios en su
variedad, respeto y aplicación. La razón primordial de esto
ha sido la feroz oposición del imperialismo y las
oligarquías a tales derechos y libertades. Esta es la
primera línea de confrontación ante la cual debemos sumar
las organizaciones sociales, los movimientos populares y las
fuerzas de izquierda, para hacer retroceder y derrotar a la
alianza imperialista-oligárquica.

3. Otra razón estriba en que cuando esos derechos y libertades
están consagrados aunque sea de manera precaria en las
Constituciones, no se realiza su reglamentación mediante
leyes secundarias, haciendo de ellos nociones
impracticables. Debe promoverse la cultura entre las
organizaciones sociales, los movimientos populares y los
partidos de izquierda consecuentes y comprometidos con el
pueblo, de traducir derechos y libertades abstractos en
instrumentos efectivos de regulación en todos los órdenes de
nuestros países.

4. En varios países de América Latina y el Caribe las
organizaciones sociales y los movimientos populares están en
ascenso, reivindicando firmemente su carácter de sujetos
autónomos de masas. Este proceso debe ser alentado y
fortalecido, y dicho carácter debe ser respetado, pero
también debe promoverse el acercamiento y la unidad con las
fuerzas partidistas de izquierda y progresistas que muestren
su determinación indeclinable de luchar por los derechos y
las libertades de nuestros pueblos.

5. El FCOC y sus organizaciones han jugado un papel importante
en la etapa de resistencia contra el neoliberalismo, la
globalización y las ambiciones imperialistas. Esta etapa aún
no termina, pero ya se está configurando una nueva etapa de
ascenso de las luchas sociales y políticas de nuestros
pueblos por los derechos y las libertades y también por el
poder del Estado. En esta nueva etapa el FCOC está llamado a
jugar un papel de primer orden, y debe estar a la altura de
las nuevas circunstancias.

* Dip. Fed. Pedro Vázquez González, Ing. Sergio Arellano