Dice el refrán popular que no hay mayor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver.
 
Ha sido tradición de los actores armados, asumir, y no hay uno solo que desmienta esta realidad, que son sus enemigos los que tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos y el deber de no afectar el derecho internacional humanitario. Unos y otros se esfuerzan por hacer ver que en los enfrentamientos las víctimas civiles y los daños a la infraestructura social son responsabilidad del contrario. Es tal el desvarío que ven enemigos no solo en las orillas sino en el mismo río y para solucionar esa lectura buscan, con métodos poco ortodoxos, descontaminar lo que consideran turbio, con lo cual terminan causando daños irreparables al medio y sacrificando en últimas la esencia de sus luchas.
 
En Colombia, como diría algún teórico de la izquierda, los diversos sectores sociales implementamos muchas de las formas de lucha, unas veces desde la cotidiana devoción a dios, o desde el rebusque diario de los niños en los semáforos de las grandes ciudades, con el desplazamiento permanente de comunidades campesinas y afros huyéndole a la muerte al no poder detener el despojo de sus tierras, otras realizadas por los estudiantes contra la privatización y por una cátedra libre, o los maestros, los sindicatos y los viviendistas buscando detener el recorte de las reivindicaciones ganadas en la primera mitad del siglo XX, igual que los jóvenes de las ciudades rompiendo el silencio con sus notas de rap y sus ritmos urbanamente contorneantes o manchando las paredes para mostrar su desencanto ante la falta de libertad de información. Solo a unos pocos insisten en exclamar que todas las formas de lucha solo es la armada o que es la única válida para generar los cambios estructurales que necesita el país, pensamiento acogido por corrientes políticas negadoras de la creativa acción de movimientos cívicos y populares que como otra forma de lucha construyen democracia a nivel local.
 
En este escenario los pueblos indígenas, seguimos en resistencia, construyendo autonomía, reclamando con nuestra voz de siglos respeto por nuestros territorios y por nuestra madre tierra. Creemos que el pueblo colombiano así lo ha entendido y tal vez por eso ha acompañado propuestas como la liberación de la madre Tierra y la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, tal vez por eso ha compartido nuestros llamados a juicio contra militares que han profanado la movilización o trasgredido la armonía de nuestros territorios, tal vez por eso manifiestan su admiración cuando nuestras guardias indígenas se oponen a hechos violatorios del derecho internacional humanitario, tal vez por eso se muestran fraternos cuando decimos que cuenten con nosotros para la paz nunca para la guerra.
 
Desde la Resolución de Vitoncó, emitida en 1985, los cabildos indígenas del Cauca reclamamos la desmilitarización de los territorios tradicionales indígenas, mensaje dirigido tanto al ejército como a las guerrillas; en ese momento histórico que contó con la presencia de la farc y del entonces movimiento armado Quintín Lame, se compartió que las discrepancias de las comunidades indígenas se resolvían de forma interna y de conformidad con sus usos y costumbres y sin la intervención de terceros. Nuestro reclamo de desmilitarización vuelve a tener vigencia en la época actual debido a la necia decisión de los armados de copar los territorios indígenas, en especial los del el norte del Cauca. Paradójicamente, éstos no solo definieron continuar los combates en nuestros territorios, sino que ahora le exigen a las comunidades lo contrario, que sean las gentes quienes abandonen sus casas de habitación y terrenos de trabajo para dejar libre los territorios y facilitar sus combates, y como las comunidades no lo han hecho, ahora las acciones bélicas se realizan sin el menor recato de atención o garantía del derecho a la vida y la integridad de la población civil, como la opinión pública lo observó por televisión en Caloto y se sufrió en Caldono o se vive diariamente en Toribío, Corinto y Jambaló.
 
Es claro que tanto la guerrilla como el gobierno colombiano insisten en involucrar a los pueblos indígenas en la guerra, una muestra es el comunicado de las farc a las comunidades indígenas del norte del Cauca, o las jornadas cívico-militares que sustituyen la responsabilidad civil del Estado colombiano. Sin embargo y de manera oficial, así algunos comuneros decidan unirse al ejército o a la guerrilla, sea por convicción política o por desobediencia, o porque los seducen los uniformes y las armas o ante la carencia de alternativas debido a la permanencia de la guerra en sus territorios, la política del proceso organizativo del Cauca mantiene la reivindicación del no pago del servicio militar, rechazo al reclutamiento forzado y está trabajando la iniciativa de encontrar salidas políticas y dialogadas al conflicto armado colombiano,.
 
Nuestro llamado permanente a los actores armados, identificado en el pronunciamiento de Toribío del 20 de julio de 2011, ha buscado que los ejércitos respeten la autonomía de las comunidades, la vida de las personas y las leyes de la guerra. Pero hasta el momento ello no ha sido escuchado, por lo cual las comunidades definieron realizar la Minga de resistencia por la autonomía y armonía territorial y por el cese de la guerra, con tres propósitos fundamentales: UNO: desmilitarizar los territorios indígenas y poner freno a la militarización promovida por el ejército y las FARC, DOS: convocar al gobierno nacional y a la guerrilla a Diálogos Humanitarios en territorio indígena del Cauca para exigir el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, y TRES: reactivar los Debates públicos con el gobierno y la insurgencia, sobre los proyectos políticos y territoriales que están en juego.
 
