Bogotá - 11 de septiembre de 2006

Evidenciar la grave crisis humanitaria y de derechos humanos por la que atraviesan los pueblos indígenas en Colombia, será el objetivo principal de la próxima misión internacional de verificación, que se desarrollará en el país del 19 al 29 de septiembre.

Debido a la magnitud del problema y la complejidad del territorio colombiano, la misión, una apuesta política de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), se desarrollará en cinco pueblos y regiones cuyas situaciones son emblemáticas para la lucha indígena: nasa del Cauca, embera katío del Alto Sinú (Córdoba), kankuamo y wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta (Cesar), u'wa de Arauca y nukak makú de Guaviare.

Simultáneamente, del 20 al 24 de septiembre en las cinco zonas enunciadas "personajes de relevancia internacional en las áreas de periodismo, política y derechos humanos, verificarán la crisis humanitaria de las cinco etnias; experiencias que serán compartidas internamente y confrontadas con organismos e instituciones gubernamentales para elaborar un documento que será dado a conocer en rueda de prensa el viernes 29 de septiembre en Bogotá", indicó el presidente de la ONIC, Luis Evelis Andrade Casama.

Como la problemática es generalizada, pero con particularidades en cada pueblo o región, el sentir del resto de pueblos indígenas se dará a conocer en el foro por la vida y dignidad de los pueblos indígenas, que se realizará el jueves 28 en la capital del país.

La misión dará cuenta que "a pesar de las múltiples recomendaciones internacionales emanadas de órganos intergubernamentales de derechos humanos, tanto del sistema de la ONU, como del interamericano (OEA), el Estado colombiano y el actual gobierno persisten en una política de abusos sistemáticos y deliberados en contra de los indígenas colombianos. No queremos que nos sigan exterminando paulatinamente sin decir nada, nuestro silencio se debe convertir en un solo grito", precisó por su parte Lisardo Domicó, coordinador de la misión.

Hasta el momento, ninguna de las recomendaciones presentadas por el relator especial de la ONU para los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas ha sido atendida de manera seria, oportuna y eficaz por parte de las autoridades gubernamentales y estatales.

En consecuencia, se requiere "un papel más activo de los órganos de control, de las agencias del sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones de la sociedad civil y los pueblos indígenas del país, a fin de atacar las causas que han originado esta crisis humanitaria, evitar y detener el etnocidio del que hoy son víctimas", precisó Andrade Casama.