Mario Tabra Guerrero, presidente del Frente de Defensa del Medio Ambiente, la Vida y el Agro de Ayabaca, dijo que la indemnización a los 33 comuneros de Ayabaca y Huancabamba que fueron secuestrados y torturados tras la marcha que realizaron  en agosto del 2005 al campamento de la entonces minera Majaz, es un acto de reconocimiento de la responsabilidad de la empresa en esos hechos.
 
Tabra Guerrero, que fue uno de los comuneros detenidos por miembros de la Policía Nacional y los miembros de seguridad de la empresa minera, dijo que este no es un acto de buena voluntad de la empresa, puesto que sólo se indemniza a quien se ha afectado, por lo tanto se está reconociendo los abusos cometidos en contra de ellos.
 
Agregó, que este proceso que se llevaba adelante en el Tribunal Superior de Londres era un proceso civil y por lo tanto la reparación a los afectados era lo que se perseguía.
 
Sin embargo, aclaró que aún falta sancionar a los responsables directos de las torturas, como son los miembros de la Policía Nacional, los integrantes del grupo de seguridad de la empresa a cargo de Forza, los funcionarios del Ministerio del Interior y de Justicia durante el gobierno de Alejandro Toledo.
 
De otro lado, añadió que aún queda pendiente el tema de la ilegalidad de la presencia de la minera en los territorios de las comunidades, lo que debe resolverse con el retiro de la empresa de esos predios.
 
Como se recuerda en agosto del 2005 un grupo de ronderos y comuneros de Ayabaca y Huancabamba marcharon hacia las instalaciones de la entonces minera Majaz (ahora Río Blanco) para verificar su ilegal presencia en los territorios comunales.
 
Cuando llegaron al campamento minero, fueron brutalmente reprimidos por miembros de la Policía Nacional, quienes no dudaron en utilizar sus armas de reglamento para dispersarlos. Producto del enfrentamiento decenas de comuneros resultaron heridos mientras que Melanio García Gonzales murió producto de los disparos realizados por las fuerzas del orden.
 
Mientras eso sucedía en los alrededores, hasta el campamento minero fueron llevados 33 comuneros, los mismos que fueron sometidos a una serie de torturas por parte de los miembros de seguridad de la empresa y los efectivos policiales, todo bajo las órdenes dadas por funcionarios de la empresa.
 
Tampoco hubo contemplaciones con las dos mujeres que se encontraban dentro del grupo de comuneros secuestrados. Ellas fueron víctimas de los abusos de sus captores.
 
Estos hechos fueron denunciados oportunamente, sin embargo, fue hasta enero de 2009 que fueron tomados en serio tras la publicación de un grupo de fotografías en las que se observaba la forma inhumana con la que fueron tratados.
 
Se observaba a los detenidos atados de manos, otros vendados y otros completamente cubiertos con sacos de color negro. En otras de las tomas lo policías posan mostrando las prendas de las mujeres, como si estos se trataran de trofeos de guerra.
 
Tras conocerse estas imágenes se iniciaron una serie de iniciativas legales contra la empresda Monterico Metals, hasta entonces accionista de Río Blanco (ex Majaz), logrando inmovilizar más de 5 millones de Libras de las cuentas de la minera.
 
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