“Numerosas comunidades indígenas denuncian asesinatos selectivos de sus líderes y voceros y de sus autoridades tradicionales. Estos homicidios, que parecen formar parte de estrategias diseñadas a descabezar y desorganizar a las comunidades indígenas, contribuyen a la desintegración social y cultural de las mismas. Se trata de verdaderos genocidios y etnocidios perpetrados contra los pueblos indígenas”.
 
Rodolfo Stavenhagen, entonces Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en su Informe Oficial 2004 sobre Colombia.
 
La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), integrante de la CAOI,  difundió hace unos días su Informe titulado Genocidio y crímenes de lesa humanidad en curso: el caso de los Pueblos Indígenas de Colombia, que reseñamos a continuación. Este Informe señala las causas de dichos crímenes y hace un recuento de las vulneraciones de derechos humanos que los configuran ocurridas en el primer semestre del 2012.
 
Estas causas fueron especificadas en el informe que ONIC presentó al Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el 2009 y que persisten hasta hoy. Las dos principales son:
 
Usurpación del Control Territorial: En las últimas dos décadas, el Gobierno Nacional ha venido sosteniendo que los pueblos indígenas son el sector social con mayor número de hectáreas tituladas, llegando a sobrepasar las treinta millones. No obstante, jamás precisa que más de veinticinco millones de hectáreas fueron tituladas antes de la expedición de 1991; y que del total de hectáreas tituladas, “el 79% se encuentra en la Amazonía y Orinoquia, región donde se asienta una población de 71.000 habitantes, que representa el 5% del total de la población indígena nacional”. Por tanto, es mentiroso afirmar, como se ha venido haciendo, que el área titulada garantizaría el mantenimiento físico y cultural de las comunidades indígenas.
 
Relación entre Modelo Económico y Crisis Humanitaria. Hay una relación directa entre el asentamiento de empresas mineras o de hidrocarburos y el incremento en la violación de los derechos humanos colectivos e individuales de los pueblos indígenas, con violencia armada, desplazamiento forzado y asesinato de indígenas. Hay una relación directamente proporcional entre la llegada de las Empresas Extractivas y el control militar de la Fuerza Pública, actor esencial, para garantizar el flujo inversionista transnacional. Las áreas potencialmente explotables se superponen en un 69.5% con territorios de resguardos; y el 55% de las zonas donde se está produciendo hidrocarburos, se sobrepone de hecho con resguardos indígenas.
 
Estos procesos presentan las siguientes especificidades:
 
·         El Control al acceso de los recursos naturales disponibles en los territorios indígenas, los cuales se convierten en rentas de guerra que usufructúan directamente los actores armados, o en otros casos, los ejércitos se convierten en intermediarios al servicio de empresarios y comerciantes asociados con la extracción forestal, la minería, la pesca y las redes de mercado de ciertos productos.
 
·         La expansión de la frontera agrícola con el establecimiento de cultivos de coca en áreas de resguardos y la presión sobre territorios indígenas asociados a las zonas identificadas por el gobierno para establecer cultivos como palma aceitera u otros que sirvan para la producción de agrocombustibles.
 
·         La política estatal minera y energética orientada a concesionar amplios territorios indígenas a empresas transnacionales sin consulta previa. Siendo la vía del control armado del territorio el camino fácil para dar garantías a las empresas mineras y petroleras.
 
·         La ampliación de infraestructura, especialmente de vías de comunicación, orientada a generar competitividad en la perspectiva de la firma de tratados de libre comercio, especialmente con Norteamérica y con Europa.
 
La concesión de tierras indígenas, sea para aprovechamiento público o privado, como si se tratara de tierras fiscales, configura complicidad genocida en el caso colombiano, donde la Corte Constitucional ha establecido un lazo inescindible entre desplazamiento forzado y riesgo de extinción de al menos 34 pueblos indígenas.
 
Una sistematización de los reportes periódicos de las 46 Organizaciones Regionales adscritas a la ONIC arroja cifras contundentes que corrobora que en Colombia se viene fraguando un genocidio contra los pueblos indígenas. Entre 2009 y 2011, tomando únicamente los indicadores de homicidios y desplazamiento forzado, resulta evidente un escenario de lesa humanidad: 348 homicidios y más de 15.000 personas indígenas desplazadas de forma masiva.
 
Homicidios: Entre enero y mayo del 2012 se perpetraron 24 homicidios contra miembros de Pueblos Indígenas. Entre los Pueblos Indígenas más afectados están los pueblos: Nasa (15), Awá (3), Emberá (3), Makaguán (1), Inga (1) y Jiw (1). En términos geográficos, los departamentos más afectados son el Cauca (53.8% de los homicidios), seguido de Nariño (23,35) y Caldas (15%).
 
Desplazamiento forzado: Hasta mayo de 2012 se registran 14 eventos de desplazamiento masivo y multifamiliar de pueblos indígenas en todo el territorio nacional, que comprenden a 2.967 personas y 680 familias pertenecientes a comunidades indígenas,como consecuencia de combates entre la fuerza pública y grupos armados insurgentes, acciones violentas por parte de grupos paramilitares, bombardeos, minas antipersonales, restricciones a la libre movilidad, estigmatización e incursiones armadas. Los pueblos afectados son: Awá (945); Nasa (820); Emberá (865); Wounaan (237) y Jiw (100).
 
Confinamiento: Hasta el 30 de mayo del 2012 ocurrieron cinco eventos de confinamiento de comunidades indígenas: en Antioquia (1); Chocó (2); Nariño (1); y Putumayo (1). Tres de los confinamientos reportados desencadenaron en desplazamiento forzado. Los actos se produjeron a causa de minado del territorio, amenazas y combates en territorio indígena entre el Ejército Nacional, las Farc-EP y grupos de Autodefensas.
 
Inseguridad alimentaria: Entre enero y mayo de 2012 se reportaron siete eventos sobre inseguridad alimentaria que hasta la fecha han dejado 17 menores de edad muertos a causa de enfermedades respiratorias, diarrea o falta de atención médica oportuna e integral.Los casos se presentaron en Arauca, Casanare, Cesar, Chocó, Quindío y Meta.
 
Desaparición forzada: En lo corrido del 2012 se reportaron tres eventos de desaparición forzada ocurridos en Nariño, los cuales han afectado de manera crítica al pueblo Awá, ya que de las cinco víctimas reportadas cuatro pertenecen a este pueblo. El último caso reportado y denunciado por la Unidad Indígena del Pueblo Awá UNIPA es la desaparición de tres jóvenes Awá el 22 de abril de 2012. Mauricio Paí Pascal de 22 años, Lisardo Paí Paí de 23 años, pertenecientes al Resguardo Gran Sábalo; y Juan Miguel Guanga Pascal de 19 años del Centro Guadalito – Ecuador, quienes tenían la intención de visitar a su familia en Ecuador. Los jóvenes fueron retenidos, al parecer, por un grupo paramilitar en sectores del Río Mira en el municipio de Tumaco. La última información que se conoce es que fueron obligados a subir a una lancha en el sector del río Mira.
 
 
Junio 27 del 2012,
 
Comunicaciones CAOI