Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI
Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina
 

Entre los acusados por protestar contra la imposición de la minería hay un anciano de 78 años.
 
Sobre 18 defensores de la Madre Tierra y de los derechos de sus comunidades pesa la amenaza de treinta años de cárcel. Marco Leopoldo de la Cruz Espejo, Fiscal Superior de la Primera Fiscalía Superior de Ancash (Perú) ha solicitado esta pena privativa de la libertad contra los indígenas, entre ellos Vicente Castromonte Sánchez, de 78 años, natural y residente del centro poblado menor de Quenuayoc.
 
Los acusados deben comparecer ante la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de esa región, presidida por Carlos Rodríguez Ramírez, el martes 19 de este mes. Los delitos de los que se les acusa van desde obstrucción de los servicios públicos hasta secuestro. Todo por participar hace cuatro años en una movilización  contra la imposición minera en sus territorios, específicamente en el cerro Condorhuain, lugar sagrado donde nacen las aguas que abastecen a las comunidades de la zona para su consumo y sus actividades agrícolas.
 
El proyecto minero a cargo de la empresa minera Barrick Misquichilca SA afecta directamente a la comunidad campesina Santiago Antúnez de Mayolo y los centros poblados de Acomarca, Ucru, Pacchac, Quenuayoc, Cruzpampa, Atipayán, Picup y Cochac.
 
La criminalización del ejercicio de los derechos indígenas en el Perú se impone junto con el modelo neoliberal, a través de normas inconstitucionales que vulneran los derechos de los pueblos indígenas reconocidos por tratados internacionales.
 
Se trata de un paquete de decretos legislativos emitidos en julio del 2007 por el presidente Alan García Pérez, los cuales crean nuevas figuras delictivas para actos reivindicativos como movilizaciones y protestas sociales, aumentan desproporcionadamente las penas por estos “delitos”, militarizan diversas zonas del país y buscan la impunidad para policías y militares que provocan lesiones o muerte entre los manifestantes.
 
En este caso concreto, a los acusados se les está vulnerando los derechos constitucionales a la igualdad ante la ley, a reunirse pacíficamente, a participar en forma individual o asociada en la vida política, económica y cultural de la nación, y a su identidad étnica y cultural.
 
La CAOI reitera su llamado a las organizaciones indígenas y del movimiento social en su conjunto y a los organismos de derechos humanos, a defender la libertad de los defensores de la Madre Tierra y exigir el fin de la criminalización de la protesta social.