Ni los opositores del Estado, ni sus Defensores, ni los agentes del Gobierno pueden seguir justificando la violencia contra la población civil y menos la violación al Derecho Internacional Humanitario.
 
Con la afirmación “déjenos tranquilos, déjenos en paz señores de la guerra” las comunidades y autoridades indígenas del Pueblo Nasa del norte del Cauca, decidieron asumir por su misma cuenta que los grupos y ejércitos armados que combaten en medio de la población se salgan de sus territorios. Dicha decisión la toman después de sufrir un promedio de quinientas acciones entre enfrentamientos, ataques indiscriminados, bombardeos, tomas guerrilleras y afectación por explosión de armas abandonadas o minas antipersonas que han afectado a la población civil, en menos de 6 meses, cuyo saldo en víctimas supera el número de 2 mil personas afectadas entre muertos, heridos, desplazados, estudiantes sin clase, huérfanos, viudas, además de viviendas destruidas, cosechas perdidas y amenazas y señalamientos que van contra vida de líderes y autoridades tradicionales, situaciones que en su mayoría permanecen en la impunidad.
 
Lo sucedido el día 6 de los corrientes, cuando a pleno sol, estalló un Tatuco en el corredor del Centro de Salud de la IPS ACIN, hiriendo de gravedad a la enfermera Jefe Elena Briseño, a la Auxiliar Gloria Fajardo, a la aseadora Adriana Ul y la Coordinadora de promotores de Salud ACIN Ana Ligia Escue, fue la gota que rebozó la copa, obligando que, el lunes 9 de los presentes, una comisión de Autoridades Tradicionales y más de medio millar de comuneros indígenas destruyeran un campamento de las Farc, al tiempo que la guardia indígena, portando sus bastones y acompañada de cientos de comuneros echara abajo las garitas que rodeaban la estación de policía que está ubicada en el centro de la zona urbana municipal de Toribío.
 
Se conoció entonces que el presidente Santos citó una reunión de ministros en el municipio de Toribío, anunciando que no permitirá repúblicas independientes ni desmilitarizará un solo milímetro del territorio colombiano, desconociendo el verdadero problema que afecta a la población civil que vive en medio del conflicto armado y desatendiendo las disposiciones del derecho internacional humanitario. Dicha actitud en vez de contribuir con las iniciativas de convivencia y los esfuerzos de protección que realizan las comunidades afectadas por la violencia, lo que hace es avivar el conflicto y dar un mensaje errado a la opinión pública que ha visto en el accionar indígena una verdadera respuesta a la violencia armada que viven las comunidades en las zonas rurales del país.
 
Al parecer, el mandatario pretendía convencerse y convencer a los colombianos y al mundo que sus uniformados tienen control sobre los territorios, cuando la realidad muestra a quienes actúan en nombre de la oposición armada al Estado realizan innumerables acciones donde los principales afectados son población civil, mientras que otros operan en defensa del statu quo amenazando, extorsionando, traficando y asesinando personas inocentes, lo que hace preguntarse a la gente qué puede hacer un grupo de policías refugiados en bunkers situados en medio de casas de civiles y cerca de escuelas y centros de salud, rodeados de garitas o trincheras donde no puede acceder para protegerse la población civil.
 
Quiso entonces el señor Santos, según expresaron las comunidades Indígenas, reunirse en Toribío para debatir sobre asuntos internos de su gobierno y no para escuchar a la gente y resolver sus inquietudes, por lo cual la decisión de las Autoridades Tradicionales fue no dedicar tiempo para tomarse la foto y legitimar un evento donde no se están presentes las víctimas de una guerra sostenida de forma necia que sacrifica a los más vulnerables y se gasta los recursos que debían destinarse para la inversión social. Para los pueblos indígenas no es lógico que la guerra esté siendo usada para justificar la inversión social cuando por el contrario ésta debería ser el instrumento que facilite y garantice la paz.
 
Que las guerrillas de las farc insistan en atacar poblados, porque allí está la policía o el ejército sin medir las consecuencias sobre la vida de los civiles, o que la fuerza pública bombardee caseríos o persiga civiles argumentando que hay que quitarle el agua al pez, indica que en Colombia el derecho internacional humanitario en vez de brindar garantías para quienes no hacen parte de la guerra, en verdad le está sirviendo a los actores armados para justificar sus errores o la perversidad de sus acciones.
 
Como Consejería mayor CRIC creemos que el presidente Santos no puede seguir manejando a su antojo el tema de la guerra y debe permitir a la sociedad civil trabajar iniciativas que conduzcan a minimizar el conflicto armado y a lograr caminos de diálogo que conduzcan a un acuerdo de paz serio y definitivo. En consecuencia el gobierno nacional no puede seguir obstaculizando a las comunidades indígenas en sus esfuerzos de realizar conversaciones de orden humanitario con los actores armados. En este sentido, compartimos la voluntad comunitaria de autonomía territorial que exige la desmilitarización de los territorios indígenas del departamento del Cauca, así como la idea de no reunirse con el gobierno nacional en el marco de una situación de crisis humanitaria y nos unimos al requerimiento planteado en la carta entregada al presidente Santos por las autoridades Tradicionales del norte del Cauca, en la cual se reclama
 
a) Reconocimiento de la guardia indígena como agente del control territorial, social y cultural
 
b) Convertir al Cauca en una zona de paz y,
 
c) Reconocer los territorios indígenas como ancestrales y autónomos.
 
Por otra parte, nos unimos al grito general de los hermanos indígenas de Toribío ante el presidente Juan Manuel Santos, en el sentido que si las fuerzas armadas quieren buscar a la guerrilla y perseguirla, están en su labor, pero deben hacerlo en escenarios que no pongan en riesgo a la población civil.
 
Como Consejería, somos conscientes de la falta de voluntad política del gobierno Santos para atender estas justas reivindicaciones, obligatorias en términos de autodeterminación, según la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, ya que el gobierno en diversos escenarios ha hecho declaraciones desobligantes que afectan el buen nombre de nuestros procesos, mientras a nivel legislativo se niega a avanzar con proyectos de ley que cumplan a cabalidad los procedimientos de consulta previa y reflejen el carácter diferencial y el querer y sentir de los pueblos indígenas.
 
La situación de riesgo vivida por los pueblos indígena del Cauca fue analizada por la Junta directiva Regional del CRIC, el pasado 9 de julio, donde, al conocer los acontecimientos de Toribío, se definió declararnos en Asamblea Permanente e iniciar procesos de movilización, proyectando un momento de concentración para la segunda semana de agosto, con el fin de recordarle al país que ningún actor armado defiende la vida ni representa a los pueblos indígenas en Colombia, además que el Estado nacional no quiere acatar el tema de la consulta con consentimiento previo, libre e informado, y que igual ha incumplido acuerdos históricos con el proceso indígena del Cauca referidos a tierra y territorio, salud, educación, ambiente, minería y proyectos productivos, así como el requerimiento de un resarcimiento por parte del gobierno Santos frente al buen nombre de los pueblos indígenas afectado por expresiones presidenciales, de sus ministros y de los mandos de la fuerza pública.
 
CONSEJERÍA MAYOR
 
CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA –CRIC-
 
CUENTEN CON NOSTROS PARA LA PAZ NUNCA PARA GUERRA
 
Popayán, julio 13 de 2012
 
http://cric-colombia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=91...