En la semana del 14 al 18 de julio culminó en el Brasil el proceso de lucha
conjunta denominado "IV Grito por la Tierra Brasil 1997". En este proceso
confluyeron varias organizaciones de trabajadores rurales como el Movimiento
de los Sin Tierra, la Confederación Nacional de los Trabajadores de la
Agricultura, CONTAG, la Central Unica de Trabajadores, el Consejo de
Articulación de los Pueblos Indígenas del Brasil, CAPOIB, el Movimiento
Nacional de los Pescadores, entre otros.

Con este motivo, los movimientos regionales y nacionales efectuaron diversas
manifestaciones para llamar la atención sobre la situación de los trabajadores
del campo. En este proceso, elaboraron un pliego unificado de reivindicaciones
que fue presentado colectivamente tanto a los gobiernos de los estados como al
gobierno federal. Estos documentos, fueron entregados a las autoridades con
dos meses de anticipación para que sean analizados y éstas den sus respuestas.

El pliego incluye temas como la violencia en el campo, la cuestión indígena y la
reforma agraria. Se exigió, de manera especial, que se creen mecanismos legales
para agilizar los procesos de juzgamiento de los responsables de los asesinatos
y masacres en el campo; acelerar la demarcación de las tierras de los pueblos
indígenas y establecer mecanismos efectivos para la expropiación de las tierras
improductivas que no cumplen su función social.

El gobierno neoliberal de Fernando Henrique Cardoso no ha demostrado mayor
interés por atender los puntos centrales del pliego. A continuación, reproducimos
el comunicado del CAPOIB.

Situación de los pueblos indígenas

La población indígena de Brasil es de aproximadamente 334 mil personas que
pertenecen a más de 200 pueblos. Gran parte de las tierras de los pueblos indígenas
están invadidas por extraños. Generalmente los invasores son grupos de propietarios:
hacendados, buscadores de oro, madereros, mineros o el propio gobierno brasileño
para ejecutar proyectos hidroeléctricos y carreteras.

Es común oir a la gente la expresión: existe mucha tierra para pocos indios. Lo que
no se toma en consideración es que los territorios deben permitir una relación no
solo económica sino más cultural y religiosa, y que esos territorios deben viabilizar
la existencia de las futuras generaciones.

Quienes hablan de mucha tierra para pocos indios, no recuerdan que ciertos
latifundistas brasileños llegan a poseer para sí millones de hectáreas de tierra
improductiva.

Nosotros, pueblos indígenas, estamos constantemente reivindicando la
reglamentación de nuestras tierras. Sin embargo, las reivindicaciones de los pueblos
indígenas no están siendo atendidas. Por el contrario, la política del actual gobierno
brasileño es más favorable a los invasores de tierras indígenas.

Violencia e impunidad

A lo largo de los años, los pueblos indígenas han afrontado los más diversos tipos de
violencia: masacres, asesinatos, amenazas de muerte, robos, abusos de autoridad,
agresiones a personas o a su patrimonio, entre otros. Entre estos, se destacan
aquellas que están marcadas por la impunidad como el asesinato de Maral Tupai,
ocurrrido en noviembre de 1983, o la masacre de 14 tikunas ocurrida el 28 de marzo
de 1983, la matanza de 19 yanomamis, en febrero de 1993, o más recientemente el
cruel asesinato de nuestro hermano Galindo Jesús dos Santos, del Pueblo de Pataxo
Ha-Ha-Hae.

Un crimem como este, cometido contra Galindo, no puede ser visto como un acto
aislado contra un indio, constituye una actitud cobarde e irresponsable contra la vida
humana de la nación brasileña. El comportamiento de los cinco criminales que
atizaron el fuego que nuestro hermano representa es el resultado de una mentalidad
originada en élites racistas, excluyentes, prepotentes que se colocan arriba con la
certeza de su impunidad.

Actualmente, la defensa de los asesinos desencadena un proceso cínico en los
medios de comunicación y en la sociedad en general, en la cual los criminales son
considerados "frágiles, bondadosos y caritativos", y la víctima, un asesino. Esta
estúpida inversión de valores solo es posible por causa de la mentalidad

prejuiciosa y de la certeza de la impunidad de la élite brasileña. Es fundamental que
todos estemos alertas para impedir esta maniobra infame de aquellos que defienden a
los asesinos y sus crímenes.

Exigencias

Este Grito por la Tierra Brasil 1997 es una gran oportunidad de nuestros pueblos
indígenas de juntar nuestras protestas y reivindicaciones a los trabajadores rurales de
todo el país. Con ellos, exigimos justicia y respeto para nuestros derechos. Sanción
para los que ordenan los asesinatos de centenares de líderes de trabajadores rurales
que permanecen impunes. Castigo para los responsables de tantas masacres de
trabajadores rurales y de indios.

Juntamos nuestras voces a la de nuestros compañeros trabajadores exigiendo, en este
Grito por la Tierra Brasil, "Tierra, empleo y justicia" en el campo brasileño.

Brasilia, 2 de julio de 1997

Consejo de Articulación de los Pueblos y Organizaciones Indígenas del Brasil,
CAPOIB

3. BRASIL: AUMENTARON CONFLICTOS Y VIOLENCIA

En el informe anual "Conflictos en el campo 1996", lanzado en Brasilia por la
Comisión Pastoral de la Tierra, se comprueba una vez más que el problema agrario
en el Brasil continúa siendo un caso de violencia e impunidad. Según este
documento, los conflictos crecieron en un 26% en relación a 1995, pasando de 554
a 750, el mayor número que ha sido registrado por la entidad en 11 años de
documentación. Fue un año marcado por la masacre de El Dorado de Carajas, en el
que murieron 19 personas del Movimiento de los Sin Tierra del Brasil, el 17 de abril.
En total fueron asesinados 54 campesinos en 1996, 13 más que en 1995.

El año pasado se registraron 653 conflictos de tierra, 19 casos de trabajo esclavo y
otros 78 casos de violencia de cuño laborista sindical, de política agraria y de
buscadores de oro, una media de dos conflictos por día. La región más afectada fue
la del Noreste del país con 256 casos, sin embargo el estado que más se destaca por
la violencia es el de Pará con 72 crímenes, incluida la masacre de El Dorado de
Carajas. En 1996, fue registrado el mayor número de ocupaciones de tierras de los
últimos años (398), involucrando a 63.080 familias, más que el doble de 1995. Un
claro resultado de las acciones desarrolladas por el Movimiento de los Sin Tierra.

El informe de 1996 registra en los últimos 11 años: 976 asesinatos en el campo,
891 tentativas de asesinato y 2500 amenazas de muerte. Solamente 56 casos fueron
llevados a juzgamiento, aunque apenas 14 autores intelectuales de los crímenes
fueron sentados en el banquillo de los acusados. De estos, solamente siete fueron
condenados, cinco continúan presos y dos fugaron.