Contexto
 
En los últimos años, la construcción de mega represas o centrales hidroeléctricas se ha convertido en una fuente permanente de conflicto social. Hace cerca de dos meses, las desafortunadas declaraciones del Secretario General de la OEA José Miguel Insulza, cuestionando las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al gobierno del Brasil, respecto a suspender la construcción de la represa Belo Monte hasta que se realice la consulta con los pueblos afectados, causaron indignación general. Y más recientemente, el gobierno del Perú canceló el proyecto de la Central Hidroeléctrica de Inambari.
 
Lo que dijo el señor Insulza es que las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas no son equiparables a las torturas, desapariciones o asesinatos. Un funcionario de tan alto cargo internacional debe saber que los derechos de los pueblos indígenas están reconocidos en instrumentos internacionales que forman parte del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas[1]. Son de cumplimiento obligatorio por los Estados, como lo son las recomendaciones de la CIDH para los países que integran la OEA, en virtud del Pacto de San José de Costa Rica.
 
¿Coincide el señor Insulza con el presidente saliente del Perú Alan García en que los hombres y mujeres de los pueblos indígenas no somos “ciudadanos de primera categoría”? Sus declaraciones son gravísimas en boca de quien, como Secretario General de la OEA, tiene el deber precisamente de vigilar el cumplimiento de los tratados internacionales por los Estados que integran el organismo panamericano.
 
La hidroeléctrica Belo Monte sería mayor que el Canal de Panamá, inundando por lo menos 400.000 hectáreas de selva, expulsando 40.000 indígenas y población local y destruyendo un hábitat precioso de innumerable especies, todo esto para generar lo que podría ser fácilmente obtenido con mayor eficiencia energética.
 
En cuanto a la Central Hidroeléctrica de Inambari, sus impactos hubieran alcanzado a tres regiones del sur del Perú: Cusco, Puno y Madre Dios. Esta central hidroeléctrica formaba parte de los megaproyectos de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), en los que Brasil tiene enormes inversiones que lo están posicionando como el subimperialismo en Sudamérica.
 
El 14 de junio, el gobierno peruano publicó en el Diario Oficial El Peruano la Resolución Ministerial 265-2011-MEM/DM que dispone la cancelación definitiva del proyecto de la Central Hidroeléctrica de Inambari, tras la reunión con los dirigentes y autoridades municipales de la provincia puneña de Carabaya, que habían llegado la víspera a Juliaca, ciudad puneña fronteriza con Bolivia, en marcha de sacrificio de cerca de cuatro mil pobladores.
 
Al término de la reunión, el Viceministro de Energía Luis González Talledo anunció la publicación de la norma y aseguró que las concesiones sólo se realizarán con el aval de la población en las consultas previas: "No se dará ninguna concesión temporal ni definitiva mientras no exista la Consulta Previa de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, declaró.
 
¿Por qué las centrales hidroeléctricas generan tantos conflictos? En este texto mostraremos sus impactos reales sobre los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de la Madre Tierra, que son sistemáticamente vulnerados en nombre de un “desarrollo” depredador que además nunca nos alcanza.
 
Expansión de las represas hidroeléctricas
 
Una central hidroeléctrica es un conjunto de obras destinadas a convertir la energía cinética y potencial del agua en energía utilizable, como es la electricidad. Esta transformación se realiza a través de la presión que el agua ejerce sobre una turbina hidráulica, la que da movimiento rotatorio a un generador eléctrico.
 
La construcción de estas centrales se justifica, como siempre, en el paradigma del “desarrollo”, concebido como la multiplicación de obras de infraestructura que, en la práctica, benefician a los ya privilegiados y empobrecen más a los excluidos. Es decir, agrandan las brechas de inequidad entre los cada vez más ricos y los cada vez más pobres.
 
Aunque la construcción de represas se remonta a por lo menos hace cinco mil años[2], es en el siglo XX, con la gran demanda de electricidad, que éstas se multiplican con el objetivo ya no de garantizar reservas de agua para la agricultura y el consumo humano, sino de satisfacer la demanda de energía eléctrica de las industrias.
 
En 1949, debido al crecimiento económico posterior a la II Guerra Mundial, se habían construido cinco mil represas hidroeléctricas. De ese número, las tres cuartas partes se ubicaban en los países industrializados. Hoy hay más de 45 mil, casi la mitad de los ríos del mundo tiene una represa, la tercera parte de todos los países depende de la energía hidráulica, las grandes represas generan el 19% de la electricidad mundial y de todas las existentes, dos tercios están en los países pobres.
 
La energía hidráulica es fuente del 90% de electricidad en 24 países. Ocupan los primeros lugares de esta dependencia: Noruega con el 99%, Zaire con el 97% y Brasil con el 96%. Y la construcción de centrales hidroeléctricas se concentra hoy en los países de Latinoamérica y el Sudeste Asiático.
 
