La Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, CONACAMI PERU, expresó su preocupación por la decisión de ordenar la detención de los dirigentes aymaras de Puno, que lideran la huelga que acatan desde hace un mes en rechazo a la entrega de concesiones mineras en esa parte del país.
 
Este mandato de detención se dictó en momentos en los que esperan una respuesta al pedido presentado al Ejecutivo con miras a retomar el dialogo con el gobierno para encontrar una solución a sus demandas. Incluso señalaron que ya fueron designados los representantes que viajarían a Lima para ese fin.
 
Como lo señalamos hace una semana estas acciones que buscan perseguir a los líderes sociales y dirigentes comunales, tienen como objetivo amedrentar a quienes pacíficamente vienen acatando el paro desde hace varias semanas atrás, sin que el gobierno haya dado muestras claras de dar una atención integral a sus reclamos.
 
Contingente policial resguarda vía Desaguadero – Puno
 
Mientras tanto, un contingente policial resguarda la carretera  Desaguadero – Puno, apoyado por miembros del Ejército. Hay gran cantidad de vehículos de la  policial y un helicóptero sobrevuela la zona constantemente.
 
Pese a ello, se vienen realizando algunas manifestaciones pacíficas en varias zonas de Desaguadero, localidad en la que las actividades se encuentran suspendidas.
 
Según manifestaron los dirigentes, el fin de semana se estarían realizando reuniones con las organizaciones de las otras provincias puneñas, para determinar si se suman o no a la protesta que podría radicalizarse desde la  siguiente semana.
 
Magdiel Carrion, presidente de CONACAMI señaló que estas actuaciones por parte del gobierno no son sino una muestra más de su ineficaz gestión, falta  de comunicación, falta de decisión política para solucionar los problemas y conflictos sociales que se registran en diferentes regiones del país.
 
Queda claro que todo esto es consecuencia de la falta de respeto al derecho que tienen los pueblos a decidir su forma de desarrollo y la no aplicación de procesos de consulta que permitan obtener el consentimiento de las comunidades.