El "Tribunal de los Pueblos a las Transnacionales Europeas y al sistema de poder de las corporaciones en América Latina y el Caribe" inicia en Viena, Austria, el 10 de mayo, la víspera de la Cumbre Presidencial entre los dos continentes.

El Tribunal pasará revisión a la actuación de las empresas transnacionales en cinco áreas, escogidas por las denuncias recibidas o por simbolizar luchas emblemáticas. Éstas son: servicios públicos -agua y electricidad-, recursos naturales -hidrocarburos y minería-, cadena agroalimentaria, el mundo del trabajo y finanzas. Luego de la presentación de un informe general por área, durante dos días el Tribunal escuchará los testimonios de unas 30 personas de 11 países de América Latina y el Caribe, quienes hablarán del impacto del accionar de las transnacionales en sus países, sus comunidades, sus lugares de trabajo, sobre la soberanía de los Estados y muchas otras dimensiones.

Entre las empresas enjuiciadas constan la empresa Suez de Francia, en relación a los servicios privatizados del agua en cinco países; la petrolera española Repsol, con testimonios de Colombia, Bolivia y Ecuador; la empresa alemana Bayer, por el efecto de los agroquímicos en Perú; seis empresas de forestación y celulosa, por las plantaciones en Uruguay y en el sur de Brasil; y la Telefónica de España, a propósito de derechos laborales.

Un jurado de ocho miembros, provenientes de los dos continentes, emitirá un veredicto. Al igual que los anteriores tribunales de los pueblos, se trata, por supuesto, de un tribunal de opinión, que no tiene un poder vinculante. Su relevancia reside más bien en las orientaciones que puede dar para la continuidad del trabajo de los movimientos de lucha -donde no se excluye la posibilidad de llevar algunos de los casos ante la justicia ordinaria-, y la visibilidad que permite dar a las denuncias.

Enjuiciar al sistema de poder transnacional

Como comentó una de las coordinadoras del Tribunal, Claudia Torrelli, de la Alianza Social Continental: "el tribunal es un primer paso para empezar a sistematizar, generar convergencias en todo lo que sea el trabajo con las multinacionales, tanto para fortalecer campañas concretas, como para tener dentro del movimiento demandas más claras y articuladas sobre la lucha frente a las transnacionales y qué es lo que pretendemos: si son regulaciones, si es sacarlas de determinados sectores económicos...". Apunta, además, a la visibilización de esta problemática y a la desmitificación "porque mucha gente piensa que sin transnacionales no podemos vivir, que necesitamos la inversión transnacional directa, que son siempre buenas, que siempre traen recursos tecnológicos, que acomodan la balanza de pagos de nuestros países".

El Tribunal está organizado por la Red Biregional Europa - América Latina y el Tribunal Permanente de los Pueblos. A diferencia de tribunales anteriores, este es el primer tribunal que se propone enjuiciar, no solo a empresas concretas, sino también al propio sistema del poder transnacional corporativo. "Estamos denunciando que ésta es una cuestión estructural y sistémica -señala Torrelli-. Y que por lo tanto requiere de una respuesta que va mucho más allá de las respuestas o luchas concretas, si bien la suma de todas estas luchas hace parte de un proceso de visibilización y de estrategias. Pero no queremos hablar solamente de casos concretos, sino a través de estos casos mostrar una situación mucho más estructural".

El Tribunal es parte del Foro Enlazando Alternativas, que proseguirá paralelo a la Cumbre hasta al día 13.

Europa: mayor inversionista en ALC

Hasta ahora, por ser EE.UU. el primer país en inversiones en la región, y más aún con la oposición que han concitado las negociaciones del ALCA y de los TLCs, la mirada de los movimientos sociales ha estado dirigida sobretodo al impacto de las empresas norteamericanas; sin embargo, la Unión Europea, como conjunto, tiene más inversiones que Norteamérica en la región, y está presente en muchas áreas estratégicas como agua, finanzas, telecomunicaciones y energía.

Las transnacionales europeas, durante los años '90, comenzaron a gravitar con fuerza en la economía latinoamericana, con impactos concretos en el medio ambiente, sobre el empleo, en las comunidades, en el uso de la tierra y particularmente en los servicios públicos. España, que cuenta con la mitad de esta inversión, tiene una considerable presencia en servicios públicos, telecomunicaciones y finanzas, entre otros sectores. En servicios públicos están también Portugal, Francia e Italia. Incluso, España y Portugal comenzaron a ser economías globales a partir de las inversiones en América Latina de sus empresas estatales (que luego privatizaron), tomando grandes porciones de estos sectores económicos en el continente del sur. Holanda, Inglaterra y Alemania tienen una trayectoria de muchas décadas de inversión, más diversificada, en áreas como supermercados, servicios financieros, seguros e hidrocarburos, entre otros.