Ante los medios de comunicación nacionales e internacionales, los delegados de la misión, este 29 de septiembre dieron a conocer la declaración final del trabajo, lo que arroja varias apreciaciones y recomendaciones, entre ellas: “que desde la visita del Relator (2004), la situación de los pueblos indígenas de Colombia se ha agravado a tal punto que configura un escenario no sólo de una grave crisis humanitaria, sino de amenaza cierta de extinción ante lo cual, la Misión, hace un llamado urgente a la comunidad internacional y al Estado Colombiano a que hagan todo lo necesario para detener este riesgo”.

A continuación la declaración final, con la relación de quienes hicieron parte de ellas y otros organismos que actuaron como observadores.

MISIÓN INTERNACIONAL DE VERIFICACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN HUMANITARIA Y DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE COLOMBIA

Declaración Final

Ante la agudización de la crisis humanitaria de las comunidades indígenas en Colombia, las principales organizaciones indígenas de Colombia, congregadas en el Consejo Nacional Indígena de Paz, convocaron a una Misión Internacional de carácter independiente para hacer seguimiento a las recomendaciones hechas en el 2004 por el Relator Especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen. Esta Misión Internacional de Verificación sobre la Situación Humanitaria y Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia entre el 19 y 29 de septiembre de 2006 tuvo como propósito verificar el estado de cumplimiento de las recomendaciones y la situación actual de los pueblos indígenas, producir un informe para que la comunidad internacional pueda instar al gobierno de Colombia el cumplimiento de los acuerdos y compromisos internacionales y de orden nacional, en materia de respeto a los derechos de los pueblos indígenas.

La Misión estuvo conformada por organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil de Europa, América Latina, Estados Unidos, y Canadá, con observadores de las agencias de las Naciones Unidas, la Embajada de Suiza, la Embajada de Alemania, la delegación de la comisión europea, y la MAPP-OEA.

La Misión visitó cinco regiones: la Sierra Nevada de Santa Marta, el Alto Sinú en Córdoba, el departamento de Arauca, el departamento del Cauca y el departamento del Guaviare. En cada región la Misión sostuvo entrevistas con las comunidades indígenas y sus organizaciones, recibió testimonios de indígenas víctimas de violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y se entrevistó con autoridades locales y departamentales, cívicas, militares y de organismos de control del Estado. En el ámbito nacional, la Misión se entrevistó con entidades del Sistema de Naciones Unidas y con miembros del Cuerpo Diplomático congregados en el G24, con autoridades del gobierno central y con los organismos de control nacional.

Adicionalmente, la Misión participó en el foro nacional de mujeres indígenas y en el foro nacional por la vida de los pueblos indígenas y tuvo acceso a estudios de caso, informes de violaciones de derechos humanos a los pueblos indígenas, testimonios, documentos y análisis de expertos, que le permitieron obtener una visión integral de la situación actual por la que atraviesan los pueblos indígenas de Colombia.

Una vez concluida la visita en terreno, la Misión emite la siguiente declaración:

CONSTATACIONES

1. La Misión constató que los pueblos indígenas (hombres, mujeres, niños y niñas, y sus organizaciones) están siendo víctimas de violaciones a los derechos humanos fundamentales y de crímenes de lesa humanidad, tales como: asesinatos políticos, detenciones masivas y arbitrarias, torturas y tratos crueles, desapariciones forzadas, allanamientos, señalamientos, judicializaciones y acusaciones infundadas, retenes permanentes y limitaciones a la movilidad. Igualmente se violan su derecho al debido proceso, el respeto a su autonomía, costumbres y territorios. Las medidas implementadas en el marco de la política del actual gobierno, tales como: la red de informantes, los soldados campesinos, los batallones de alta montaña, las brigadas móviles, los escuadrones antidisturbios, y los grupos de operaciones especiales, agravan la ya difícil situación que enfrentan los pueblos indígenas y sus territorios.

2. La Misión constató que los pueblos indígenas están sufriendo los efectos de las graves infracciones al derecho internacional humanitario cometidas por los actores armados en el contexto del conflicto armado interno (la Fuerza Pública, los grupos guerrilleros y paramilitares o desmovilizados). La Misión tuvo conocimiento y pudo observar en el terreno que la fuerza pública ha construido puestos policiales y militares, garitas, trincheras y puntos de avanzadas, en medio de los sitios de vivienda de los indígenas, en lugares ampliamente poblados y en territorios pertenecientes a los resguardos indígenas. Realizan retenes militares y controles en los que se despoja a los indígenas de alimentos, medicinas y otros implementos necesarios para su supervivencia. Los grupos armados ilegales practican el reclutamiento forzado de jóvenes indígenas. Todos los actores armados han asesinado a hombres y mujeres indígenas y ocupan zonas humanitarias y sitios de asamblea permanente, designados por las comunidades indígenas como lugares de protección frente a los efectos del conflicto. Ejecutan operaciones militares que no guardan los principios básicos de distinción y proporcionalidad, afectando gravemente a la población indígena.

