La Autoridad de Gobierno Indígena de la Organización Nacional Indígena de Colombia, en cumplimiento del Mandato de defensa de los derechos de los pueblos indígenas y la incidencia nacional e internacional conferido en el marco del VII Congreso de los Pueblos Indígenas, expresa su profunda preocupación por los recientes acontecimientos que han rodeado la discusión política sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre las Repúblicas de Colombia y Estados Unidos.

Este Tratado de Libre Comercio se traduce en nuestro país una serie de riesgos y amenazas para los pequeños productores agrícolas y manufactureros, para la pequeña industria, así como para las poblaciones más vulnerables, como los pueblos indígenas,  quienes van a ver comprometida seriamente su seguridad alimentaria y sus relaciones con sus territorios ancestrales, los cuales son escenarios claves en el contexto de la economía de libre cambio y de extracción a gran escala de recursos naturales, lo cual se refuerza y profundiza mediante acuerdos de la naturaleza del TLC.

Durante el proceso de su negociación entre los Gobiernos Nacionales de Colombia y EEUU, nunca ha habido espacios democráticos de deliberación en los cuales los ciudadanos puedan participar y el acuerdo tampoco ha sido sometido a consulta previa con los grupos étnicos, tal como debió haberse hecho, toda vez que esta medida va a tener afectaciones directas en los pueblos indígenas y afros, configurándose el supuesto de hecho para la realización de la consulta, de conformidad con los estándares nacionales (Ley 21/91, sentencia Corte Constitucional) e internacionales (C-169/OIT, Declaración ONU sobre Derechos Pueblos Indígenas).

Ha sido de público conocimiento que a pesar que el Estado colombiano ya ha avanzado en lo que le correspondía para que el TLC sea Ley de la República, en EEUU la situación ha sido diferente, toda vez que ha habido muchos reparos para la ratificación definitiva del Acuerdo en lo relacionado con los derechos laborales y la situación de DDHH de los líderes sindicales en Colombia. No obstante que es

Importante avanzar en la defensa de los derechos laborales y sindicales, desde la ONIC consideramos que la oposición al Acuerdo o los condicionamientos para su ratificación definitiva no deben quedarse únicamente en este aspecto, pues se trata de un instrumento complejo que supone una amenaza cierta  y concreta sobre otros derechos y otros grupos poblaciones. Creemos que el TLC supone riesgos y afectaciones profundas sobre los grupos étnicos, por ejemplo, por lo que centrar el debate únicamente en los temas laborales y sindicales hace pensar erróneamente que no existen más aspectos problemáticos del Tratado.

Los pueblos indígenas vemos al TLC como una amenaza a nuestra pervivencia individual y colectiva, dado que a través de este instrumento se continúa profundizando la concesión de nuestros territorios para los monocultivos extensivos, las economías extractivas y se agudizan las situaciones de inseguridad alimentaria debido a la soberanía que en ese sentido pierde el estado colombiano. Motivo de preocupación también son los aspectos relacionados con conocimientos ancestrales, plantas medicinales y propiedad intelectual, lo cual se ha convertido en objeto de comercio voraz, aún cuando para los pueblos indígenas se trata de asuntos sagrados propios de nuestra espiritualidad.

Los hechos recientes que ha habido en la materia, en particular la intensa gira de incidencia y Lobby del Gobierno colombiano en EEUU y la definición del “plan de acción” o “acuerdo” que han hecho los presidentes Juan Manuel Santos y Barak Obama con el ánimo de impulsar la aprobación definitiva del TLC en el Congreso estadunidense, suponen nuevamente una preocupación para el movimiento indígena, dado que en esos acuerdos o rutas de entendimiento se reducen a compromisos formales únicamente en materia laboral y sindical sin abordar problemáticas estructurales como la situación general de DDHH en Colombia y de los pueblos indígenas en particular.

Hacemos un llamado solidario para que las organizaciones de la sociedad civil estadounidense, los gremios, los sindicatos, los congresistas amigos, etc., continúen en su plausible esfuerzo de realizar oposición informada y propositiva a este acuerdo comercial, el cual representa una amenaza para la vigencia de los derechos de las poblaciones más vulnerables, entre ellas los pueblos indígenas. Así mismo, que esa tarea la enriquezcan, alimentando el debate con aspectos adicionales a los derechos laborales y sindicales, volcando su mirada por ejemplo la situación de DDHH de los grupos étnicos.

Bogotá D.C 11 de abril de 2011

CONSEJO MAYOR DE GOBIERNO
Autoridad Nacional de Gobierno Indígena