A dos días del nefasto 12 de octubre, se está desarrollando en Tegucigalpa un taller auspiciado por el Programa de Apoyo a los Pueblos Indígenas y Negros PAPIN, financiado por el BID. Se pretende que la reunión sea la conclusión de una serie de ‘consultas’ con representantes de los pueblos indígenas y negros para lograr una propuesta de proyecto de ley para la inclusión de derechos indígenas en el marco jurídico nacional a efecto de adecuarlo a lo dispuesto por el Convenio 169 de la OIT.

Ante el desarrollo de dicho taller, la Organización Fraternal Negra Hondureña OFRANEH hacemos de conocimiento público nuestro retiro de PAPIN. A la vez, instamos a las demás federaciones indígenas y negras analizar y pronunciarse públicamente sobre el proyecto de ley y el farsante proceso de consulta.

Nadie duda que existe un tremendo vacío y confusión en cuanto a la adecuación del marco jurídico nacional al Convenio 169, pero más que garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y negros, la propuesta genera mayores contradicciones al respecto, sirviendo más como pantalla para que el Estado pueda aparentar el cumplimiento de los compromisos adquiridos a nivel internacional. Para incluir los derechos colectivos de los pueblos indígenas y negros en el marco jurídico nacional, se necesita definir una estrategia legal, para encontrar el camino mas viable de cómo incorporar el reconocimiento de los derechos colectivos e individuales de nuestros pueblos.

Desde antes de la ratificación de la Ley de Propiedad en el 2004, la OFRANEH ha venido proponiendo una serie de reformas al lesivo Capítulo III del Título V, planteamiento que hasta la fecha no ha sido tomado en cuenta. De igual manera, hemos denunciado al Programa de Administración de Tierras de Honduras por las flagrantes violaciones a los derechos colectivos a la territorialidad del pueblo Garifuna. Para realmente hacer efectivo los derechos territoriales reconocidos en el Convenio 169, hace falta primero resolver los problemas y conflictos en las leyes, políticas y programas existentes, antes de proponer una ley especial que entrará en contradicción con éstos.

Además, al revisar tan sólo el primer capítulo, se hace evidente en el borrador de propuesta del PAPIN una sútil negación del concepto de la Territorialidad. El mismo Convenio 169 reconoce la importancia especial que para los valores espirituales de los pueblos indígenas y negros reviste su relación con las tierras y territorios, en particular los aspectos colectivos de esa relación, y señala que la utilización del término > incluye el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera. Aunque el supuesto propósito de la propuesta de PAPIN es desarrollar lo establecido en el Convenio 169, no incluye estas observaciones reconociendo los territorios.

Igual de problemática es la forma en que se denomina consulta previa e informada la serie de talleres y discusiones desarrollados por el PAPIN con un grupo selectivo de personas. El hecho de que el proceso sea diseñado, coordinado y convocado por el mismo gobierno, llevando a hoteles y pagando viáticos por varios días a los supuestos representantes de los pueblos, termina acomodando a los participantes hasta que respondan más a los intereses del Gobierno y del PAPIN que a los intereses de sus propias comunidades, las cuales no han sido ni informadas ni consultadas.

La misma propuesta de Ley, en su artículo 47, plantea que después de su entrada en vigencia, el Gobierno Nacional, previa consulta y concertación con los Pueblos Indígenas y Negros, adoptará una reglamentación que establezca el procedimiento y efectos de los procesos de consulta y concertación con dichos Pueblos. Si la manera en que se está ‘consultando’ la propuesta es algún indicador, más que realmente garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y negros, la Ley servirá para que el Estado aparente cumplir los compromisos adquiridos en convenios internacionales.

Al final de varios años en existencia, al final el PAPIN ha gastado millones de dólares en perpetuas reuniones. El programa PAPIN no hace más que socavar las luchas de las comunidades indígenas y negras, acomodando a los líderes.

No es nada extraño que sea el BID el ente financiador de este farsante proceso, es la misma institución la que financia la destrucción ambiental a través del proyecto Bahia de Tela y la construcción del aeropuerto de Piedras Amarrilla. La hipocresía del BID llega al colmo cuando habla de ética y desarrollo siendo que son los mismo que han financiado uno de los mayores desastres ambientales en el Peru, por medio del proyecto del gasoducto Camisea, el que ha generado más de seis accidentes de mayor envergadura en la cuenca del Amazonas.

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