Arequipa, 16 de septiembre.- El Foro de los Pueblos concluye hoy en esta ciudad con una marcha hasta la sede de la 30° Convención Minera y la aprobación de la Declaración del Misti, documento que contiene una serie de propuestas destinadas a hacer realidad el pleno ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas.
 
Organizado por la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI PERÚ), el Foro de los Pueblos reunió a quinientos participantes de los andes y la costa peruanos, además de invitados internacionales, principalmente de Ecuador y Chile. Se inició el martes 13.
 
A dichos quinientos participantes se unen millares de comuneros andinos que marchan juntos hasta la sede de la 30° Convención Minera, donde presentarán a las autoridades del gobierno y los empresarios del rubro, la Declaración del Misti, cuyas principales propuestas se resumen en:
 
1.       Formación de una Comisión para abrir el diálogo con el gobierno central para la solución a los conflictos socioeconómicos, ambientales y culturales entre los pueblos, las empresas transnacionales y el Estado.
 
2.       Participar en la Movilización Mundial del 12 de octubre en defensa de la Madre Tierra.
 
3.       Exigir el pago a los responsables que originan daños al medio ambiente y el cambio climático.
 
4.       Ampliar el marco jurídico del país para cautelar los derechos de los pueblos indígenas, organizados en comunidades campesinas y nativas. Esto implica incorporar los derechos internacionales reconocidos a los pueblos indígenas al cuerpo normativo nacional. Sobre todo el derecho a la libre determinación, al modelo de desarrollo propio, a la autonomía y a la gestión de su territorio y recursos naturales.
 

Creación de una Comisión de la Verdad sobre la Minería y las industrias extractivas que investigue el desempeño de la minería desde la década del 90, para que informe la situación real de los impactos sociales y ambientales de la minería, recomiende medidas de política pública para revertir y controlar sus efectos negativos y proponga medidas de reparación para las víctimas.

Crear un marco jurídico que sancione ejemplarmente a los responsables de los daños al ambiente y a la vida de los pueblos y comunidades.

Prohibir la minería a tajo abierto y el uso de cianuro y otras sustancias altamente tóxicas.

Que el Ministerio del Ambiente sea el ente rector para definir los estudios de impacto ambiental.

Demandar que el gobierno de Ollanta Humala retome su propuesta de campaña electoral para aplicar un impuesto a las sobreganancias mineras que sustituya al gravamen u óbolo minero.

Respetar el carácter obligatorio o vinculante de las consultas ciudadanas realizadas con la participación de las poblaciones indígenas y no indígenas sobre actividades mineras, como en los casos de Tambogrande e Islay

Un nuevo ordenamiento del territorio nacional con zonificación ecológica y económica, con criterio de sostenibilidad y la participación de los pueblos y comunidades originarios desde las bases, que nos permita señalar las zonas del país en los cuales se puede y no se puede hacer minería.  

Incorporar en la agenda política nacional el otorgamiento de derechos a la naturaleza. Se requiere contar con un marco jurídico que incorpore el análisis y medidas que aseguren un equilibrio y armonía entre el uso de los recursos naturales y el bienestar de nuestros pueblos.

Asegurar un marco jurídico que privilegie la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales de la población. Derogar la normatividad que acentúa las políticas de criminalización de la protesta social. Crear un registro nacional de las victimas por metales tóxicos, la identificación de los responsables de esta situación y que se implementen reparaciones para las víctimas.

Cancelación de las concesiones mineras otorgadas por el Estado Peruano en la medida en que no han sido consultadas y por consiguiente no han sido otorgadas con el previo consentimiento de las Comunidades.

Derogatoria de los decretos legislativos que criminalizan la protesta social. Amnistía a los dirigentes y luchadores sociales, reparaciones a las víctimas de la represión de la protesta social, la creación de juzgados y tribunales comunales para la administración de justicia en materia consuetudinaria.

Exigir al Estado Peruano que se sancione a las empresas mineras que han contaminado con metales pesados nuestros recursos naturales.

 
17.    Otorgar un plazo de 90 días al gobierno central para el cumplimiento de las propuestas de los pueblos. Y convocar a un Paro Nacional en caso de que el gobierno central no cumpla con atender nuestras propuestas.
 
 
Comunicaciones CAOI / CONACAMI
 
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI
Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería – CONACAMI PERÚ