Es doloroso e inaceptable para los pueblos indígenas que la guerra siga cobrando vidas de nuestros niños, como sujetos prevalentes de derecho, indicó la ONIC, tras conocer la muerte del comunero nasa Eduar Ipia Quitumbo, ocurrida en el municipio Florida, Valle del Cauca, el pasado 05 de febrero cuando miembros de la comunidad indígena Altamira se encontraban realizando actividades de pesca en la zona. En los hechos tres indígenas resultaron heridos...

La ONIC y su filial regional ORIVAC condenan este hecho y denuncian a los actores armados ilegales, en este caso, que con sus diversas actuaciones muestran su capacidad de crueldad y sevicia que se ensaña contra los civiles, en este caso niños y jóvenes indígenas que nada tienen que ver con el desarrollo del conflicto en Colombia. “La guerra no pude seguir cobrando más vidas humanas de inocentes civiles y menos de menores de edad, la guerra no puede continuar si se quiere pensar en un país grande, en paz y democrático”, expresó Luis Évelis Andrade Casama, consejero mayor de la Autoridad Nacional Indígena de Colombia, ONIC.

Los Hechos

La muerte de Eduar Ipia, según denuncia la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca, ORIVAC, ocurrió cuando algunos comuneros de la comunidad indígena de Altamira se encontraban realizando actividades de pesca en la zona de páramo. Él piso una mina antipersonal, que amputo sus pies y una mano al instante. Sus compañeros frente a esta situación hicieron todos los esfuerzos posibles por salvarle la vida al comunero, trasladándolo incluso montaña abajo. 3 horas después de tan deplorable suceso, falleció.

En su comunicado la ORIVAC indica que miembros de la comunidad perteneciente al Cabildo Central de Asentamientos al enterarse de la situación subieron a la zona donde encontraron al grupo de compañeros, pero que infortunadamente el hermano indígena ya había muerto. Luego la comisión halló otros tres compañeros heridos por la explosión, “ELKIN IPIA QUITUMBO también menor de 17 años, BELISARIO IPIA MEDINA de 30 y JUAN PABLO IPIA MEDINA de 21”.

Hasta la presente las autoridades y organizaciones indígenas no tienen conocimiento de la identidad de los responsables de esta acción, pero hacen un llamado enfático a todos los actores armados “para que cesen su actuación violatoria a los DDHH y, a que no conviertan más nuestros territorios en campos de guerra que generan saldos trágicos para nuestros pueblos, especial para nuestros niños que son sujetos del derecho prevalente en el orden nacional e internacional”, señaló la Consejería mayor de la ONIC.

Contexto
Casos como los ocurridos en el Valle, suelen ser más notorios de los que se registran en los fríos cuadros estadísticos y según la información que llega a la ONIC, a nuestra consejería de Derechos Humanos, podíamos nombrar muchos casos de violación por esta causa. Por ejemplo en Puerto Libertador y Tierraalta, Córdoba donde además de estar confinadas las comunidades por amenizas y por el desarrollo de maga-proyectos como Urra, algunos han caído en caen en minados, mientras salen a buscar sus alimentos.

Los caso más notorios han ocurrido en Nariño, donde comunidades Awá y pasto han sido víctimas de este Flagelo. En el sur del Valle del Cauca y norte del Cauca también se han intensificado los casos de muertes por minas anti-personas tal como lo evidencia este caso reciente.
Lo mismo ocurre en Antioquia y en otras regiones como la Orinoquia y la Amazonia, especialmente en Guaviare y Meta, donde las principales víctimas han sido los Nukak Makù y los Jiw (guayaberos), un miembro de este último pueblo murió uno la semana pasada y no menos de cinco en los últimos tres años.

La ONIC lamenta que mayoría de estos caso afecten a nuestros niños como ocurrió también el pasado mes de noviembre pasado en zona rural del municipio Planadas, Tolima, cuando un hombre mayor y un niño fueron las víctimas de la explosión de un artefacto explosivo.

El actual panorama de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas en Colombia es crítico, sistemático y reiterativo pese a los llamados que han realizado diversos organismos entre ellos Naciones Unidas los cuales han llamado al gobierno colombiano a atender la aguda crisis de DD.HH, para los diversos pueblos. De igual forma, la Corte Constitucional ha advertido que 35 pueblos indígenas se encuentran en peligro de extinción a causa del conflicto y el desplazamiento.

La ONIC le ha ratificado al gobierno la necesidad de priorizar la implementación de los Programas de Garantía y Planes de Salvaguarda contenidos en el Auto 004 de 2009 por la suma urgencia de protección que ameritan estos pueblos indígenas que hoy afrontan en riesgo de exterminio; y que pese a la medida de la Corte que ordena protegerlos y las reiteradas alertas de la ONIC, las diferentes organizaciones indígenas, la ONU y el Ministerio Público colombiano, entre otras, el gobierno no ha tomado medidas efectivas al respecto.

En el caso de víctimas por minas anti-persona la ONIC registró en 2011, un total de 30 personas afectados por acciones de estas armas no convencionales, de los cuales 10 habrían sido víctimas mortales. Las víctimas restantes han
quedado heridas. La Consejería de DDHH de la ONIC advierte y lamenta que pese a las múltiples afectaciones por estos casos no todas son públicas y hay muchos casos de comuneros indígenas afectados por minas anti-personas que las comunidades y autoridades indígenas no denuncian por miedo a represalias de los actores armados ilegales y; denuncia que lamentablemente los casos donde más frecuente suceden en cercanías a batallones de alta montaña, que ha instaurado el gobierno en el marco del Plan Colombia y la Seguridad Democrática y casi siempre ocurren donde las comunidades deben transitar a buscar su subsistencia diaria.

En este sentido la ONIC Exige a todos los actores armados que en su actuación no involucren a la población civil y hacemos un llamado para que haya una concertación dialogada en búsqueda de la paz para que el país hacia futuro sea un escenario de paz, donde niños, hombres y mujeres puedan transitar tranquilos por sus territorios y no tengan que vivir tragedias como las que estas.

Por su parte la ORIVAC señala que “nuestra indignación abarca a quienes teniendo la obligación de eliminar tan terrible y rastrero peligro, no ponen todo su empeño en buscar y destruir los campos minados sobre todo si esos territorios son indígenas y, únicamente lo hacen en los sitios por donde van a transitar, pues según la obtusa concepción de altos mandos, el hecho de vivir en territorios de conflicto, aunque sean víctimas inocentes, como en el caso actual, de las atrocidades de esta guerra sucia, nos quieren hacer aparecer a todos los indígenas como cómplices de estas bestialidades.

“Exigimos del Estado colombiano mayor diligencia para terminar con esta guerra sin sentido y a las Organizaciones Internacionales mayor presión para que los indígenas no sigamos siendo víctimas inocentes de las atrocidades de los bandos en conflicto, mientras se nos calumnia impunemente para tapar las deficiencias”, Concluye la ORIVAC.

Bogotá, febrero 6 de 2012
Autoridad Nacional de Gobierno Indígena, ONIC