Lo expresado en Toribío fue ratificado por la Junta directiva Regional de cabildos, realizada en Jambaló, el pasado 26 y 27 de enero, donde avalamos, compartimos y asumimos la resolución No. 001 de enero 25 de 2012, emitida por el cabildo y la comunidad de Jambaló, denominada “Asamblea Permanente de Movilización de los Pueblos Indígenas, por la defensa de la vida, en el ejercicio de control territorial en el marco del Gobierno propio”, donde se indicó nuestro deseo de continuar salvaguardando la vida, el territorio y la autonomía de los pueblos indígenas; allí también sereafirmó la emergencia territorial y humanitaria, así como la implementación de acciones de resistencia pacífica para la pervivencia como pueblos originarios, definiendo retomar el ejercicio de control territorial, mediante acciones de resistencia pacífica. Al declarar la asamblea permanente de movilización como pueblos indígenas del territorio ancestral de Sat Tama Kiwe Jambaló se activó la guardia indígena y los sitios de control territorial, indicando el desarrollo de una denuncia internacional contra el Gobierno nacional, las fuerzas militares y demás actores armados, por violación permanente a los derechos Humanos e infracción al derecho Internacional Humanitario en el territorio indígena de Jambaló.
 
En estos escenarios hemos expresado públicamente que el camino de la paz pasa obligatoriamente por unas condiciones de respeto a nuestras luchas, por un escenario de no violencia política, ni genocidio contra nuestros pueblos, lo cual no implica abandonar nuestros procesos de movilización, recuperaciones de tierra y en general de nuestra exigencia a la garantía de derechos económicos, sociales y culturales, porque todo ello hace parte de esa lucha integral por la paz.
 
Ahora que se pide coherencia a los agentes de la guerra, nos encontramos en medio de expresiones alevosas, irresponsables y tendenciosas como la del comunicado en mención, donde se señala  que “…en una errónea y engañosa interpretación de la Autonomía, ciertos “dirigentes” vienen sembrando odios en los comuneros y promueven en las asambleas el espíritu confrontacional, no solo contra la presencia guerrillera, sino también contra los propios hermanos indígenas que se alejan de sus políticas proclives al Estado”, estos comentarios en nada se distinguen de las versiones institucionales como la del mismo presidente de la República y de su ministro de defensa por medio de las cuales reiteran de forma irresponsable que los territorios indígenas son cuna de la guerrilla. Ligereza o mala intensión tienen esas frases, otro ejemplo está en el mismo comunicado, donde afirman de forma irrespetuosa que las guardias indígenas son una mera extensión de los cuerpos policíacos del Establecimiento.
 
Es evidente que el escrito busca tergiversar la realidad de los hechos. Ahora resulta que las tierras que poseemos actualmente fueron “reconquistadas” por las farc “para los indígenas”, expresión que falsea la realidad y justifica el accionar de las fuerzas del gobierno para negarnos el derecho a la propiedad colectiva. Quien conozca la historia reciente sabe, que si bien durante los procesos de recuperación de tierras se mostró el coraje milenarios de las luchas indígenas, éstas se destacaron por su carácter civil y étnico, planteando nuevas formas de reivindicación, hechos que nos permitieron ajustar la legalidad a la garantía de derechos, legitimar la movilización social y recordarle al Estado la deuda histórica que mantiene con nuestros pueblos.
 
Entonces, el mensaje enviado por las farc a las comunidades indígenas del norte del Cauca no parece tender puentes de entendimiento sino que tiene como objetivo continuar creando confusión. La arrogancia que muestra el escrito evita cualquier crítica a sus acciones y se enfoca en señalamientos a terceros como los principales responsables de la crisis en que se debate la población colombiana, donde el poder neoliberal resulta siendo simplemente decorativo y una excusa para referirse al conflicto.
 
En conclusión, la lectura del mensaje de las farc al movimiento indígena del norte del Cauca, nos indica que este grupo armado se niega al debate propuesto por las comunidades indígenas y a aceptar el compromiso humanitario de no involucrar civiles en la guerra, en especial frente al requerimiento de devolver a sus hogares los menores que hacen parte de sus filas. Tal parece, en el análisis del documento, que el principal problema para la revolución de las farc es de unos “lideres” indígenas, que les hacen oposición, por lo cual los han convertido en objetivo militar. Este planeamiento en el lenguaje del expresidente Uribe era un problema de indios malos, pues los buenos, según él, estaban con las organizaciones paralelas al CRIC.
 
Las expresiones actuales tanto, las enunciadas en el comunicado de las farc, como aquellas dichas por funcionarios del gobierno nacional pretenden imponer la voz de los fusiles buscando acallar las voces de los pueblos y comunidades víctimas de una guerra armada que no representa nuestros intereses, pero nos cobra la libertad, la cultura y lo más sagrado que es la vida de nuestras gentes y procesos organizativos.
 
Popayán, marzo 6 de 2012
 
CONSEJERÍA MAYOR
 
CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA –CRIC-
 
Cuenten con nosotros para la paz… nunca para la guerra
 
 
 
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