Rechazo indígena a la presión institucional de limitar la resistencia y detener lo procesos de liberación de la madre tierra

El 3 de septiembre próximo se cumple un año de iniciado el proceso de Liberación de la madre Tierra, en la finca La Emperatriz, mecanismo con el cual los indígenas Nasa de la zona norte del Cauca buscaron que de una vez por todas el gobierno nacional identificara los mecanismos para que el Estado hiciera efectivo el mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para indemnizar a las víctimas de la Masacre del Nilo, ocurrida en diciembre del año 1991.

Las autoridades indígenas alertaron en su momento por la presencia amenazante de la fuerza pública, así como por el lenguaje bélico y tendencioso usado por los funcionarios del Estado, entre ellos el gobernador del Cauca, Juan José Chaux Mosquera. Luego la opinión pública conoció las acciones excesivas de de que hizo gala el Esmad como fuerza represiva del Estado, ocasionando innumerables heridos, así como daños en los predios ocupados por las comunidades indígenas.

A pesar de la incomprensión institucional, el gobierno nacional accedió a escuchar la palabra de los pueblos indígenas y a formalizar mecanismos que permitieran cumplir su compromiso adquirido en el convenio NILO, en mediano plazo, de reposición integral por los daños causados a la convivencia, al territorio y la identidad del pueblo Nasa del norte del Cauca.

Más tarde, entre los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2005, varias comunidades indígenas, tanto nasas y guambianos como Totoroes, kokonukos y yanaconas prosiguieron el proceso de Liberación de la Madre Tierra en 16 predios de 7 municipios del Cauca, entre ellos la Finca El Japio, informando de esta forma a la opinión nacional e internacional sobre la falta de cumplimiento del Estado nacional a los tantos acuerdos y compromisos adquiridos con las comunidades indígenas y organizaciones de este departamento. La coherencia de las reclamaciones hizo que el gobierno nacional firmara un acta de cumplimiento el 16 de diciembre del año pasado.

En sentido de lo anterior, diversas iniciativas zonales vienen reflexionando sobre lo sucedido desde entonces, observando con preocupación, que el cumplimiento por parte del gobierno nacional ha sido mínimo para hacer operativo los compromisos, en especial los del Nilo y Caldono sobre los que se explicitó un carácter urgente. Por el contrario, a pesar de la voluntad que los delegados institucionales han expresado en las múltiples reuniones realizadas, igual que a través de los medios de información, lo que se observa permanentemente es la invención de argumentos amañados para evadir los compromisos adquiridos.

Preocupa sobremanera la propuesta de ley presentada por el Gobierno Nacional al Congreso de la República para reemplazar la ley 160 de 1994 donde se ha incluido, en franco desacato de la Constitución Nacional, la iniciativa de la politiquería local, con la cual, a través de los Planes de Ordenamiento Territorial, POT municipal, y los Consejos de Desarrollo Rural, CDR, se prohíbe la venta de tierras a las comunidades indígenas en el Cauca. Así, de un plumazo, nos convierten, nuevamente, en extranjeros de nuestra propia tierra, reactivando desde el Estado el sentimiento de segregación y discriminación racial que se conservó en Colombia hasta finales de siglo XX contra los indígenas y las comunidades afrodescendientes.

Hoy se reproduce la alianza tácita e histórica entre el Estado y los latifundistas para, a través de instrumentos jurídicos, vulnerar los derechos y negar las garantías a las comunidades indígenas. Por una parte, se observa la búsqueda de normatividad para prohibir el derecho a la propiedad colectiva, tal como lo ha propuesto la Reforma a la Ley agraria, y por otro, la apertura de procesos punitivos con los cuales no solo se amedrenta a los pueblos, sino que se vulnera su sentimiento y posibilidades de libertad, tal como está sucediendo en contra de más de 15 dirigentes y autoridades tradicionales, tanto del orden local como zonal y regional, responsabilizándolos de los daños causados por la fuerza pública en las haciendas el Japio y la Emperatriz.

Otra forma de presión para facilitar el despojo a los indígenas de los terrenos en litigio o de los territorios ancestrales se observa con el señalamiento que hacen los voceros institucionales afirmando que los reclamantes actúan bajo presión de los grupos al margen de la ley o son militantes de éstos, por lo cual han realizado de forma indebida detenciones masivas. Igual sucede con los continuos allanamientos a los territorios indígenas por parte de los actores de la guerra, así como los combates entre los actores armados donde las víctimas civiles hacen parte de los reportes de victoria dados por los diferentes ejércitos.

Ante la situación descrita, las comunidades y las autoridades tradicionales indígenas expresan que no se puede permitir a la llamada política de seguridad democrática convertirse en normatividad estatal ni que las instituciones de la rama jurisdiccional de la nación colombiana defiendan solamente al gran capital en detrimento de las mayorías pobres o que continúen siendo instrumentos de las necesidades y directrices del actual gobierno, olvidando el mandato Constitucional de la independencia de los poderes en Colombia.

Desde ya, los gobernadores de cabildos del cauca, las autoridades zonales y los Consejeros mayores CRIC, manifestamos:

1. Nuestro rechazo a esta nueva forma de presión institucional que busca limitar la resistencia indígena.

2. Nuestro apoyo y solidaridad con las personas que están siendo procesadas por la liberación de la madre tierra, ya que ellas fueron identificadas por ser lo voceros de la defensa de los derechos de los movilizados, reclamar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el estado colombiano y estar en contra de los excesos de la acciones de la fuerza pública, no por haber cometido actos ilícitos.

3. Que el Gobierno colombiano respete los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, en especial todo lo referido al no involucramiento de los civiles en el conflicto armado.

4. Que todas las comunidades indígenas del Cauca, nos declaramos en asamblea permanente y estaremos prestos a tomar decisiones oportunas en procura de garantizar los derechos humanos y el debido proceso de quienes han sido llamados por la fiscalía.

5. Nuestro llamado a las organizaciones campesinas, afros, sectores sociales urbanos y comunidad nacional e internacional, en especial a los organismos y personalidades de los derechos humanos para que estén atentos de esta situación y exijan del gobierno colombiano acatar la Constitución Política, observar el debido proceso y cumplir con eficiencia y celeridad los compromisos adquiridos con las comunidades y organizaciones indígenas del Cauca.