Nuevamente el antiterrorismo es utilizado por los Estados para justificar la criminalización de los pueblos indígenas. Más de doscientos carabineros allanaron la madrugada del domingo 8 la comunidad mapuche Cacique José Guiñón, en la provincia de Malleco, Araucanía, Chile. Este allanamiento se produjo tres días después de que un incendio afectara cuatro mil hectáreas forestales y autoridades del gobierno de Sebastián Piñera afirmaran que el fuego fue producto de un atentado realizado por mapuches que reivindican esas tierras.
 
El Ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter y el Intendente Andrés Molina atribuyeron de inmediato el incendio, en el que murieron siete brigadistas en el trabajo de combatirlo, a un atentado terrorista. De nada sirvió que el comandante de Bomberos de Carahue, Héctor Rebolledo, desmintiera esta versión, afirmando que el fuego se produjo por la práctica ilegal de obtención de carbón, común en la zona. Ni que diversas organizaciones mapuches salieran de inmediato a rechazar toda posibilidad de atentado y advertir que lo que se pretendía era justificar la represión contra las comunidades y el uso de la ley antiterrorista heredada de la dictadura de Augusto Pinochet en esa represión.
 
El allanamiento y el uso de la ley antiterrorista contra los mapuches no son nuevos en Chile. Hay decenas de indígenas en ese país presos y juzgados con dicha ley. Y no solo ocurre en Chile. La estigmatización y criminalización son prácticas sistemáticas en América Latina. Esto fue advertido hace ya cinco años, en el 2007, por el entonces Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas Rodolfo Stavenhagen en su Informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde señaló que “la criminalización de los movimientos indígenas se ha constituido en una de las principales problemáticas en todo el planeta”.
 
Los hechos lo confirman: en Colombia, la práctica de los “falsos positivos” ha dejado muchos muertos en los pueblos indígenas, más de treinta de ellos en peligro de extinción física y cultural. Esta práctica se instituyó cuando el Estado colombiano pagaba a las fuerzas del orden por los muertos en enfrentamientos con las fuerzas irregulares. Entonces se asesinaba a civiles, gran número de ellos indígenas, se vestía los cadáveres con uniformes de las FARC y se los presentaba como terroristas caídos en combate. Desde hace muchos años, los pueblos indígenas y sus organizaciones, articuladas en la Organización Nacional de Indígena de Colombia (ONIC), integrante de la CAOI, han deslindado rotundamente con la violencia y con todos los actores armados del conflicto que utiliza sus territorios y los pone en el centro de fuegos cruzados.
 
En el Perú, más de un millar de líderes y dirigentes indígenas están judicializados bajo cargos gravísimos, entre ellos el de terrorismo, por defender los derechos de sus comunidades contra la imposición de actividades extractivas en sus territorios, principalmente la minería. Pese a que fueron las comunidades las mayores víctimas de la guerra sucia que azotó este país durante dos décadas (1980-2000), más del 70% de los muertos según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y que la derrota del terrorismo fue posible gracias a que esas comunidades se enfrentaron a Sendero Luminoso.
 
En el Ecuador también se criminaliza y estigmatiza a los pueblos indígenas y sus organizaciones. En este país son cerca de doscientos los procesados por cargos graves, como sabotaje y terrorismo, entre ellos Delfín Tenesaca, Presidente de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI), integrante de la CAOI.
 
El allanamiento del domingo a la comunidad mapuche Cacique José Guiñón dejó tres heridos, entre ellos una mujer de 18 años con ocho meses de gestación. El gobierno previamente difundió la versión de que el incendio del jueves 5 fue perpetrado por cinco encapuchados que prendieron fuego a dos casas, la del dueño del fundo y la de su vigilante, gritando consignas por la reivindicación territorial mapuche. La intención de criminalizarlos estaba cantada.
 
La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) llama la atención de los organismos de derechos humanos de la OEA y la ONU para que exijan a los gobiernos poner alto a la práctica sistemática de criminalización de los pueblos indígenas y sus organizaciones. Los pueblos indígenas rechazamos el terrorismo, defendemos la vida, demandamos nuestro derecho a vivir en paz.
 
Lima, 9 de enero del 2012.
 
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI
Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina
 
http://www.facebook.com/note.php?note_id=334768173207611
www.coordinadoracaoi.org