Rechazamos el Mecanismo de Reducciones de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques, mas conocido con el nombre de REDD y sus versiones REDD+ y REDD++, porque promueve la mercantilización de los bosques y afecta a los Derechos de los Pueblos Indígenas.
 
Los bosques se encuentran continuamente amenazados por diferentes razones, incluyendo los procesos de deforestación y degradación, que son el resultado de un proceso histórico de explotación colonial, de expansión del sistema capitalista y el sobre-consumo de los países desarrollados, que a lo largo de los últimos años han impulsado el desarrollo de las cadenas productivas sin límites, el avance de la frontera agrícola industrial y ganadería intensiva, además de patrones de degradación consumista, del modelo extractivista a través de la minería, la industria maderera, los agro-negocios y agrocombustibles, las mega-represas e hidroeléctricas, exploración y explotación de hidrocarburos, construcción de infra-estructura, etc. Los bosques forman parte de las funciones y procesos de la vida del planeta, de ahí su importancia en los procesos de regulación del clima y su vulnerabilidad a los cambios del clima. Los bosques son centros de vida porque son espacios habitados por un conjunto de seres animales, vegetales y humanos entre los que destacan los pueblos indígenas.
 
Los bosques son una parte esencial de la Naturaleza, por lo tanto para garantizar la armonía entre la humanidad y la Naturaleza se debe reconocer y defender los derechos de la Madre Tierra, que comprende los bosques, la selva y todos sus componentes. No sólo los seres humanos tenemos derecho a la vida y a reproducirnos, sino también la naturaleza tiene derecho a la vida y a regenerarse, puesto que sin la Madre Tierra los seres humanos no podemos vivir.
 
Los bosques contribuyen a la vida y una de sus principales funciones es participar en el ciclo del agua y regular las cuencas hidrográficas, además de jugar un papel fundamental en la protección ante otros eventos relacionados con agua como inundaciones, erosiones, y desastres naturales, de ahí la importancia de este componente de la Madre Tierra para garantizar el derecho de nuestros pueblos al agua. Para realizar un manejo integral y sustentable de los bosques es preciso desarrollar y proteger estas funciones ecosistémicas de manera exhaustiva y holística.
 
Consideramos que es necesario preservar los bosques y garantizar los derechos de los pueblos indígenas, pero ello no puede darse a través de un mecanismo que busca ponerle precio al servicio ambiental que prestan los bosques, y luego emitir certificados de reducción de emisiones para venderlos en un mercado de carbono del cual se beneficiarán sobre todo las empresas transnacionales de los países desarrollados del norte. 
 
Los países desarrollados y las empresas industrializadas del norte incumplirán sus compromisos de reducción de emisiones a través de la compra de estos certificados de reducción de emisiones de nuestros bosques, pues lo único que tendrán que hacer será mostrar que han adquirido uno de esos certificados para así justificar que no redujeron sus emisiones de gases de efecto invernadero dentro sus territorios.
 
Exigimos una retribución económica a los países que preservan los bosques y a los pueblos indígenas, pero esta retribución económica no debe basarse o provenir de mecanismos de mercado sino que tiene que establecerse a través de un mecanismo de impuesto a las transacciones financieras que permita generar fondos sin ninguna clase de condicionalidades. 
 
Esta visión de mercantilizar la naturaleza va precisamente a contra corriente de la visión de los pueblos indígenas que siempre hemos sido los más respetuosos, los promotores de una vida en armonía con la naturaleza, de considerar a la naturaleza no como un objeto, no como una cosa sino como nuestro hogar, como un sistema, como la comunidad en la cual todos vivimos y de la cual todos dependemos. 
 
Las áreas forestales controladas por las comunidades locales, incluyendo los pueblos indígenas, que viven en y dependen de ellas, son menos susceptibles a la deforestación y la degradación; por lo tanto, las medidas que impulsen el manejo integral y sustentable de los bosques deben plenamente reconocer, respetar y promover los derechos de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales, incluyendo el derecho al consentimiento libre, previo e informado (CLPI) en el diseño y la implementación de las mismas, en pleno cumplimiento de las Convenciones Internacionales relevantes y las leyes nacionales aplicables, entre otras la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), el Convenio 169 de la OIT y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) y otros instrumentos internacionales, al igual que otras leyes nacionales, consuetudinarias e internacionales pertinentes.
 
Creemos nosotros que hacia la Conferencia de Río+20, en vez de promover la mercantilización de la naturaleza a través de la llamada economía verde, tenemos que más bien avanzar por el camino de reconocer los derechos de la naturaleza, porque la naturaleza también tiene derecho a existir, tiene derecho a reproducirse y tiene derecho a una vida saludable.