La fiscalía no encontró mérito para detener al atacante que disparó contra mujer indígena del resguardo de Quintana; mientras que la alcaldía de Popayán, por presión del Procurador Regional, facilita posesión de predio en conflicto, desconociendo acuerdos de convivencia indígena y campesina.
 
Hechos.
 
1). Pasado el mediodía, del día 25 de septiembre de 2011, estando en los alrededores de la Finca La Selva, Vereda El Cabuyo, la Señora Nancy Sánchez Campo, comunera del resguardo indígena de Quintana, al ver que el señor Elman Augusto Manzano Ordóñez entró a la finca en mención, le preguntó que con qué permiso entraba en el predio, a lo que el señor respondió que el entraba allí cuantas veces quisiera y sacó un revolver y le hizo un disparo, que de nos ser, según se informó, por que el hijo del señor le desvía la mano hubiesen sucedido hechos que lamentar. Acto seguido la guardia indígena de Quintana intervino y desarmó al atacante, informando de inmediato al CAI de Bello Horizonte hasta donde fue conducido el detenido, sin embargo el agresor quedó en libertad inmediata por que la fiscalía no encontró mérito para detenerlo.
 
2). La finca La Selva hace parte del ámbito territorial de los indígenas asentados en el resguardo de Quintana lo cual ha sido reconocido tanto en el pacto de convivencia armónica y de conservación del Río La Piedras y zonas aledañas, firmado en octubre 15 de 2002, así como en el Formato de Actas Internas y Externas del Incoder, en el cual el gerente general de esa institución, Juan Manuel Ospina, informó sobre la decisión tomada de recocer el predio La Selva a la comunidad indígena de Quintana y que se reubicaría a la población campesina a un predio de similares condiciones antes del primer trimestre del 2012, para lo cual se establecería un cronograma de acción que debía presentarse en el mes de septiembre del 2011, cuyo cumplimiento, se dijo, sería estricto.
 
3). El Incoder, desconociendo los compromisos previos, y sin medir las consecuencias que sobre la convivencia ciudadana se podrían devenir, compró el predio en el año 2010 para entregarlo a personal desplazado por el conflicto armado, de la misma manera que ha sucedido con la finca San Rafael del municipio de Buenos Aires, la finca “Villa Carola”, resguardo de Poblazón; municipio de Popayán; finca “Los Naranjos”, situada en la vereda La Pajosa, del municipio de Totoró, entre otras muchas en donde la ineficiencia institucional está generando conflictos sociales.
 
4). En reunión interinstitucional realizada el día 26 de septiembre, sin intervención del personero de la ciudad de Popayán, ni del procurador provincial, el señor Juan Manuel Grueso, procurador regional, asumiendo una actitud claramente anti-indigenista, presionó a la alcaldía para que ordenara el acto de posesión del terreno en conflicto, desconociendo los acuerdos de convivencia y de solución equilibrada para campesinos e indígenas, así como el compromiso del Incoder de comprar un predio para campesinos.
 
Posición de las Autoridades Tradicionales indígenas del Cauca
 
Para el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, estos hechos muestran ser parte de la estrategia anti-indígena, racista e intolerante, fomentada por la institucionalidad y el poder político y económico departamental con el objetivo de promover la confrontación entre sectores vulnerables, y que en la actualidad está siendo usada por intereses de algunos sectores que se encuentran en campaña electoral, los cuales no quieren que haya una solución de fondo a la problemática de tierras del departamento del Cauca.
 
La Consejería Mayor del CRIC considera desafortunada, para la credibilidad de la justicia, la determinación de la fiscalía de dejar libre al agresor de la comunera Nancy; estima igualmente que la decisión de la alcaldía no solo desconoce los acuerdos previos entre el Incoder y campesinos e indígenas de la zona, sino que denota mala fe y un deseo de continuar la situación de conflicto social. Dichas actuaciones son contrarias a su deber constitucional, por lo cual nos solidarizamos y acompañamos la decisión de las autoridades de la Zona Centro, pueblo Kokonuko, de declararse en asamblea permanente hasta tanto las instituciones brinden soluciones efectivas tal como reclaman el grupo de desplazados y la comunidad del resguardo indígena de Quintana.
 
CONSEJERÍA MAYOR
 
CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA –CRIC-
 
Popayán, septiembre 28 de 2012