Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI
Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina
 
 
Amnistía Internacional presentó su Informe Anual 2010 sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, en el que dedica un capítulo a los pueblos indígenas del Abya Yala (América), donde denuncia el impacto de las industrias extractivas y megaproyectos de infraestructura sobre los derechos de nuestros pueblos originarios y la criminalización de sus líderes y organizaciones. Reproducimos aquí esa parte del Informe y la referida a los conflictos.
 
En los últimos años, los pueblos indígenas de América se han hecho oír y se han organizado de forma creciente en defensa de sus derechos. Sin embargo, el legado de abusos generalizados contra sus derechos humanos y la falta de rendición de cuentas de los perpetradores contribuyeron a perpetuar la discriminación y la pobreza inveteradas en comunidades indígenas de toda la región.
 
La expansión de las industrias agrícolas y extractivas y la introducción de enormes proyectos de desarrollo, como embalses y carreteras, en tierras tradicionales indígenas, representaron una amenaza significativa y creciente para los pueblos indígenas. En Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú, los indígenas considerados un obstáculo para los intereses comerciales fueron objeto de amenazas, acoso, desalojos forzosos, desplazamientos y homicidios a medida que el afán de explotación de los recursos se intensificaba en las zonas que habitaban.
 
Aunque varios Estados americanos habían votado en 2007 a favor de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, al finalizar 2010 ninguno había promulgado leyes que garantizaran que los proyectos de desarrollo que atañeran a los pueblos indígenas sólo pudieran llevarse a cabo con el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas.
 
Perú estuvo a punto de contar con una legislación histórica al aprobar el Congreso en mayo la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, redactada con la participación de los pueblos indígenas. Sin embargo, el presidente (Alan) García se negó a promulgarla. Paraguay siguió sin cumplir sendas resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2005 y 2006 en las que se ordenaba al Estado la devolución de tierras tradicionales a las comunidades yakye axa y sawhoyamaxa. En agosto, la Corte resolvió un tercer caso sobre derechos de los pueblos indígenas y condenó a Paraguay por violar los derechos de la comunidad xákmok kásek. En Brasil, donde el derecho de los pueblos indígenas a sus “tierras ocupadas tradicionalmente” estaba consagrado en la Constitución desde 1988, los guaraníes kaiowá del estado de Mato Grosso do Sul afrontaron numerosos obstáculos y prolongadas demoras para resolver sus reclamaciones de tierras. Mientras estas reclamaciones estaban paralizadas en los tribunales, hombres armados contratados por los agricultores locales los acosaban y atacaban para expulsarlos de las tierras.
 
Conflictos
 
En Colombia, el conflicto armado interno iniciado hacía 45 años siguió afectando gravemente a la población civil, que sufría la peor parte de las hostilidades. Miles de personas fueron víctimas de desplazamiento forzado, homicidio ilegítimo, secuestro o desaparición forzada a manos de la guerrilla, las fuerzas de seguridad y los paramilitares. Las partes en conflicto atacaban a los grupos más marginados: las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, y las comunidades urbanas pobres. Las promesas del presidente recién elegido, Juan Manuel Santos, de dar prioridad a los derechos humanos y a la lucha contra la impunidad suscitaron la esperanza de que su gobierno mostrara la voluntad política necesaria para hacer frente a la larga crisis de derechos humanos del país. Sin embargo, los ataques continuos contra defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas y dirigentes comunitarios, especialmente contra los que trabajaban en cuestiones relacionadas con los derechos a la tierra, pusieron de relieve la magnitud de las dificultades que quedaban por superar.
 
En varios países, sobre todo de la región andina, hubo manifestaciones multitudinarias contra políticas y leyes del gobierno sobre cuestiones tales como el acceso a los recursos naturales, la tierra, la educación y los servicios públicos.
 
Informe completo:
http://amnesty.org/es/annual-report/2011/americas