La Comarca Indígena Ngäbé Büglé ha estado codiciada por empresas transnacionales y gobiernos, debido al yacimiento minero del Cerro Colorado, una reserva de cobre que se valorizado en casi 150 mil millones de dólares y por proyectos hidroeléctricos. Desarrollo que se contrapone a los intereses de la mayoría y que atenta negativamente a los ecosistemas y a la cultura ancestral.
 
Los antecedentes del conflicto
 
Los antecedentes del conflicto se remontan al 11 de febrero de 2011, cuando el Gobierno de Ricardo Martinelli sancionó la Ley 8 de 2011, que reformó el Código de Recursos Minerales. La Coordinadora por la Defensa de los Recursos de la Comarca Ngöbé Büglé se opuso a la ley y cerró la Vía Interamericana por cuatro días, culminando el conflicto por medio de los Acuerdos de San Félix el 27 de febrero de 2011.
 
Este acuerdo contempló el compromiso del Gobierno de no permitir la explotación minera en la comarca y adoptar medidas para proteger los recursos hídricos. El 3 de marzo de 2011 se derogó la Ley 8, y se inició el diálogo con las autoridades indígenas para producir una nueva ley minera.
 
Pero, a inicios de enero del 2012, se presenta ante la Asamblea Nacional de Diputados el proyecto No. 415 régimen especial para la protección de los recursos minerales, hídricos y ambientales en la Comarca Ngäbé que recogió lo consensuado de los Acuerdos de San Fèlix, a excepción del artículo 5, que no fue incluido por la bancada del gobierno. Su importancia radica en que se declara la cancelación de las concesiones vigentes y paralizar los trabajos de las hidroeléctricas en construcción en la comarca; así como el compromiso de no permitir la construcción de estos proyectos.
 
Pero los indígenas reafirmaron que dicho punto existía en el Pacto de San Félix. El Gobierno se negó a aceptar este texto y dijo que el mismo no formó parte del Acuerdo de San Félix. Por la cual, se dan los primeros diálogos, sin alcanzar consenso, generando las primeras movilizaciones y acciones de calles.
 
Ante este contexto, el Gobierno organizó un gabinete de crisis, llamando a consultas a un grupo de empresarios quienes apoyaron la decisión la negativa del Gobierno de no adherir el artículo 5 del proyecto de ley No. 415.
 
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