3. La Misión constató que el actual proceso de desmovilización de los grupos paramilitares y las normas creadas para ello, no garantizan la verdad, justicia y reparación de los crímenes cometidos por los paramilitares contra los pueblos indígenas, que continúan en una situación crítica. La Misión recibió testimonios que indican que en varios de los territorios indígenas los paramilitares no se han desmovilizado efectivamente y siguen cometiendo crímenes e intimidando a la población; en otros casos, se informó a la Misión que los paramilitares desmovilizados han conformado nuevos grupos armados y desarrollan las mismas prácticas anteriores contra las comunidades; así mismo, se recibieron testimonios sobre el control social, las actividades de infiltración, información, y hostigamiento que los paramilitares desmovilizados realizan contra las comunidades, organizaciones y líderes indígenas.

4. La Misión constató que en los territorios indígenas se están implementando megaproyectos sin que se respete el procedimiento de consulta previa y los criterios para ello establecidos por los convenios internacionales de la OIT, de las Naciones Unidas y por los propios mecanismos internos de concertación establecidos entre el estado colombiano y las autoridades indígenas. Estos proyectos incluyen: infraestructura vial, fluvial y marítima, extracción de minerales e hidrocarburos, construcción de represas y grandes proyectos hidroeléctricos, control y explotación de la biodiversidad, y proyectos agroindustriales como los monocultivos de palma aceitera y caucho. Estos megaproyectos, además de generar graves e irreparables impactos ambientales, rompen el equilibrio natural y espiritual que los pueblos indígenas han mantenido por años, desestructuran el territorio, perjudican la salud y afectan los ciclos productivos, alimenticios y la convivencia de las comunidades indígenas.

PREOCUPACIONES ESPECIALES

5. La Misión pudo constatar que las violaciones a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas están acompañados de violaciones a sus derechos colectivos y que se está creando un marco jurídico normativo que agravaría esta situación. En este sentido, la Misión expresa su preocupación especial por las leyes más recientemente aprobadas y por las que están en trámite, tales como la ley forestal, la ley de aguas, la ley de páramos, y ley de desarrollo rural, que retroceden en derechos conquistados por los pueblos indígenas y apuntan a generar mayores niveles de exclusión sociocultural y violencia, y configuran claros escenarios de extinción de los pueblos indígenas.

6. La Misión pudo observar la situación particular de la educación y la salud de las comunidades indígenas y manifiesta su preocupación por la desatención de parte de las entidades regionales y del Estado central y por la ausencia de mecanismos de concertación con miras a respetar y apoyar las propuestas de las comunidades indígenas desde su cosmovisión, sus prácticas tradicionales, su sabiduría ancestral y sus proyectos de educación y salud propia.

7. La Misión escuchó abundantes testimonios sobre la situación específica de las mujeres indígenas. La Misión quedó altamente preocupada y denuncia las prácticas de acoso, abuso sexual, violación, engaño y seducción contra mujeres y niñas indígenas, por parte de miembros de la fuerza pública. La Misión recibió testimonios sobre menores que han quedado embarazadas sin que exista responsabilidad alguna asumida por los militares y/o policías responsables.

8. La Misión recibió testimonios e información sobre la fumigación aérea sobre territorios indígenas, que se llevaron a cabo sin la consulta previa de las comunidades, donde existían o no cultivos de uso ilícito dentro de los territorios indígenas afectadas. Las fumigaciones están agravando la inseguridad alimentaria que existe en varias comunidades indígenas por los daños que causa a los productos de pan coger y por los afectos negativos en la salud. La Misión observó que las comunidades tienen serias dificultades para acceder a los fondos de reparación por los daños ocasionados por las fumigaciones a sus territorios y cultivos de pan coger. La Misión observa que no encontró propuestas alternativas reales y concertadas con las comunidades, por parte de las autoridades responsables.

9. La Misión constató que los pueblos indígenas han iniciado una campaña encaminada a la “liberación de la madre tierra” y que tiene que ver con la necesidad y exigibilidad de ampliación de sus territorios para garantizar su supervivencia. La Misión tuvo información y datos sobre los altos índices de concentración de la tierra y la propiedad en Colombia, en los últimos años y las muertes que la defensa del derecho a la tierra y al territorio ha causado para los pueblos indígenas. De igual forma, la Misión conoció que el Gobierno colombiano ha incumplido, reiteradamente, acuerdos firmados con las organizaciones indígenas encaminados a devolver y titular tierras ancestrales que han sido usurpadas a los pueblos indígenas.

10. La Misión lamenta no haber podido encontrarse con algunas de las principales entidades gubernamentales y estatales colombianas, tales como la Vicepresidencia, la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior, y el Ministerio de Minas y Energía. Los miembros de la Misión lo interpretan como una falta de voluntad política por parte del gobierno colombiano de cumplir con sus obligaciones de respetar y proteger los derechos de los pueblos indígenas de Colombia.

CONCLUSIONES

10. Por las constataciones anteriormente señaladas, la Misión concluye: Que las recomendaciones presentadas por el Relator Especial de la ONU para los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas no han sido atendidas de manera oportuna y eficaz por las autoridades gubernamentales y estatales.

