El gobierno de Alianza País se caracterizó en un inicio por una propuesta contra-neoliberal asumiendo el discurso y las propuestas que conformaron la plataforma de lucha del movimiento indígena y de los movimientos sociales. Ya en el ejercicio de su mandato, el gobierno se caracteriza por impulsar una gran reforma capitalista que, según el Plan Nacional para el Buen Vivir, plantea un cambio del eje de acumulación cuya estrategia de desarrollo endógeno permitiría transitar de un esquema extractivo, primario exportador y especulativo a uno basado la mercantilización y aprovechamiento privado de la biodiversidad para beneficio de las transnacionales.
 
Sin embargo, las políticas del gobierno dan continuidad y amplían el modelo extractivista y contaminante. Esto se evidencia con la ampliación de la frontera petrolera vía licitación de nuevos pozos en el suroriente de la Amazonia y el inminente inicio de la fase de explotación de proyectos de minería a gran escala. Esta política de expansión petrolera pone en peligro la vida de los pueblos libres (Tagaeri y Taromenane) con la explotación de los bloques Armadillo, 31 e ITT.
 
Aunque en un primer momento el discurso del Presidente de la República fue nacionalista en el sentido de que deben ser las empresas estatales las que exploten los recursos naturales, en los hechos el gobierno ha delegado su desarrollo a capitales transnacionales. Es así que bajo el discurso de la eficiencia, se ha entregado la producción petrolera de los campos maduros de Shushufindi y Libertador, hasta ahora a cargo de Petroecuador, a las empresas transnacionales Schlumberger, Tecpetrol y Sertecpet hecho que no fue posible ni en la época neoliberal.
 
Lo mismo sucede en materia minera, ya que los cinco proyectos estratégicos previstos en el Plan Nacional de Desarrollo Minero (Mirador, Panantza - San Carlos, Quimsacocha, Fruta del Norte, Río Blanco) también están a cargo de capitales transnacionales, es decir, que las empresas se llevarán la mayor parte de la riqueza que generen estos proyectos. Del Proyecto Mirador (Zamora Chinchipe), que representaría aproximadamente veinte mil millones de dólares, sólo el 22% ingresará como renta al Estado mientras el 78% restante será para las transnacionales, pero nos dejará 681 mil millones de litros de agua contaminada.
 
Esto está vinculado a la implementación de una nueva matriz energética con un plan de construcción de represas hidroeléctricas y proyectos multipropósito (como el Coca Codo Sinclair, PMPPCH, etc.) financiados con capital y acuerdos con empresas de origen chino, que en función de proveer energía para el sistema integrado (necesaria para el procesamiento de la minería) y garantizar el agua a las zonas agroindustriales, inundarán miles de hectáreas de las zonas más fértiles y agrobiodiversas, y territorios indígenas y montubios como Villao, Rio Grande, etc. especialmente en la Costa y la Amazonía.
 
Esta orientación del modelo ha incrementado en el endeudamiento público. La deuda externa asciende según el BCE a US$.9.868,7 millones de dólares (Nov. 2011), y la deuda interna (por concepto de préstamos contraídos con el IESS) a US$.4.557,6.
 
Pese a que el discurso oficial no lo reconoce como deuda externa, el Ecuador debe cancelar US$.4.682 millones entregados de parte de China por concepto de US$1.000 millones del 2009 por preventa de petróleo; US$1.682 millones comprometidos por el Eximbank para Coca Codo Sinclair en junio del 2010; y US$1.000 millones de un crédito atado a petróleo en octubre del 2010, y otra preventa petrolera por US$1.000 millones con Petrochina en enero 2011. Para mediados del 2011 se comprometió un crédito atado a petróleo por US$2.000 millones, de los cuales ya se desembolsaron US$.1.400 millones de libre disponibilidad; y se anunció que el proyecto hidroeléctrico Sopladora será financiado con China por US$.571 millones. En diciembre, el presidente Rafael Correa anunció que se negocian otros US$.1.700 millones provenientes del Banco de Desarrollo de China.
 
Esto demuestra que el supuesto logro del Gobierno de cuestionar y disminuir la deuda pública (que en 2009 bajó al 19,7% del PIB), actualmente ésta asciende al 30,7%. Es decir, que el endeudamiento no ha variado, sólo se han cambiado los mecanismos y los acreedores.
 
En materia agraria y soberanía alimentaria, las condiciones estructurales de concentración de la tierra y el agua; la intermediación; la falta de acceso al crédito y la dependencia de un paquete tecnológico de insumos cuyo costo está en constante aumento, ha generado la crisis de la agricultura campesina. Las políticas gubernamentales que prometieron una “revolución agraria” no han afrontado esta realidad.
 
