"Cuando se seque el último río, cuando pesquen el último
pez, cuando corten el último árbol, entonces ya no
existiremos".

Con la firma de un compromiso por la vida "con el fin de
garantizar nuestra continuidad como pueblos" concluyó el 30
de enero en Quito las reuniones del Consejo de Coordinación
y Consejo de Dirección de la Coordinadora de las
Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) que
agrupa a organizaciones de Ecuador, Colombia, Brasil, Perú,
Bolivia, Surinam, Venezuela, Guyana y Guyana Francesa. (Ver
Compromiso por la Vida en: http://movimientos.org/show_text.php3?key=2514)

Durante las deliberaciones se identificaron algunas de las
amenazas y peligros que afectan a los pueblos de la cuenca
amazónica y se adoptaron resoluciones respecto al Plan
Colombia, las actividades petroleras, forestales y mineras,
el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), la
situación de los indígenas en Brasil y Venezuela, entre
otras.

Con respecto al Plan Colombia, se consideró que los pueblos
indígenas "se encuentran intervenidos por los actores del
conflicto armado interno, los mismos que atentan contra
nuestra seguridad territorial y nuestra existencia física y
cultural como pueblos indígenas". Frente a esta situación,
la COICA resolvió apoyar el acta suscrita entre el Gobierno
colombiano y la Organización de Pueblos Indígenas de la
Colombiana (OPIAC) y respaldar la creación de la Mesa
Regional Amazónica para que "analice y genere soluciones
viables a las consecuencias sociales y ambientales de la
implementación del Plan Colombia, como son los
desplazamientos masivos, secuestros, reclutamiento forzoso,
impactos ambientales por las fumigaciones en territorios
indígenas, entre otros".

Los dirigentes amazónicos expresaron, por otro lado, que si
el ALCA entra en vigencia "nuestros países estarán
obligados a concesionar las materias primas y recursos
naturales, en violación a la soberanía nacional aumentando
la pobreza que de manera especial afectará a los pueblos
indígenas". En respuesta a este proyecto, acordaron
involucrarse de manera directa y coordinada en la lucha
contra el ALCA y reafirmaron el principio de "libre
determinación para vivir con dignidad".

Con relación a Venezuela, la COICA resolvió "dar un
reconocimiento al proceso de cambio estructural que lleva
adelante el actual Gobierno del Presidente Hugo Chávez, el
mismo que está ejecutando acciones específicas en beneficio
de los pueblos indígenas". Contrastando con esta posición,
la COICA manifestó que, en el caso de Brasil, el gobierno
de Luis Ignacio Lula da Silva carece de una política
indígena específica, por lo que pide que rompa con la
visión de considerar a los indígenas "relativamente
incapaces", prejuicio que a lo largo del tiempo "ha
perjudicado nuestra relación con el Estado en la medida en
que establece relaciones de intermediación con actores no
indígenas, quitando nuestra voz y nuestros derechos como
ciudadanos capaces de presentar propuestas que atiendan a
nuestros reales intereses".

En temas específicos, la COICA pide al gobierno brasileño
que garantice la seguridad de las tierras indígenas
(especialmente la homologación en área continua de la
tierra indígena de Raposa Sierra del Sol en Roraima), el
retiro de todos los invasores que se encuentran en tierras
indígenas, el juzgamiento de los culpables de los
asesinatos de 24 indígenas, la asignación, en el
presupuesto nacional, de un rubro específico para atender
las necesidades indígenas y la instalación de una Mesa
Regional Amazónica para discutir las cuestiones indígenas.

Por último, la COICA cuestionó las actividades que llevan a
cabo empresas petroleras, mineras, forestales y gasíferas
en territorios indígenas amazónicos de Ecuador y Perú. En
el primer caso, expresó que los territorios del pueblo
Kichwa de Sarayacu, de la nacionalidades Shuar Achuar y de
las comunidades Kichwas de Rucullacta, se encuentran
amenazados en su integridad física y cultural por la
presencia de la Compañía General de Carburantes (bloque 23)
y de la compañía Burlington (bloque 24), transnacionales
apoyadas por el gobierno ecuatoriano que ha militarizado
estas zonas. Las organizaciones indígenas solicitan a este
último que deje sin efecto las concesiones a estas dos
empresas, mismas que deben retirarse de los territorios
indígenas. Además plantean y que el territorio indígena de
Sarayacu sea declarado Zona de Interés Biológico y
Patrimonio Cultural.

En el caso peruano, las actividades de las empresas
españolas del Consorcio Forestal y de otras dedicadas a la
explotación del gas atentan contra la seguridad territorial
de los pueblos indígenas y a su existencia misma. Este el
caso del pueblo Ashaninka de la provincia de Atalaya,
región de Ucayali. Antes de cualquier concesión, reclaman
la necesidad de que se establezcan planes de manejo
sostenible de los territorios indígenas con la consulta y
participación de las organizaciones representativas de los
pueblos indígenas.