Graves impactos
 
Los impactos de las represas hidroeléctricas son múltiples. Uno de los más graves es que su construcción ha provocado el desplazamiento forzado de entre cuarenta y ochenta millones de personas en todo el mundo. Estas obras, además, fragmentan y transforman los ríos del mundo, destruyen los ecosistemas y reducen dramáticamente los recursos pesqueros.
 
Otro de los impactos es que multiplican el endeudamiento de los países pobres y la distribución de sus costos y beneficios es totalmente inequitativa.
 
Sus impactos en el medio ambiente producidos por movimientos del suelo y su interferencia directa en el ciclo del agua, principalmente, van desde la contaminación acústica, el aumento de material particulado en el aire, la inundación de tierras aptas para la agricultura y el pastoreo y de bosques naturales, hasta el desequilibrio total de los ecosistemas. Todo ello es lo que causa el desplazamiento masivo de pueblos indígenas cuyo modo de vida se sustenta precisamente en la relación armónica con la naturaleza.
 
La edificación de grandes represas, en suma, interfiere de manera directa en el ciclo del agua y causa graves impactos territoriales. Esto se traduce en impactos directos para el modo de vida de los pueblos indígenas, cuya cosmovisión del territorio como un todo integral (suelo, agua, cielo y subsuelo) lo define como el espacio donde desarrollan sus actividades productivas, su economía, su organización política, su cultura. Su pasado, presente y futuro. Su identidad.
 
La construcción de las grandes represas está también relacionada con la privatización del agua, porque generalmente es encargada, tanto la propia construcción como su administración, a empresas multinacionales.
 
Desigualdad
 
Como siempre, las reglas son distintas para los países de origen de esas empresas y para los países pobres. En algunos países del norte no se construyen más represas hidroeléctricas e incluso han empezado a desmantelarlas. Estados Unidos detuvo el funcionamiento de 63 de ellas en el año 2002. En cambio, en los países del Sur se programan más cada año, porque representan un enorme negocio para las grandes empresas y sus socios locales.
 
Durante años se ha presentado a las represas como sinónimo de desarrollo. Pero la mayoría de los usuarios de las hidroeléctricas vive lejos de las áreas impactadas. Y estas obras son construidas en territorios indígenas o de comunidades pobres, con escasa posibilidad de ser escuchados por las comunidades nacionales.
 
El Banco Mundial ha establecido una serie de criterios para definir si un proyecto es negativo: desplazamiento de poblaciones, conflictos por la incursión de nuevos habitantes, pérdida de propiedad cultural, de infraestructura y de tierras agrícolas, reemplazo de los usos indispensables del agua. Las represas causan todos estos impactos, pero el Banco Mundial sigue financiándolas[3].
 
Es sabido ya que el impacto más grave es el desplazamiento de ochenta millones de personas, a las que se suman las millones de personas que viven río abajo de las represas y han perdido sus medios de subsistencia.
 
Solo en Filipinas, el promedio de personas afectadas por la construcción de represas es de siete millones. En la India, el 50 por ciento de las personas reasentadas eran comunidades indígenas.
 
Calentamiento global
 
 Se ha comprobado que la energía hidroeléctrica contribuye a la destrucción del medio ambiente y al calentamiento global, sobre todo en las zonas tropicales. Por medio de procesos de crecimiento y descomposición, los suelos, los bosques y los humedales consumen y emiten altas cantidades de dióxido de carbono y de metano.
 
Las represas afectan también la salud, por la alteración de la calidad del agua. En Camboya, una represa construida sobre las cataratas del Yali ocasionó la muerte de 952 personas en cuatro años, debido a esta alteración de la calidad del agua. También se perdieron miles de cabezas de ganado que bebieron agua del río.
 
En síntesis, se ha comprobado que la descomposición de materia orgánica en los embalses creados por las represas genera emisiones significativas de gases de efecto invernadero (metano, óxido nitroso y CO2). Las emisiones de metano derivadas de las represas representan por lo menos un 4% del impacto de las actividades humanas en el calentamiento global y constituyen la mayor fuente de metano de origen antropogénico.
 
Además, la construcción de represas genera una represión violenta de las protestas sociales. También otros impactos en la salud, como problemas respiratorios y oculares debido al polvo producido durante su construcción. Y contaminación de recursos hídricos, con agotamiento de poblaciones locales de peces y sus impactos en los medios de vida y alimentación de los pueblos.
 
 
 

[1] Principalmente el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

[2] Las primeras evidencias arqueológicas de represas datan del año 3000 AC en Mesopotamia, Jordania y Egipto.

[3] La cartera de inversiones del BM en grandes represas y combustibles fósiles representa cerca de dos tercios de sus inversiones totales en energía.