La inequidad de la estructura agraria persiste. El 7% de los propietarios controla el 60% de las tierras cultivables y se mantiene la alta concentración del agua de riego en manos privadas: el 86% de las unidades de producción agrícola (UPA) con sistemas comunitarios tienen el 22% de área regada y sólo el 13% del caudal, mientras que el 1% de UPAs de propiedad privada tienen el 63% de área regada y un caudal del 64%.
 
Sin embargo, el denominado Plan Tierras y Territorios en su conjunto ha sido un fracaso. Las entregas de tierras a los campesinos han sido en un porcentaje mínimo. No existe voluntad de afectar la gran propiedad y la concentración de la tierra de propiedad privada, argumentando que es más productiva. Las pocas entregas de tierras por expropiación han generado un circuito de endeudamiento impagable para los campesinos y un  alto nivel de conflictividad social. En la provincia de Pichincha, Cantón Machachi, luego de un largo trámite de expropiación se adjudicó a la Asociación San Antonio el predio San Antonio de Valencia, con un costo de US$. 4.600.000 con altos intereses comerciales, y hasta la presente fecha no pueden ingresar al predio los beneficiarios.
 
La política de fomento agropecuario ha impulsado la mediana y gran propiedad, que se concentra en la producción de banano, palma, caña, arroz, maíz duro y ganado; mientras que las pequeñas propiedades campesinas que sostienen la soberanía alimentaria no han sido beneficiarios de esta política. Las condiciones desfavorables para el acceso al crédito han dejado a los campesinos a merced de las cooperativas de ahorro y crédito.
 
En la proforma presupuestaria 2012, los 3 sectores estratégicos para salir de la matriz extractiva (turismo, agricultura, ambiente) apenas suman US$.426 millones de dólares, representando el 1,6% del presupuesto, con una fuerte disminución en el sector agropecuario de -17,69% respecto del año anterior. Mientras que el gasto de propaganda del gobierno alcanza a US$.295 millones de dólares, superando la inversión en agricultura que sólo alcanza a US$.211 millones. Con esto se evidencia la toma de posición del gobierno a favor del agronegocio y el extractivismo, abandonando las economías campesinas y populares que sostienen la soberanía alimentaria.
 
Por otra parte, el gobierno está exigiendo a campesinos, artesanos, feriantes, vendedores informales, entre otros, la inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y en Registro Único de Proveedores (RUP), lo que genera el pago de una serie de impuestos; el cobro de impuestos a tierras rurales e impuestos prediales; los mal llamado impuestos verdes; y el control y prohibiciones al servicio de transporte comunitario de camionetas por el que han optado las comunidades al no contar con el servicio público de trasporte. Todo esto a través de una serie de políticas de formalización y control de las economías campesinas y populares, por medio de decretos y leyes como el COOTAD, el Código de la Producción y la Ley de Equidad Tributaria.
 
En cuanto al caso del areteo del ganado, que es un modo de aplicar a los campesinos el sistema del SRI y los impuestos prediales según el COOTAD, pues no sólo registra los animales en cada finca sino que exige a sus propietarios tener RUC y RUP para poder comercializar. Además, implementa el sistema de “trazabilidad” que significa que van a exigir que se cumpla con un sinnúmero de exigencias (vacunas, registro sanitario, etc.) para poder comercializar, y así restringir el acceso de productos campesinos al mercado.
 
En contraposición, los grandes grupos económicos no han sido afectados. Si bien el gobierno levantó inicialmente un discurso de rechazo a los excesos del capital especulativo, éste es uno de los sectores de la economía que más ha crecido en este período. En el año 2011 las utilidades de la banca crecieron en un 51% en relación al 2010, registrando utilidades por US$.439 millones entre enero y octubre de 2011.
 
Del mismo modo, es necesario destacar que los 62 grupos económicos más fuertes concentran el 41% del PIB, que pasó de US$.529 millones en 2006 (antes de Correa) a US$.701 millones en 2009; creciendo en un 54% más que en los gobiernos neoliberales.
 
Este crecimiento fue impulsado, entre otros factores, por la inyección de recursos en la economía provenientes del gasto público, actuando el Estado actúa como palanca de acumulación para los grandes grupos empresariales. Por ejemplo, observamos las empresas que participan en los programas del gobierno. En las ferias libres, o “ferias ciudadanas”: La Fabril, Panadería California, Nirsa, Ingenio La Troncal, Huevos Casanova, Fideos Toscana, Avícola Fernández, Big Cola, Rey Leche, La Europea, Supermercados de carnes Orellana, Huevos Hércules, gremios arroceros de Salitre. En el programa “socio solidario”: Danec, La Fabril, Epacem, Nirsa, Zaimella, Quicornac, Tiosa, El Ordeño, Pronaca, entre otros. Mientras que estos productos se venden en las grandes cadenas de supermercados (Supermaxi, Mi Comisariato, Tía).
 
Entre las políticas que se impulsan para beneficiar a los grandes grupos económicos, en particular los agroexportadores, se encuentra la negociación de un tratado de libre comercio con la Unión Europea.
 
