Ante los problemas que se viven en el campo, el campesinado indígena del país y las
diversas organizaciones que constituimos la Coordinadora Agraria Nacional,
elaboramos un Proyecto de Ley Agraria Integral que fue presentado al Congreso
Nacional en el mes de junio de 1993, pero los diputados no lo tramitaron.

En el mes de mayo de 1994, el gobierno haciendo uso de sus poderes especiales y
con el fin de consolidar su política neoliberal y privatizadora envío al parlamento
otro proyecto de Ley Agraria por la vía urgente. Esto quiere decir que el congreso
debía pronunciarse en el tiempo de 15 días y sino automáticamente pasaba a ser Ley
de la República; pero la presencia y movilización de indígenas, campesinos y sector
popular obligó al Congreso a devolver y negar este proyecto de Ley del gobierno.

Sin embargo, el Partido Social Cristiano, que juega a dos caras, públicamente en
oposición al régimen y de hecho en cogobierno, al día siguiente presentó un nuevo
proyecto de ley prácticamente idéntico al proyecto del ejecutivo que fue vetado. En
tres días fue aprobado este proyecto de ley en el congreso y el Presidente Arq. Sixto
Durán Ballén puso el ejecútese a la semana siguiente.

Como no podía ser de otra manera, el movimiento indígena, en especial los
campesinos agrupados en las organizaciones, declararan iniciar el día 13 de junio de
1994 el Levantamiento por la Vida y por la derogación de la Ley de Desarrollo
Agrario, que se expresó en el cierre de carreteras y el consiguiente
desabastecimiento de los mercados.

Los indígenas y campesinos hemos exigido y planteado al gobierno y demás poderes
del Estado que queremos una ley de consenso nacional, que la problemática agraria
debe ser tratada por todos los actores del campo, con una clara visión de sociedad;
pero más pudo la ceguera y oídos sordos del gobierno, que ha tenido que enfrentar el
Levantamiento por la Vida, el cual fue suspendido después de diez días por la
declaración de Estado de Movilización en el país y por la resolución del Tribunal
de Garantías Constitucionales en suspender la Ley por ser anti-constitucional por su
contenido y forma, esta resolución ha pasado a la Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia que dará su fallo.

Ante el levantamiento por la vida, el gobierno ha reprimido salvajemente, dejando un
saldo de dos muertos, detenidos, casas de organizaciones destruidas y quemadas en
el provincia del Cañar, vehículos quemados, emisoras asaltadas por el ejército y
clausuradas.

Queda claro que esta ley tal como está no se aplicará. El levantamiento está
suspendido para dar paso al diálogo con el Gobierno, cuya primera reunión se realizó
el 30 de junio, en el que las organizaciones indígenas y campesinas (CONAIE,
FENOC-I, FEINE, FENACLE y FEI) planteamos los siguientes puntos:

1. Para que se produzca un diálogo en un ambiente de tranquilidad con plena libertad
y en forma democrática, es necesario previamente, que el señor Presidente de la
República derogue el Estado de Movilización, pues no hay motivos
constitucionales ni legales para continuar con la vigencia del Decreto de
Movilización.

2. Que las dos partes gobierno y organizaciones indígenas y campesinas respetemos
a la Comisión Mediadora que está conformada por las siguientes instituciones:
Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Comisión Ecuménica de Derechos
Humanos, Confratenidad Evangélica; y sea esta comisión la que establezca la
metodología de trabajo entre las partes como ha sucedido en ocasiones anteriores.

3. Consideramos que al diálogo deben concurrir tres delegados y dos asesores por
cada organización nacional, pues en el diálogo y mediación propuesta, es
necesario que nuestros asesores den sus opiniones sobre asuntos jurídicos y
técnicos.

4. Que el contenido del diálogo debe girar en torno a la Ley Agraria y a los Derechos
Humanos.

5. No estamos de acuerdo con la comisión propuesta por el gobierno, por cuanto
habría una representación mayoritaria y unilateral del ejecutivo, del congreso, de
las Cámaras de Agricultura, con un total de catorce representantes y, a las
organizaciones indígenas y campesinas, solo nos reconocen seis representantes,
con lo cual se demuestra la desigualdad y la falta de equidad y respeto para el
diálogo.

6. Que el gobierno nacional reconozca e indemnice las pérdidas humanas y
materiales ocurridas durante la movilización nacional.

7. Que en el diálogo se permita la presencia de delegados internacionales en calidad
de observadores.

La lucha no ha terminado, el movimiento indígena-campesino se mantendrá a la
expectativa de los resultados del diálogo.

Federación Nacional de Organizaciones Campesino-Indígenas (FENOC-I).