Campaña Global por la Reforma Agraria
Red de Emergencia

Grupos de paramilitares de Bolivia realizaron una masacre contra
campesinos sin tierra, la cual, ocurrió el viernes, 9 de noviembre, a 40
km de la ciudad de Yacuiba, capital de la Provincia del Chaco, sur de
Bolivia, de la cual resultando muertos ocho campesinos y más de veinte
heridos. Las 180 familias del Núcleo de Campesinos Sin Tierra de Pananti
fueron atacados por grupos paramilitares, los cuales, fueron apoyados
por la policía y el ejército. Estos ataques se han repetido
sistemáticamente desde que las familias campesinas ocuparon
pacíficamente en junio de 2000 el fundo Pananti, latifundio de 3.000
hectáreas que no cumple con ninguna función económica y social. Después
de la masacre sigue la persecución de los campesinos sin tierra, sin que
el Estado boliviano tome medidas para frenar la violencia contra los
campesinos.

Ante esta grave situación de violencia, es muy importante presionar a las
autoridades bolivianas para que tomen medidas urgentes para respetar y
proteger a las familias de campesinos sin tierra, que se castigue a los
responsables y que agilicen el proceso de destinación de tierras a los
campesinos. Por favor, envíe cartas al Presidente de la República de
Bolivia, Sr. Jorge Quiroga Ramírez, con copia para el Ministro de
Justicia y Derechos Humanos, Sr. Mario Luiz Serrate Ruiz. Por favor
informe también al Movimiento Sin Tierra de Bolivia.

Antecedentes

En Bolivia se vive la paradójica situación de que existen grandes
extensiones de tierra sin ser trabajadas y miles de campesinos que
carecen de tierra para cultivarla y vivir de ella. El 80% de las pequeñas
propiedades menores de 10 hectáreas, dispone sólo del 2.6% de las
tierras. En contraste, sólo el 1.8% de los propietarios, con 500 hasta
más de 5.000 hectáreas, dispone del 85,3% de las tierras. En la
actualidad existen más de 100.000 campesinos sin tierra en Bolivia.

En 1996, con el fin de frenar la dotación irregular de tierras y corregir
la distribución desigual, se promulgó una nueva Ley de Reforma Agraria,
llamada "Ley INRA". Sus pilares son el saneamiento, la reversión y la
dotación de tierras que no cumplen con la función económica y social de
la explotación de la tierra. Estas medidas hasta la fecha no contribuyen
a la superación de los problemas de distribución de tierras en Bolivia.
El Instituto Nacional de Reforma Agraria no ha logrado revertir al Estado
las propiedades abandonadas, ociosas o ilegales, que deberían ser dotadas
preferentemente a los pueblos y comunidades indígenas y originarias sin
tierra. Las razones residen en las ambigüedades de la Ley INRA y su
reglamento, pero sobre todo en el sometimiento de los poderes del Estado
a las presiones de la influyente clase terrateniente de Bolivia que se
opone a los cambios en la estructura de la propiedad agraria.

Ante la injusta distribución de tierras y ante la pérdida de la
esperanza que se implementen medidas por parte del Estado, las familias
campesinas, en mayo de 2000, decidieron organizar Núcleos de Campesinos
Sin Tierra y empezaron a ocupar las tierras de latifundistas que no
cumplían con la función económica y social en la provincia Gran Chaco del
Departamento de Tarija. El 23 de junio de 2000, en Yacuiba, 180 familias
realizaron la primera ocupación de terreno de latifundistas. Allí se
constituyó el Núcleo Campesino Sin Tierra de Pananti. Hoy hay mas de 18
núcleos campesinos. Finalmente en junio de 2001, se constituyó el
Movimiento Sin Tierra de Bolivia.

En reacción, los terratenientes contrataron a grupos paramilitares y
empezaron a atacar los núcleos campesinos. Las autoridades bolivianas a
pesar de las constantes denuncias y reivindicaciones no combate a los
grupos paramilitares, criminaliza a los Sin Tierra y a organizaciones de
apoyo y no cumple con acuerdos hechos con los campesinos.

El mandato de la Red de Emergencia

Bolivia ratificó los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y, por lo
tanto, está obligado por el derecho internacional a respetar, proteger y
garantizar los derechos de las familias sin tierra. El Estado tiene la
obligación de proteger a los campesinos sin tierra contra las acciones de
violencia de los terratenientes y sus grupos paramilitares. Además la
obligación estatal de garantizar el derecho a alimentarse de las personas
carentes y sin recursos significa que el Estado tiene que asistir a estas
personas en sus esfuerzos por alimentarse. El Estado tiene que estar
abierto a las reivindicaciones de grupos marginalizados como los Sin
Tierra y tiene que llevar a cabo programas de reforma agraria para
superar la situación de privación que sufren las personas sin acceso a
los recursos productivos. La extrema morosidad y falta de voluntad
política en la implementación de la reforma agraria constituyen una
violación de los derechos económicos y sociales de las familias
campesinas sin tierra de Bolivia, que conlleva también a la sistemática
violación de sus derechos civiles y políticos.

Direcciones:

Señor Presidente
Jorge Quiroga Ramírez
Presidente de la República de Bolivia
Palacio de Gobierno – La Paz, Bolivia
Fax: 00591 2 2203588
00 591 2 2 371388

Copias a:

Sr. Mario Luis Serrate Ruiz
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
Edif. Ministerio de Justicia
Av. 16 de Julio No. 1769
Fax: 00591 2 356781

Sr. Angel Duran
Movimiento Sin Tierra de Bolivia
Av. Santa Cruz esq. Eustaquio Méndez
Yacuiba – Gran Chaco - Bolivia
Fax: 00 591 68 223011
Email: sintierrabolivia@hotmail.com

Su Excelencia
Sr. Jorge Quiroga Ramírez
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE BOLIVIA
Palacio de Gobierno – La Paz, Bolivia

Excelentísimo Señor Presidente,

Estoy indignado por la masacre de campesinos sin tierra que ocurrió el
viernes, 9 de noviembre, a 40 km de la ciudad de Yacuiba, capital de la
Provincia del Chaco, en la cual resultaron ocho campesinos muertos y más
de veinte personas heridas. Las familias del Núcleo de Campesinos Sin
Tierra de Pananti fueron atacados por grupos paramilitares apoyados por
la policía y el ejército. Según mis informaciones estos ataques se
repiten sistemáticamente desde que las familias campesinas ocuparan
pacíficamente en junio de 2000 el fundo Pananti, latifundio de 3.000 ha
que no cumple con la función económica y social de la tierra. Esta
práctica también se verifica en relación a otros núcleos campesinos, y a
otros grupos sociales en Bolivia. Después de la masacre sigue la
persecución de los campesinos sin tierra, sin que el Estado boliviano
tome medidas para frenar la violencia contra los campesinos.

Como Estado Parte de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, el
Estado Boliviano está obligado a respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos de su población, tomando todas las medidas a su alcance
para este fin. La situación de los campesinos sin tierra, tal como de
otros grupos sociales de Bolivia, significa la clara violación de los
derechos humanos por parte del Estado boliviano.

Por lo anterior, Señor Presidente, respetuosamente solicitamos que adopte
todas las medidas a su alcance para:

1. Identificar y castigar a los responsables de estas violaciones a los
derechos humanos y proteger a los campesinos sin tierra de nuevos
ataques.

2. Agilizar el proceso de distribución de tierras, a los campesinos sin
tierra o con poca tierra de Bolivia.

3. Frenar la persecución estatal a los movimientos campesinos e
indígenas, así como a las organizaciones de apoyo.

Atentamente.

La Vía Campesina
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