Pese al incremento en el presupuesto del Estado que es de US$.6000 millones en 2006 a US$.21.000 millones en 2011, y a la adopción de una serie de políticas en esta materia, en lo social podemos constatar que en el período de gobierno actual (2006-2010) la reducción de la pobreza medida por ingresos, sufrió un estancamiento. De 2003 a 2006 reducción de la pobreza en 12,3 puntos, la extrema pobreza en 9,7 puntos; y de de 2007 a 2010, en 3,9 puntos, la extrema pobreza en 3,4 puntos solamente. Al mismo tiempo, según la CEPAL aumentó la desigualdad interna en 2010 a 0,54 (índice de GINI). En poblaciones indígenas, el índice de pobreza por ingresos alcanza el 65,8% y el índice de analfabetismo aun se mantiene en 20,4%.
 
Por otra parte, el alto costo de la vida sigue empobreciendo a las familias ecuatorianas. El salario mínimo de los trabajadores que asciende a US$.292, no cubre la canasta familiar, que alcanza los US$.578,04 dólares (2011).
 
Pese a la aprobación de una legislación constitucional garantista y de ampliación de los derechos sociales, la política pública ha restringido derechos en materia laboral y educativa. En lo laboral se ha restringido el derecho a la contratación colectiva, a la estabilidad laboral, a la organización y libertad sindical, generando nuevas formas de flexibilización laboral, produciéndose una regresión en los derechos laborales conquistados históricamente. En materia de educación, a través de la aprobación de la Ley de Educación Superior se restringió el derecho constitucional de libre acceso a la educación superior, se destruye la autonomía universitaria y se elimina el co-gobierno. En cuanto a la educación  bilingüe no se han cumplido las disposiciones constitucionales y se carece de los servicios básicos y elementales para una educación de calidad.
 
Como parte del discurso pos-neoliberal, y utilizando los símbolos de la izquierda y la revolución, el Gobierno ha recuperado el aparato estatal desmantelado por el neoliberalismo. Sin embargo dicha recuperación se ha concentrado en la función ejecutiva y en particular en el Presidente de la República, que se caracteriza por ser represivo, concentrador, racista, sexista y no democrático y que está beneficiando y gobernando para los mismos grupos de poder; intentando desarticular y desacreditar a los sujetos colectivos y a las organizaciones sociales, que resisten frente a la implementación del modelo.
 
Alrededor de 500 compañeros y compañeras son perseguidos judicialmente por actuar en defensa de los derechos sociales y de la Naturaleza, en muchos de estos casos bajo la figura de sabotaje, terrorismo y asociación ilícita; lo cual demuestra una política sistemática de criminalización de la organización popular.
 
En este proceso se ha instrumentalizado el mandato constitucional de la plurinacionalidad según sus intereses, profundizando el modelo económico capitalista y desvirtuando la propuesta de Estado Plurinacional, que no significa simplemente reconocer la existencia de las nacionalidades y pueblos, sino el cambio profundo de las estructuras económicas, políticas y sociales del país.  
 
Por todas estas razones, nos movilizamos en exigencia de:
 
Un cambio de modelo de desarrollo, para construir un modelo de soberanía alimentaria, que es la base de un verdadero Estado Intercultural y Plurinacional.
 
1)    No a la minería a gran escala.Cumplimiento del Mandato Minero. Exigencia a la Corte Constitucional para que resuelva la acción de incumplimiento de dicho mandato. Derogatoria de la Ley Minera por ser inconstitucional. Nulidad del contrato de explotación minera firmado del día 5 de marzo entre el gobierno nacional y la empresa ECSA Ecuacorriente.
 
2)    No ampliación de la frontera petrolera en la Amazonía. Suspensión de la Décima y Decimoprimera Ronda Petrolera. Respeto a la autodeterminación de los pueblos libres y cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la CIDH. Garantía a la no explotación de los bloques ITT y 31, por estar dentro del Parque Nacional Yasuní y territorio ancestral Waorani. Reparación y restauración ambiental de los territorios afectados por la actividad petrolera, y justicia en el caso Chevron Texaco.
 
3)    No a los mega proyectos hidroeléctricos y multipropósito. 
 
4)    Aprobación de la Ley de Aguas para el Buen Vivir, que contemple el respeto a la prelación de las funciones del agua, la garantía del derecho humano al agua a través del establecimiento de un mínimo vital y gratuito, la creación del Fondo del Agua; la prohibición de los servicios ambientales, que se respeten los derechos de la Naturaleza en cuanto a contaminación y vertidos; que genere instrumentos para la desprivatización del agua y su redistribución; y que respete y fortalezca la gestión comunitaria del agua con la participación de comunidades y organizaciones; y que se cree el Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua.
 
5)    Aprobación de la Ley de Tierras y Territorios, que contemple la construcción de un modelo agrario para la soberaní