Que, desde la visita del Relator (2004), la situación de los pueblos indígenas de Colombia se ha agravado a tal punto que configura un escenario no sólo de una grave crisis humanitaria, sino de amenaza cierta de extinción ante lo cual, la Misión, hace un llamado urgente a la comunidad internacional y al Estado Colombiano a que hagan todo lo necesario para detener este riesgo.

Que la sistematicidad de las violaciones de los derechos humanos y de del derecho internacional humanitario y de los crímenes de lesa humanidad a los que han sido sometidos los pueblos indígenas de Colombia prefiguran un genocidio contra estos pueblos, que ni siquiera las Medidas Cautelares y Provisionales, emanadas por la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de derechos humanos han podido detener.

RECOMENDACIONES

11. La Misión recomienda al Relator Especial de la ONU para los derechos humanos y las libertades fundamentales de los Pueblos Indígenas realizar una pronta visita de seguimiento al cumplimiento de sus recomendaciones, con miras a exigir al Estado Colombiano respuestas eficaces ante la gravedad de la situación de estos pueblos.

12. La Misión recomienda a la Unión Europea y al G24 hacer un seguimiento más detallado a la situación de los pueblos indígenas, en el marco de las cumbres de Londres y Cartagena sobre los derechos humanos y al cooperación internacional en Colombia.

13. La Misión recomienda al Gobierno Colombiano no dilatar el cumplimiento de acuerdos con las comunidades y organizaciones indígenas respecto de la titulación de tierras y territorios e implementar mecanismos de solución negociada antes que los de la represión policial y las judicializaciones.

14. La Misión recomienda al Gobierno Colombiano retirar de los pueblos y lugares de vivienda de los indígenas los cuarteles, trincheras y otras formas de ocupación militar que pongan en inminente riesgo a la población civil indígena.

15. La Misión recomienda al Gobierno Colombiano considerar los resguardos indígenas como territorios de paz y diseñar una política integral para proteger a los pueblos en riesgo de extinción.

16. La Misión recomienda a los grupos armados ilegales respetar los derechos de los pueblos indígenas a su territorio, vida, y autonomía y todos los principios del derecho internacional humanitario.

17. La Misión recomienda a las organizaciones sociales, nacionales e internacionales y a los pueblos indígenas solicitar una moratoria en la implementación de megaproyectos, en territorios y resguardos indígenas, mientras no se cumplan los mecanismos y acuerdos, tanto internacionales como nacionales, entre ellos, la de la consulta real y efectiva a las comunidades y organizaciones indígenas.

18. La Misión recomienda a la cooperación internacional apoyar a los planes de vida, a las estrategias de gobierno propio y autoprotección de las comunidades indígenas.

19. La Misión extiende su solidaridad a las comunidades afrodescendientes y campesinas que se enfrentan condiciones similares a las de los pueblos indígenas.

Esta declaración está acompañada de un informe detallado de la Misión sobre cada una de las regiones visitadas.

Dada en Bogotá, el 28 de septiembre de 2006.

Participantes de la Misión:

Michel Neveu – Alcalde y Consejo General de Loire – Atlantique (Francia).
Beverly Jacobs – Presidenta, Asociación de Mujeres Indígenas de Canada.
Efraín Calapucha – CONAIE ( Ecuador ).
Franklin Toala – CONAIE ( Ecuador ).
Charlie Roberts – Comité para los Derechos Humanos de Colombia a Washington (USA).
Oswald Iten -periodista Suizo (Neue Zücher Zeitung NZZ).David Bruer – Interpares (Canadà).
Natalia Cardona – Comité Andino de Servicios (Estados Unidos).
Andrew Fandino – Coordinador Proyecto Defensa de los U`wa, Amazon Warch (Estados Unidos).
Anne Vereecken – comité Daniel Gillard (Belgica).
James Patton – Comitè Andiono de Servicios (Estados Unidos).
Giuseppe de Marzo – Asociaciòn A Sud (Italia).
Maria Eugenia Cardenas – Derechos y Democracia ( Canadà).
Jessica Eby – Wola (Estados Unidos).
Richard Solly – Colombia Solidarity Campaign (Gran Bretaña).
Michel Thuaul – Asociación Campesina (Francia).
Vemund Olsen – Human Rights Everywhere (Noruega).
Carmen Maria Lang – Ayuda Popular Noruega (América Latina).
Philippe Matray - Cooperante Belga (Bélgica).
Nieves Laborda – Presidenta, Acción Solidaria Aragonesa (España).
José Antoio Gutiérrez – Latin American Solidarity Centre (Irlanda).
Dunja Van Kleef – Fucai (Holanda).
Dag Kavlie – Universidad de Bergen (Noruega)

Otros con trabajo en Colombia:

PCS. SUIPPCOL, COLECTIVO DE ABOGADOS JOSE ALVEAR RESTREPO, CENSAT, HUMANIDAD VIGENTE, CECOIN, DIAL.

OBSERVADORES:

PNUD, OACNUDH, ACNUR, OCHA, EMBAJADA DE SUIZA, EMBAJADA DE ALEMANIA, DELEGACION DE LA COMISION EUROPEA, MAPP-OEA.