El movimiento y las organizaciones indígenas del mundo andino están confrontando en estos años retos históricamente inéditos. Después de cinco siglos de hegemonía de un orden colonial racista (en sus dos fases de colonialismo español y orden colonial republicano), se han iniciado/acelerado en esta última década procesos de cambio que apuntan en una dirección decolonial. Esto ha sido el resultado de vigorosos procesos político-organizativos indígenas, así como de las alianzas y convergencias con un amplio espectro de movimientos y organizaciones populares en todo el continente: confrontación a gobiernos neoliberales, la lucha contra el ALCA, los Foros Sociales Mundiales y de las Américas, luchas del movimiento campesino...
 
La expresión más visible y rica de estos desplazamientos lo constituyen las nuevas constituciones de Ecuador y Bolivia en las cuales, cuestionando 500 años de monocultura occidental, se establecen las bases para la decolonización de esos Estados y la construcción de Estados Interculturales y Plurinacionales. Las nociones del Suma Kawsay y Sumak Qamaña que atraviesan estos textos constitucionales expresan la novedad y potencial radicalidad de estas transformaciones.
 
Sin embargo, un texto constitucional no transforma a la sociedad. Una constitución es, tanto expresión de una correlación de fuerzas en una coyuntura determinada, como una plataforma o programa de lucha, una utopía o deber ser que se propone la sociedad. Puede ser un poderoso instrumento para conquistar en forma efectiva las transformaciones y derechos que establecen jurídicamente. Estos nuevos textos constitucionales generan un nuevo terreno para las confrontaciones políticas y culturales más favorables para los procesos decoloniales. Son en este sentido un momento muy significativo de estas luchas pero, de modo alguno, su punto de llegada.
 
La experiencia de los movimientos indígenas con estos gobiernos de cambio ha sido compleja, ambigua, contradictoria. Ha quedado claro que mucho más fácil era la transformación (aun muy radical) de los textos constitucionales, que la ejecución de políticas públicas coherentes, consistentes con lo establecido en dichos textos.
 
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